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34 INTERNACIONAL MIÉRCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 abc. es internacional ABC Álvaro Uribe rechaza el nuevo acuerdo de paz en Colombia El Gobierno quiere que el Congreso refrende el texto, que se firma el jueves, sin un plebiscito MANUEL TRILLO La segunda versión del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las FARC para acabar con más de 50 años de violencia armada no ha logrado superar la división que generó la primera. Este nuevo texto sigue sin convencer a los principales partidarios del no en el plebiscito celebrado el pasado 2 de octubre, en el que una mayoría de los colombianos rechazaron el documento que firmaron unos días antes en Cartagena de Indias, ante decenas de dignatarios internacionales, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el líder guerrillero, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko El expresidente Álvaro Uribe, como unas horas antes hizo el también antiguo mandatario Andrés Pastrana, ha hecho oficial su firme oposición al nuevo texto por considerar que se trata de un mero retoque del original. El nuevo acuerdo será firmado por el Gobierno colombiano y las FARC mañana, en un acto que se celebrará en el Teatro Colón de Bogotá. Uribe y Pastrana, que encabezaron el frente del no en la campaña para la consulta popular, hicieron llegar al Gobierno sus propuestas para que se pudieran integrar en el acuerdo, pero, a pesar de que los negociadores sostienen que se ha incorporado el 80 de sus aportaciones, ambos consideran que no se ha modificado en aspectos fundamentales. En el caso de Álvaro Uribe, echa en falta cambios relativos a las normas de impunidad y los órganos de justicia que se ocuparán del proceso; la no elegibilidad mientras se cumplen penas; la eliminación del narcotráfico como delito conexo al delito político; que el acuerdo no entre a formar parte de la Constitución, una solución humanitaria a los familiares de los secuestrados El expresidente Álvaro Uribe y la liberación de los niños; garantizar los derechos de la mujer sin confusiones derivadas del enfoque de género, y atender las preocupaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que requieren la más próxima libertad y el derecho de buscar la restitución de la honra según un comunicado que leyó rodeado de otros partidarios del no y de víctimas de la violencia guerrillera. Sin embargo, Uribe asegura que el Gobierno ha dicho que estos temas no son revisables y que solo propone un Acuerdo de Implementación en el Congreso sin permitir modificaciones en aspectos que él considera fundamentales para el presente y futuro de la democracia colombiana. Eso supondría que el nuevo texto no se sometería a otro plebiscito, como con el primero. Precisamente, el lunes llegó a Bogotá Timochenko para ultimar con el Gobierno los últimos detalles para la refrendación. Uribe, en cambio, exige que el pueblo colombiano se pronuncie, bien sobre la totalidad del acuerdo o bien acerca de los puntos de discrepancia. ABC Los pasaportes de los sobrinos El Gobierno dice que los pasaportes diplomáticos de los sobrinos de Maduro (en la imagen) que publica Capriles en su Twitter, son falsos ABC Apenas un retoque Además, insiste en que se llegue a un gran acuerdo nacional que incluya a los partidos políticos, la Justicia, el vicepresidente de la República, la reserva activa de las Fuerzas Armadas, y los diversos sectores sociales y religiosos. Aunque reconoce que ha habido avances en ciertos puntos y algunos en los que podría haber ajustes en el Congreso, si no se incluyen las cuestiones que apunta, el nuevo pacto es apenas un retoque del acuerdo rechazado por los ciudadanos El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, negó que se hubiera ofrecido a los partidarios del no la posibilidad de revisar el acuerdo con las FARC antes de darlo por cerrado. Según De la Calle, Santos le había encargado iniciar un proceso de diálogo con críticos con el documento para escuchar sus inquietudes y recibir sus propuestas de cambios y ajustes para lograr un mejor acuerdo de paz con las FARC pero sin que el Gobierno se comprometiera a modificar el texto una vez cerradas todas las negociaciones con los guerrilleros. EFE Reclaman investigar los vínculos chavistas con el narcotráfico La Asamblea debate si hubo complicidad con los sobrinos de Maduro condenados LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL EN CARACAS La Asamblea Nacional de Venezuela pidió ayer crear una comisión que estudie las implicaciones de la reciente condena en EE. UU. por narcotráfico de dos sobrinos del presidente Maduro, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores De Freitas. Un caso que la oposición quiere que se investigue a fondo por si hubiera algún tipo de participación o implicación del chavismo en el actividades de narcotráfico. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Jesús, Chúo Torrealba, señaló que el caso de los sobrinos de la primera dama debe investigarse por los posibles vínculos de las actividades delictivas de los sobrinos de Maduro con diversos niveles del Estado Chúo puntualizó que se trata de un asunto delicado con interrogantes que deben ser despejados, al tiempo que subrayó que Campos y Flores tienen nexos consanguíneos y familiares con las más altas cúpu- las del poder Yo no estoy dando por sentado nada advirtió Chúo antes de recordar que, en el curso de sus declaraciones, los condenados hicieron varias afirmaciones que podrían implicar a estructuras y a funcionarios del Estado venezolano Si es así esto tiene que ser investigado, eso tiene que ser establecido, y tiene que ser castigado insistió. Por su parte, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, publicó en su cuenta de Twitter la fotografía de los supuestos pasaportes diplomáticos de los sobrinos de Maduro. Pero el Gobierno se apresuró a asegurar que son documentos falsos. Y la ministra de Exteriores, Delcy Rodríguez, incluso advirtió de que emprenderá acciones legales contra Capriles por falsificación. Capriles, no obstante, insiste en la necesidad de investigar por qué los sobrinos de Maduro tenían pasaportes diplomáticos y utilizaban la pista presidencial del aeropuerto de Caracas para transportar droga a Honduras y otros destinos, tal y como se probó a lo largo del proceso judicial seguido contra Campos y Flores. La oposición mayoritaria en el Parlamento pide asimismo que la investigación se extienda a los funcionarios que hayan sido mencionados por los sobrinos y a las empresas públicas que pudieran estar implicadas en el caso.