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30 ESPAÑA DOMINGO, 9 DE OCTUBRE DE 2016 abc. es espana ABC Procesados por el 9- N A las puertas de una causa penal CARME FORCADELL PRESIDENTA DEL PARLAMENT El TC ha remitido su caso a la Fiscalía, que podría querellarse contra ella por los delitos de desobediencia y prevaricación. ARTUR MAS PRESIDENTE DEL PDECAT IRENE RIGAU DIPUTADA DEL PDECAT JOANA ORTEGA VOCAL DE UNIÓ FRANCESC HOMS DIPUTADO CONVERGÈNCIA ANNA GABRIEL DIPUTADA DE LA CUP El expresidente de la Generalitat no ostenta ningún cargo público tras renunciar a ser diputado. Fiscalía le pide 10 años de inhabilitación por el 9- N. Consejera de Enseñanza cuando la consulta del 9 N, Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para ella. Su condición de diputada mantuvo esta causa en el TSJ catalán. Es vocal del Consejo Nacional de Unió, aunque en la práctica está apartada de la política y se dedica al negocio de la moda. Le piden 9 años de inhabilitación. Diputado de CDC ahora PDECat en el Congreso, el Supremo le investiga por el 9- N. Como a Mas, ya no se le acusa de malversación pública, penada con cárcel. La Fiscalía podría ampliar la querella por el caso Forcadell contra la diputada de la CUP en el Parlament. La factura del desafío independentista Esquerra, indemne en la lucha judicial contra el procés Por ahora, solo cargos de la antigua CDC y la CUP afrontan una posible inhabilitación JANOT GUIL BARCELONA La semana pasada, durante la cuestión de confianza en el Parlament, el presidente Carles Puigdemont anunció que su hoja de ruta secesionista es referéndum o referéndum (con o sin aval del Estado) A renglón seguido, informó de que por parte de su gobierno los encargados de la organización de la consulta ilegal refrendada esta semana en la cámara baja catalana por Junts pel Sí y la CUP serían su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Institucionales y Exteriores, el ex- ICV Raül Romeva. Tras el anuncio del presidente de la Generalitat, más de un dirigente de la antigua Convergència ahora PDECat pensó: Ya es hora de que pringue Esquerra Y es que en este procés que arrancó en 2012, y en su consiguiente reacción del Estado y de los órganos judiciales, la antigua Convergència acapara casi en exclusiva la nómina de mártires de la causa. Y se desangra en votos a cada contienda electoral. Mientras, su gran aliado, Esquerra, con el que conformó Junts pel Sí, se mantiene indemne y solo ha empezado a inquietarse electoralmente en las dos últimas generales, que en Cataluña ga- naron los colauistas de En Comú Podem. Incluso el tercero en discordia, la CUP, también comienza a notar el peso de la ley, aunque la desobediencia a la misma sea su gasolina. Penas de inhabilitación para ejercer cargo público restarían efectivos a los convergentes. Un sacrificio que presentan como una medalla ante el independentismo, pero conscientes de que, si la hoja de ruta se va al traste, les impedirían ejercer funciones relevantes en la Cataluña melancólica que afrontará la resaca del procés Por el caso de la consulta del 9- N irán a juicio el expresidente de la Generalitat, y presidente del PDECat, Artur Mas, la diputada de esta formación Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, ya secundaria en una Unió sin representación ni en el Parlament ni en el Congreso. También por esta causa, pendiente de que el Congreso acepte el suplicatorio del Tribunal Supremo, se procederá contra el diputado convergente Francesc Homs. El Parlament, contra la persecución Durante el debate de política general, el Parlamento catalán asumió el compromiso de defender a todos los cargos electos que estén amenazados o perseguidos judicialmente por la organización de las consulta del 9- N o por cualquier otro acto vinculado con el proceso soberanista. El compromiso fue asumido tras la aprobación, por 83 votos a favor, 52 en contra y ninguna abstención, de una propuesta de resolución presentada conjuntamente por Junts pel Sí (JpS) la CUP y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) de la Audiencia Nacional ha pedido citar como investigado al edil de la CUP en Vich (Barcelona) Joan Coma, al que acusa de un delito de sedición. A él se le une otra compañera de partido, la alcaldesa de Berga (Barcelona) Montse Venturós. Un juzgado la citó a declarar por un delito electoral colgó la estelada en el Consistorio durante el 27- S y ella se niega a acudir. Una desobediencia que puede acarrearle una inhabilitación. Rumbo al tripartito A los de la CUP, las inhabilitaciones les hacen poco daño: su estricto código ético impide que sus diputados cumplan más de una legislatura. Otra cosa será para la antigua Convergència, que al riesgo de inhabilitaciones por desacatar al TC puede sumar, en 2017 y años sucesivos, las secuelas penales derivadas de casos de corrupción como el del Palau de la Música o el del 3 (aquí Esquerra puede presumir de limpia, mal que le pesara al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña) Con el nuevo órdago del referéndum ilegal concretado en un 6 de octubre, mismo día en el que 82 años atrás el president Companys, de ERC, proclamó la república catalana Puigdemont se pone en la diana de las inhabilitaciones. De ahí que busque cooperadores necesarios, como Junqueras. Por soñar, Mas puede soñar que cuando su sentencia por el 9- N fuera firme la del TSJC sería recurrible ante el Supremo Cataluña sería independiente. E igual Puigdemont. No obstante, entre el independentismo cada vez son más las voces que vaticinan un siniestro total para el procés antes de un año. Cuando todo estalle, habrá unas elecciones autonómicas, aunque se las llame constituyentes Si Junqueras y ERC siguen indemnes, siempre les queda virar mirar hacia la izquierda en lugar de la estelada y vender una Cataluña social de izquierdas que reclama el derecho a decidir. De Mas a Forcadell Todos ellos afrontan penas de inhabilitación de diez años pide la Fiscalía para Mas por los delitos de desobediencia y prevaricación. Los mismos de los que la Fiscalía General baraja ahora acusar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir la votación de las conclusiones de la comisión parlamentaria del proceso constituyente. Fue dirigente y concejal de ERC, pero ahora solo es militante. Su inclusión en la candidatura de JpS fue como independiente. Por los méritos adquiridos como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. Asimismo, algunas fuentes apuntan a que Fiscalía, a la que el Tribunal Constitucional ha instado a actuar esta semana por el caso Forcadell, podría ampliar su querella a otros cargos del Parlament. Al presidente del grupo parlamentario de JpS, el convergente Jordi Turull, y a la portavoz del grupo parlamentario de la CUP, Anna Gabriel. Los cuperos ya tienen otros cargos públicos electos de menos calado en los pasillos de la Justicia. La Fiscalía