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4 EDITORIALES PRESIDENTA- EDITORA: MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO DE 2017 abc. es opinion ABC POCO CASTIGO POR TANTO DAÑO A ESPAÑA CATALINA LUCA DE TENA Director Bieito Rubido Ramonde Subdirectores Montserrat Lluis Serret José Ramón Alonso Yolanda Gómez Adolfo Garrido Adjuntos al Director Ramón Pérez- Maura Mayte Alcaraz ABC. es Laura Pintos ABC Cultural Alfonso Armada Áreas Sergio Guijarro (Ediciones) Jaime González (Opinión) Juan Fernández- Miranda (España) Alberto Sotillo (Internacional) María Jesús Pérez (Economía) Miguel Oliver (Madrid) Nuria Ramírez (Sociedad) Jesús G. Calero (Cultura y Espect. Fernando Rojo (Deportes) Sebastián Basco (Cierre) Isaac Blasco (Fin de Semana) Jesús Aycart (Diseño e Infografía) Matías Nieto König (Fotografía) Alexis Rodríguez (Suplementos) Laura Revuelta (ABC Cultural) Fernando Pérez (Empresa) Isabel Gutiérrez (Gentestilo) Julián de Velasco (Infografía) Laura Peraita (Familia) Archivo Federico Ayala Delegaciones Antonio González (C. -La Mancha) José Luis Martín (Castilla y León) José Luis Jiménez (Galicia) Alex Gubern (Cataluña) Alberto Caparrós (C. Valenciana) En el caso de Artur Mas, la inhabilitación para un cargo público sería una pena grave, pero cabe plantearse si es proporcional al daño que han causado sus conductas P ENDIENTE de sentencia el juicio a Artur Mas y a dos de sus consejeras por la preparación de la consulta del 9- N, queda patente la insuficiencia de unas posibles condenas a mera inhabilitación por delitos tan graves como la prevaricación y la desobediencia. El Derecho Penal solo protege, es cierto, los bienes jurídicos más importantes de una sociedad, algo que se ve cuestionado por la extensión de las reformas penales a ámbitos cada más amplios de la actividad pública y privada. Sin embargo, mientras el Derecho Penal aumenta de tamaño no sucede lo mismo con su eficacia. En el caso de Artur Mas, la inhabilitación para un cargo público sería, sin duda, una pena grave, pero cabe plantearse si es proporcional al daño que han causado las conductas atribuidas al expresidente de la Generalitat. Esos daños no se limitan únicamente al deber de todo funcionario de dictar resoluciones justas o acatar las sentencias de los tribunales. El proceso separatista en Cataluña ha dividido a la sociedad catalana, ha sembrado la discordia con el resto de España, ha empujado a los catalanes a vivir en un ambiente de ilegalidad y está agrediendo continuamente las bases del orden consti- tucional español. Poca cosa parece la inhabilitación para responder por estos perjuicios. El Gobierno de Aznar tomó la medida de este nacionalismo cuando incluyó en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum con una pena de prisión de tres a cinco años de cárcel. Su derogación inmediata fue el precio que Rodríguez Zapatero pagó, entre otros muchos, a los nacionalismos para firmar el Pacto del Tinell, aquel acuerdo antidemocrático contra el PP. Y el Gobierno de Rajoy no ha tenido la valentía de recuperarlo para reforzar al Estado frente a la estrategia sediciosa del Gobierno catalán. Fruto de ese ambiente de impunidad es la presión coactiva contra jueces y fiscales en Cataluña, denunciada ayer por la fiscal jefe, Ana Magaldi, insultada después del juicio a Mas con gritos de mierda y fascista La condición primera para que un Estado exista y sea respetado es que haga cumplir la ley en todo su territorio. Con la anulación de las últimas resoluciones separatistas del Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional ha remitido al fiscal la conducta de su presidenta, Carme Forcadell, para que valore si inicia una causa penal contra ella y contra quienes tramitaron esas resoluciones. La decisión del TC es la correcta, pero luego los tiempos de respuesta se dilatan tanto que la justicia penal llega tarde y sin capacidad de disuasión. La prudencia del Gobierno es compatible con la toma de decisiones que empiecen a cambiar de manera efectiva el curso de los acontecimientos. Decisiones que hagan pagar el daño que está sufriendo España. INTOLERABLE