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28 ESPAÑA MIÉRCOLES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016 abc. es espana ABC La juez de los cursos de formación traslada datos al fiscal cuando este pide cerrar el caso Anticorrupción cree que 24 ex altos cargos de la Junta no malversaron fondos ANTONIO R. VEGA SEVILLA Euforia en el Gobierno andaluz El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se mostró ayer sumamente satisfecho por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar el archivo de la pieza política del caso de los cursos de formación. Aprovechó el momento para criticar tanto al PP como a Podemos por querer imputar supuestos delitos a miembros del Gobierno autonómico, que en opinión del portavoz habrían cometido las empresas o particulares que se beneficiaron de las ayudas y no las utilizaron correctamente. Si ha habido fraude, proclamó Vázquez en rueda de prensa, ha sido contra la Administración andaluza. 1l POQbO U vqkj qj vqt UN MT P QMZ ZT Q STPZ ZÛU OZUOb WZ ON SWbU 5 P 9 e bW V P J ZP QNOb TP V P P OZUOb QbOZPp sTP TP V P P VSZ IbU b TUObQ U W VTV UOT RN ZUPObWbP W bQON T wn vUPObUO vUXp kZU TVSQTVZPT S QVbU U Zbp rLP ZU TQVb ZÛU U LLLp SZUPObUOZUXp Pp nQTVT ZÛU LVaZOT S UZUPNWbQp iUZ b P WZVZOb bP DGpGGGp O U ZÛU bW WZ UO G 9 44 p O U ZÛU bW WZ UO U bWN b G 9 4 G Gp La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer formalmente al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla el archivo provisional de las diligencias que tratan de averiguar si 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía prevaricaron y malversaron fondos públicos en la gestión de las subvenciones para cursos de formación en Andalucía. Todo discurre según el guión anunciado el pasado mes de julio, cuando se filtró que tanto el juzgado como el Ministerio Público estaban determinados firmemente a darle carpetazo a este sumario que afecta a tres exconsejeros de Empleo. Precisamente ayer, el mismo día que la Fiscalía pedía el sobreseimiento del caso, la instructora, María Núñez Bolaños, notificó al fiscal y a las partes un escrito dirigido por el Partido Popular al juzgado el pasado 22 de julio en el que le instaba a investigar, con ayuda de la Guardia Civil, un total de 38 empresas o entidades administradas, participadas o vinculadas a cargos anteriores o actuales del PSOE y del Gobierno andaluz o a socios y familiares suyos En vista de que la juez hizo caso omiso a estas diligencias y otras posteriores que también tuvieron la ca- llada por respuesta, los letrados del PP, que ejerce como acusación particular, volvieron a presentarlas en el juzgado el 7 de septiembre. Pero hasta ayer, cuando ya el fiscal había allanado el terreno para sobreseer la causa, la magistrada no facilitó a las partes, mediante una providencia fechada el pasado viernes, este esclarecedor escrito para establecer si hubo una trama política vinculada a estas ayudas. El PP cuantificó en 101,16 millones de euros el dinero público repartido entre estas sociedades, con el detalle de cada ayuda recibida. Más de la mitad de los fondos (52,7 mi- llones) fueron a parar al grupo Prescal, dirigido por el exconsejero y empresario Ángel Ojeda. Los populares anuncian que recurrirán el archivo cuando se produzca. La existencia o no de una red clientelar es la clave en esta investigación. El factor alfa de este escándalo que puso en serios aprietos al Ejecutivo de Susana Díaz, cuando se jugaba su investidura como presidenta de la Junta. Dos días después de las autonómicas del 22 de marzo, la Guardia Civil detuvo a dos delegados y otros 14 excargos del Ejecutivo autonómico. En un escrito de 33 páginas fecha- do el pasado día 20, el fiscal delegado en el caso, Fernando Soto, concluye que la investigación no ha identificado la red clientelar o un plan preconcebido dirigido a favorecer a determinadas personas o entidades vinculadas al PSOE. Ex cargos beneficiados Fernando Soto se arma de argumentos jurídicos para enterrar la teoría sostenida por la juez que abrió estas diligencias en 2014. Mercedes Alaya dejó escrito en sus autos de imputación que desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se impartían ór-