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ABC VIERNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 abc. es espana ESPAÑA 23 En el Grupo Mixto Maroto lamentó que Barberá acabe sentada junto a un senador de Bildu y uno de Compromís también en poner distancia: Rita Barberá ya no forma parte del PP A Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, la solución adoptada por la senadora valenciana dejar el partido, pero mantener el escaño le pareció positiva aunque considera que sería mejor que renunciara a su acta en el Senado. Isabel Bonig, presidenta del PP valenciano, apuntaba que una trayectoria tan brillante como la de la veterana política merecía una salida digna y por eso debería dejar el acta de senadora. El caso Taula destapa una red de cajas B para financiar al partido La investigación implica al presidente provincial del PP, a Camps y a exconsejeros valencianos ROSANA B. CRESPO VALENCIA Cambio legal para revocarlos Los más duros fueron Javier Maroto y Cristina Cifuentes. Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Barberá debería renunciar a su escaño y más siendo senadora no por elección directa, sino por designación de una Cámara autonómica Pidió un cambio legal para que estos cargos puedan ser revocados por los parlamentos que los designaron. Maroto, vicesecretario sectorial del PP, dijo que en política había que tener dignidad y ejemplaridad y que Barberá en el final de su carrera no ha ejercido ninguna de las dos Criticó que alguien se aferre al Senado solo para mantener el aforamiento y lamentó que la imagen de Barberá en el fin de su carrera tenga que ser sentada junto a un senador de Bildu y uno de Compromís; ni se lo merece ella ni el partido El ministro de Economía, Luis de Guindos, se unió al coro asegurando que Barberá debería entregar su acta de senadora aunque recordó que no está imputada formalmente Y Xavier García Albiol cree que se equivoca por mantener su escaño: Si tuviera conciencia de la magnitud de los hechos, se habría apartado de la luz pública antes También a Pedro Sanz, vicepresidente primero del Senado, le habría gustado que dejara la Cámara Alta: Hubiera sido mejor que se fuera renta años de militancia, pero no varió una rutina que se ha tornado habitual en los últimos meses en la vida de la que fuera durante veinticuatro años alcaldesa de Valencia. Alejada de los que fueron sus más estrechos colaboradores, Barberá ha limitado a la mínima expresión su actividad pública y apenas sale a la calle, más allá de a la peluquería o a hacer compras. Uno de sus grandes apoyos es su abogado y cuñado, José María Corbín, que ayer le visitó. En lugar de los habituales agentes de Policía que antes flanqueaban el domicilio, ahora hay equipos de televisión de guardia. Al menos cinco cajas B controladas por el PP valenciano en las que se habrían recogido los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegales tras el amaño de contratos. Se trata del hecho básico con amplias ramificaciones que la investigación del caso Taula trata de determinar tras las declaraciones del principal confidente de esta causa y exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent. El juez instructor, Víctor Gómez, levantó ayer el secreto sobre la pieza principal de la que es considerada como la mayor operación contra la corrupción en la Comunidad Valenciana: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El sumario, de 18 tomos y cerca de 30.000 folios, ha generado gran inquietud entre los populares. Según uno de los informes más relevantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso ABC, el autobautizado como yonki del dinero señala directamente a varios políticos implicados en mayor o menor grado en esta trama que habría servido en parte para financiar al PP provincial. Supuestamente, él actuaba como recaudador con empresarios a quienes pedía dinero una vez se decidían las adjudicaciones por las administraciones competentes acordando un porcentaje de entre el 2 y el 3 que recibía en metálico para posteriormente dárselo al expresidente de la Diputación Alfonso Rus; a su exjefe de Gabinete, Emilio Llopis; al ex vicepresidente segundo de la Diputación y exconsejero delegado de la empresa pública Ciegsa Máximo Caturla y al exvicepresidente de la corporación Juan José Medina. Alfonso Rus, a la salida de los juzgados en su última citación ROBER SOLSONA Las acusaciones del sumario Betoret y Camps, que se querella, lo niegan Vicente Betoret señaló ayer que los hechos que le atribuyen son absolutamente falsos al igual que Francisco Camps, quien denunció ayer al agente de la UCO que firma el informe y rechazó su implicación: Ni contratos, ni favores ni cajas B Pugnas internas La empresa pública dedicada a la construcción de centros escolares Ciegsa es uno de los ejes de la investigación. Además de ser supuestamente usada para el enriquecimiento personal de cargos públicos y para financiar al PP (siempre según la UCO) la Guardia Civil también incide en las luchas internas en el seno del PP por hacerse con el reparto de comisiones a través de ella. En las conversaciones telefónicas entre el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el consejero delegado de Ciegsa entre 2003 y 2007 Máximo Caturla, este último deja entrever cierto conflicto de intereses en las adjudicaciones por presiones en el ámbito de la Diputación Alfonso Rus y en el de la Generalitat supuestamente Font de Mora Presión de Barberá Benavent menciona en sus declaraciones a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sobre quien asegura que presionó para que se le diera una subvención de cerca de 100.000 euros anuales a un hijo de su escolta a través de un convenio relacionado con las motos. Dinero en bolsas Benavent que trabajó así entre 2003 y 2007 detalló ante los agentes que entregaba estas cantidades en bolsas durante las comidas en las que se reunían. Aunque no lo apunta como participante directo, llega a afirmar que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, era conocedor del cobro de las comisiones ilegales y sabía sin duda de las entregas y de su origen. Aun así, matizó ante el juez que nunca le había entregado dinero y no recordaba si Rus le dio algún sobre. Especialmente llamativo es el caso de Ciegsa, la empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos. Esta se habría estado utilizando para financiar tanto al PP a nivel regional como a nivel provincial, además de para el enriquecimiento personal de determinados cargos públicos, lo que provocó sobrecostes. La UCO apunta sobre todo a Rus y a Caturla, consejero delegado en esa época de Ciegsa. En el caso de este último, considera que en él convergerían los intereses de altos cargos de la Generalitat, como el director de Régimen Económico de Educación, Alejandro Bañares; el exconseller de ese departamento, Alejandro Font de Mora; el exconseller de Economía, Gerardo Camps, y el exvicepresidente, Víctor Campos quienes habrían sido las personas encargadas de controlar las grandes adjudicaciones y gestionar el dinero B del partido y el propio expresidente del Consell, Francisco Camps, que tendría conocimiento en gran parte de los hechos