CHANTAJE DE LOS ESTIBADORES Directora General Ana Delgado Galán Gerente Javier Caballero Control de Gestión José Antonio Ansede Recursos Humanos Raquel Herrera Marketing José María de la Guía Distribución Maite Corral Negocio Abc. es Beatriz Lizarraga Comercial Gemma Pérez E ÍNDICE La Tercera 3 Editoriales 4 Enfoque 5 Opinión 12 Cartas 14 España 16 Internacional 28 Economía 34 Sociedad 42 Familia 46 Cultura 50 Deportes 54 Agenda 60 Cartelera 63 Madrid 68 El Tiempo 74 Gentestilo 75 Parrilla TV 79 L gremio de los estibadores amenaza con paralizar los puertos y prolongar las ilegales huelgas encubiertas que han desarrollado a lo largo de los últimos días con el fin de frenar la ineludible liberalización del sector que exigió el Tribunal de Justicia de la UE en 2014 y evitar así la pérdida de sus actuales privilegios y prebendas. Ante la fallida reunión que mantuvieron ayer con el Ministerio de Fomento para alcanzar un acuerdo, los sindicatos mantienen los paros parciales convocados para la próxima semana y, de hecho, no descartan nuevas movilizaciones, cuyo coste para la economía española puede llegar a rondar los 50 millones de euros al día, según los operadores portuarios. Lo más grave, sin embargo, es que ya están empleando su posición monopolística para coaccionar a las empresas y al conjunto del sector logístico mediante huelgas selectivas, amenazas y deleznables actos vandálicos que, ade- más de constituir un chantaje intolerable y jurídicamente punible, están provocando cuantiosas pérdidas a las empresas. Una cosa es ejercer el legítimo derecho a la huelga respetando los servicios mínimos y los límites que estipula la ley, y otra muy distinta, amenazar o blandir como mecanismo de presión la paralización de la actividad portuaria, de cuyo funcionamiento dependen la mayoría de mercancías que entran y salen del país, lo cual dañaría al conjunto de las empresas y familias españolas. Los estibadores no pueden tomar como rehén a la economía nacional para seguir cobrando sueldos desproporcionados que nada tienen que ver con la realidad del sector europeo ni mantener un arcaico sistema de contratación basado en el enchufismo que impide a las empresas contratar a quien quieran. Ya es hora de que esta anomalía, contraria a la legislación comunitaria y al sentido común, sea corregida. Protagonistas Eloi Badia Edil populista en Barcelona Francisco Granados Exdirigente popular Toni Nadal Entrenador de tenis La frase del día Ana Magaldi Fiscal jefe de Barcelona Editado por Diario ABC, S. L. Juan Ignacio Luca de Tena, 7 28027 Madrid. Me llamaron fascista y mierda vete de Cataluña Ni Endesa ni Gas Natural han concurrido al nuevo contrato de suministro que perpetra el concejal de Energía del equipo de Colau. Las cláusulas leoninas convierten la convocatoria en un disparate administrativo, ajeno a la seguridad jurídica. Populismo con pocas, muy pocas, luces Otro nubarrón en el horizonte penal del exdirigente del PP. El fiscal pide tres años para él por revelación de secretos por aprovecharse del soplo de dos guardias civiles (también imputados) que le avisaron de que su socio Marjaliza estaba siendo vigilado, y poner así a salvo su patrimonio Tras anunciar que esta temporada será la última con Rafa Nadal, explica en páginas de Deportes los motivos de la decisión, centrados en ocuparse más estrechamente de su familia (son quince años dando la vuelta al mundo) y pilotar la Academia abierta por el tenista balear Cómo no será el envalentonamiento y la chulería del sector separatista que la fiscal jefe de Barcelona se vio obligada ayer a dar una rueda de prensa pormenorizando la violencia verbal sufrida a la salida del juicio de Artur Mas, por parte de decenas de sicarios de la cruzada Veinte sujetos volcando su ira furiosa. Ya sabíamos de su catadura moral y su falta de respeto por la ley; ahora también conocemos su cobardía. Publicidad 902 334 556 Suscripciones 901 334 554 Att. al cliente 902 334 555 Precio ABC 1,60 euros Diario ABC, S. L. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. Número 36.938 D. L. I: M- 13- 58 Apartado de Correos 43, Madrid