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ABC MADRID 20-12-2016 página 26
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26 ESPAÑA MARTES, 20 DE DICIEMBRE DE 2016 abc. es espana ABC La Fiscalía solicita que los agresores de Alsasua sigan en la cárcel La juez les comunicará hoy que están procesados por terrorismo LUIS P. ARECHEDERRA MADRID Urkullu exige que liberen a los presos Íñigo Urkullu pidió ayer la puesta en libertad de los cinco arrestados el pasado viernes en Francia por custodiar medio centenar de pistolas de ETA. El lendakari destacó que ya se han producido con anterioridad otras detenciones de gente que no ha tenido relación con la organización armada por lo que, a su juicio, lo primordial es aclarar cuanto antes la situación. A su vez, lamentó que la banda terrorista haya despreciado la propuesta de desarme del Gobierno vasco, que, pese a todo, sigue encima de la mesa La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que ninguna novedad justifica que los siete encarcelados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) salgan ahora de la cárcel, una medida preventiva que busca evitar que entorpezcan la investigación. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal tres jueces encargados de resolver los recursos planteados contra las decisiones de la jueza instructora del caso, Carmen Lamela debe resolver si les mantiene en prisión o si quedan en libertad, como solicitan los abogados de las defensas. En la vista celebrada ayer en la Audiencia Nacional para que las partes expusieran sus argumentos, el fiscal del caso aseguró que la prisión sigue siendo necesaria para evitar que los supuestos agresores se fuguen. Los siete encarcelados están procesados por la paliza que supuestamente dieron a dos guardias civiles y sus parejas en el bar Koxka de la localidad navarra el pasado 15 de octubre, cuando los agentes disfrutaban de una copa tras un día festivo. La magistrada imputa a los siete encarcelados y a dos personas más los delitos de terrorismo, atentado, lesiones y provocación a la discriminación, odio o violencia. EFE Condenado por adoctrinarse a sí mismo La Audiencia Nacional condenó ayer a tres años y medio de cárcel a Ahmed Bouguerba, un ciudadano argelino residente en Bilbao, por adoctrinarse a sí mismo en la causa del yihadismo violento. Bouguerba se convierte así en la segunda persona condenada en España por el delito de autoadoctrinamiento. Riesgo de fuga El Ministerio Público alega que la perspectiva de una elevada pena de prisión les alienta a huir ración indagatoria, consiste en transmitir a los procesados la imputación formal que pesa sobre ellos. Cuando la juez cierre la investigación, se abrirá el plazo para que la Fiscalía y las acusaciones privadas presenten sus peticiones de pena contra ellos. Todos negaron haber participado en ninguna agresión a pesar de que fueron identificados por los agentes y sus parejas. En el auto de procesamiento la magistrada concluyó que los nueve investigados insultaron y golpearon a los agentes única y exclusivamente por ser guardias civiles. La juez aprecia que el ataque fue un acto terrorista porque los agresores buscaron atemorizar a colectivos que no comparten sus ideas, generando una grave alteración para la paz pública La magistrada y el fiscal enmarcan el ataque en la campaña hostil que grupos abertzales mantienen contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra, una actividad que en Alsasua practica el movimiento Ospa Mugimendua, al que están vinculados varios agresores. CASO ISABEL CARRASCO El TSJ de Castilla y León ordena el ingreso de Gago en prisión ROSA ÁLVAREZ LEÓN Declaración indagatoria Después de escuchar la tesis de los abogados de los procesados todos vinculados a un movimiento abertzale el fiscal argumentó que su juventud es un motivo más que puede alentar su fuga: el arraigo que les ata a España es menor al no tener hijos ni trabajo, informaron fuentes jurídicas presentes en las vistas, que se extendieron durante más de tres horas. El Ministerio Público alega que la perspectiva de una elevada pena de prisión podría alcanzar los 10 o 15 años puede instarles a eludir a la justicia. Seis de ellos ingresaron en prisión el pasado 14 de noviembre, después de comparecer ante la juez, quien hoy les comunicará por vídeoconferencia su situación de procesamiento. Este trámite, conocido como decla- Raquel Gago continúa sin entrar a prisión pese a la orden decretada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La Audiencia Provincial de León puso el pasado viernes la pelota sobre en su tejado por su incompetencia funcional para decidir sobre el inmediato ingreso en la cárcel y el tribunal de Burgos no solo aceptó el encargo, sino que evitó más dilación y parecía zanjar el asunto al decretar que la condenada por el Supremo a 14 años de cárcel doce como cómplice del asesinato de Isabel Carrasco y dos más por tenencia ilícita de armas- -debía regresar a prisión y, además, debía hacerlo sin más demora. Sin embargo, el abogado de la expolicía local, Fermín Guerrero, remitía por la tarde un escrito a la Audiencia Provincial de León en la que exigía diez días más de plazo para que Gago entrara en prisión al denunciar la vulneración de los más elementales derechos constitucionales por la orden de detención inmediata para su ingreso en prisión dictada por el TSJ de Castilla y León. En principio, la intención de la condenada es esperar a que la Audiencia se pronuncie antes de 72 horas de plazo. Si no obtiene respuesta, entonces sí inicialmente ingresaría en la cárcel de Villahierro, en León. Además, en el escrito remitido por su abogado recuerda la intención de pedir el indulto inmediato al Gobierno y, en consecuencia, solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia hasta la tramitación del mismo. La decisión del TSJ se comunicó a mediodía de ayer tanto a la Policía como al centro leonés, en el que Gago había pasado ocho meses y medio por este caso de forma previa y del que había salido el 29 de enero de 2015 en libertad provisional bajo fianza. Gago se encontraba en Madrid en el momento en el que se dio a conocer la resolución del TSJCyL. Gago podrá solicitar un traslado a otro centro más adelante, pero de entrada estará en el mismo centro penitenciario en el que estuvieron recluidas de forma inicial, Montserrat González y Triana Martínez, condenadas a 22 y 20 años respectivamente.

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