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20 ESPAÑA TODO IRÁ BIEN VIERNES, 3 DE FEBRERO DE 2017 abc. es espana ABC SALVADOR SOSTRES La mayoría del PP en el Senado permitiría activar el artículo 155 El Gobierno confía en el apoyo del PSOE y C s si llega a suspender la autonomía catalana MARIANO CALLEJA MADRID LA PIEL Y LA BOCA E l diputado Joan Tardà le reprochó a Soraya Sáenz de Santamaría unas declaraciones de Pablo Casado y la vicepresidenta le respondió que Esquerra tiene la piel más fina que la boca. La frase gustó por su brillo pero lo que realmente importa es que ésta va a ser en esencia la contestación del Gobierno al separatismo. A cada desafío una respuesta exacta, proporcional, de un sentido común que caiga por su propio peso y sin bajar al circo que precisamente se quiere combatir. El coro de las histéricas clama cada día por los tanques entrando por la Diagonal y por la suspensión de la autonomía. Es lo mismo que esperan los independentistas para poder hacer el victimismo internacional del reprimido, en un mundo en que la demagogia puede convertir la verdad y la mentira en cualquier cosa. Ni el Gobierno puede rebajar al Estado al número de los elefantes ni el presidente Rajoy puede formar dúo cómico con Puigdemont. El Gobierno tiene que hacer cumplir la Ley del modo más seguro, discreto y eficaz para todos; y aunque el resto de España esté harta de Cataluña, el presidente Rajoy no puede incendiar el escenario para quedarse a gusto sino que, tal como hacemos los padres responsables, tiene que reconducir al hijo díscolo hasta encauzarlo, porque no se trata de destruir al enemigo, sino de devolver a la normalidad institucional a una parte de España que está siendo gobernada por personas que han calculado mal su fuerza y sus posibilidades. De nada sirven las exhibiciones de una fuerza innecesaria, que por otro lado tanto pueden perjudicar a la más justa de las causas en una comunidad internacional tan pueril y mentalmente débil. Con la contención, la prudencia y la audacia se preservan la convivencia y el orden, se juzga a quien tiene que ser juzgado sin regalarle el drama que está buscando y, sobre todo, se gana. Mira el 9- N: Artur Mas ya no es presidente y va a ser inhabilitado, Francesc Homs lo mismo y Convergència ha perdido hasta el nombre, además del grupo parlamentario en el Congreso y cualquier posibilidad de ganar sus elecciones autonómicas, eso si entre tanto detenido le queda alguien para presentar. Y aunque escuchando al coro de las histéricas parece lo contrario, Cataluña sigue formando parte de España. El plan A del Gobierno de Rajoy en Cataluña sigue siendo la operación diálogo que la vicepresidenta ha emprendido para abordar los problemas reales de Cataluña y tratar de superar el desafío independentista. Pero el Ejecutivo tiene un plan B perfectamente estudiado, como publicó ayer ABC, para responder ante cualquier acción de los secesionistas, incluida la convocatoria de un referéndum ilegal. En La Moncloa se ha analizado al detalle la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que en la práctica supondría una suspensión de competencias autonómicas en esta Comunidad, pero que el equipo de Rajoy prefiere definirlo como rescate administrativo Desde el Gobierno se insiste en que la medida será siempre proporcional a las acciones ilegales que puedan tomarse. Si se convoca un referéndum por la independencia, la primera respuesta será jurídica, con un recurso de impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) que, previsiblemente, como ya hizo en 2014 ante el 9 N, prohibirá cualquier consulta sobre la secesión de Cataluña. El choque entre Gobierno y Generalitat se produciría si ésta desobedece al TC y sigue adelante. Rajoy podría aplicar, por primera vez en la democracia, el artículo 155. La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, ante los medios EFE ¿QUÉ DICE EL ART. 155? 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Puntual y parcial La iniciativa de esa suspensión autonómica, que sería puntual y parcial, corresponde al Gobierno. La Constitución permite esta posibilidad siempre que una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España algo que encaja con el intento de secesión. En primer lugar, el Gobierno tendría que enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat para que desistiera de esa actitud contra el interés general de España o contra la ley. Si no es atendido, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Senado para dar el siguiente paso. El PP mantiene esa mayoría en la Cámara Alta (cuenta con 148 de los 266 senadores) luego no tendría ningún problema, aunque buscaría el respaldo del PSOE en una situación como esta, y de otros partidos constitucionalistas, como Ciudadanos. Con ese apoyo de la mayoría absoluta del Senado, el Gobierno podrá Juristas catalanes exigen rigor a la Generalitat Una treintena de juristas catalanes de primer nivel como el ex vicepresidente del TC Eugeni Gay, o el expresidente de la Audiencia de Barcelona Javier Béjar han suscrito un manifiesto en el que piden rigor jurídico a la Generalitat y avisan de que una postura unilateral no tendrá cabida dentro del marco europeo y de que intentar transgredir las leyes será ilícito además de ilegal. No vamos contra nada, vamos a favor del Estado de Derecho subrayan. adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general La Constitución no detalla qué medidas son, pero desde La Moncloa se habla de un rescate administrativo según fuentes próximas al presidente consultadas por ABC. Consistiría en hacerse con funciones decisivas en algunas áreas y consejerías, para mantener la legalidad y evitar que se atente contra los derechos de los ciudadanos, la unidad de España, la soberanía nacional o la igualdad. El Gobierno tiene el plan detallado hasta el último punto, aunque lo guarda bajo llave: es una medida excepcional. No se oculta que se tomarían medidas necesarias para precintar los colegios electorales y evitar una votación ilegal. La intervención en Interior permitiría al Gobierno controlar la policía autonómica.