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22 ESPAÑA SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 2016 abc. es espana ABC La Abogacía del Estado estudia ya la resolución del referéndum El Gobierno advierte a los independentistas de que están abocados a la melancolía M. CALLEJA J. GUIL MADRID BARCELONA La historia se repite. A cada paso de los independentistas, el Gobierno de la Nación actúa para frenarlo en seco en los tribunales. En esta ocasión no ha sido diferente y la Abogacía del Estado ya está estudiando las resoluciones aprobadas el pasado jueves en el Parlamento autonómico catalán, dirigidas a la convocatoria de un referéndum de independencia antes de septiembre de 2017. Cuando la Abogacía analice la mejor manera de proceder ante este hecho, el Gobierno actuará de forma inmediata. Sin ningún aspaviento y con mucha tranquilidad, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a los independentistas de que si se empeñan en repetir los errores que cometió el señor Artur Mas y copiar la hoja de ruta que siguió, el Estado de Derecho seguirá actuando como corresponde Recordó que aquella hoja de ruta de Mas, que convocó un referéndum el 9 de noviembre que acabó anulado por el Constitucional, ha sido deslegitimada reiteradamente por los tribunales, por lo que vaticinó que el resultado será el mismo ante la misma actuación, repetitiva hasta la saciedad El proceso es el mismo, y si vuelven a convocar un referéndum ilegal, la respuesta volverá a ser la misma explicó la número dos del Ejecutivo, quien subrayó que el Estado de Derecho se mantendrá firme en la defensa de los derechos de todos los españoles Sáenz de Santamaría lamentó que los independentistas sigan repitiendo la misma letanía del referéndum cuando en Cataluña hay muchos problemas reales que no se están gestionando y cuando el Estado de Derecho ha dejado muy claro lo que se puede y no se puede Todo esto, auguró, solo tendrá un resultado: Sencillamente abocará a la melancolía a los independentistas y nunca al Estado de Derecho, porque se mantendrá firme en lo que se tiene que defender La vicepresidenta en funciones aprovechó las decisiones del jueves del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para recordar a los dirigentes independentistas que las resoluciones de los tribunales hay que acatarlas y que la ley debe ser igual para todos los ciudadanos. El anuncio de Saénz de Santamaría de que la Abogacía del Estado ya estudia las resoluciones del Parlamento catalán en favor de un referéndum tuvo una rápida y, de nuevo, desafiante respuesta por parte de la Generalitat. La consejera de Presidencia y portavoz del ejecutivo que lidera Carles Puigdemont, Neus Munté, afirmó que el ejecutivo catalán no aceptará amenazas del Gobierno. Además, añadió que no le dan miedo ninguno las artimañanas ni estrategias del Estado para poner límites a la soberanía del Parlament de Cataluña No aceptamos amenazas. Lo que respetamos son los mandatos democráticos del Parlament de Cataluña sentenció Munté. Podemos y la unilateralidad Por otra parte, el líder de En Comú Podem la confluencia catalana de Podemos, ICV y el partido de Ada Colau en el Congreso Xavier Domènech, manifestó ayer su disposición a escuchar la propuesta de un referéndum unilateral de independencia acor- dada en el Parlament con los votos de de Junts pel Sí y la CUP siempre que sea efectivo vinculante y tenga reconocimiento internacional. Y no suponga una repetición del 9- N. De echo, Catalunya Sí que es Pot presentó anteayer en el debate de política general de Cataluña una propuesta de referéndum en este sentido. JpS votó a favor y la CUP que ayer estrenó una web con una cuenta atrás para el referéndum de septiembre se abstuvo. En rueda de prensa, Domènech insistió en que el referéndum debe ser vinculante útil y efectivo lo que implica que tenga una reconocimiento de la comunidad internacional e interpele a una mayoría social de catalanes. De lo contrario, señaló, no sería un espacio de decisión de los Los antitaurinos se movilizan a la espera del Tribunal Constitucional A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la prohibición de toros en Cataluña, unas 200 personas se manifestaron ayer frente a la plaza de La Monumental de Barcelona en contra de las corridas. El acto, bajo el lema Misión abolición estaba organizado por Pacma I. BAUCELLS Referéndum trampa ANÁLISIS PABLO NUEVO A pesar de las advertencias del TC, los políticos separatistas insisten en convocar un referéndum sobre la independencia en otoño de 2017, referéndum que será legal, sostienen, pues en todo caso pasará por el Parlamento de Cataluña. De este modo, al pasar por la Cámara catalana no sería preciso que respetara la legalidad española, pues precisamente se trata de una iniciativa destinada a romper no sólo esa legalidad sino la misma España. Este es un planteamiento tramposo, pues es precisamente la legalidad española vigente la que permite a esos políticos estar en las instituciones y ejercer las competencias que el ordenamiento les atribuye. Constituye un insulto a la inteligencia que, detentando poder público en aplicación de una legalidad que desprecian, quieran usar ese poder sin respetar la legalidad al tiempo que nos tratan de convencer de que es un comportamiento ajustado a Derecho. En todo caso, si la legalidad española no rige en Cataluña, ¿en virtud de qué pueden las instituciones autonómicas conformadas por la Constitución y el Estatuto reclamar a los ciudadanos que cumplan sus resoluciones? Además, el referéndum no sólo vulnera la legalidad formal, sino que constituye un auténtico fraude político. Como muestran las experiencias de Escocia y el Quebec, si los separatistas pierden el referéndum lejos de considerar zanjada la cuestión presionan para celebrar otra consulta; ahora bien, en la hipótesis de conseguir un apoyo mayoritario a la secesión se daría paso a un proceso irreversible. No es preciso ser un experto jurista para apreciar que una propuesta que esconde una doble vara de medir si pierdo, repetimos; si gano, calla para siempre es contraria a cualquier intento de ordenar racionalmente la convivencia. Más aún: un referéndum separatista es esencialmente injusto, pues en realidad enmascara la pretensión de conferir a los electores el derecho