ABC MADRID 30-05-2016 página 45

ABC LUNES, 30 DE MAYO DE 2016 abc. es conocer SOCIEDAD 45 Permisos solicitados o concedidos Cantabria Asturias León Vizcaya Guipúzcoa Navarra Álava La Rioja Palencia Valladolid Soria Segovia Guadalajara Huesca Lérida Zaragoza Barcelona Tarragona Valencia Ciudad Real Albacete Jaén Córdoba Sevilla Murcia Alicante Cádiz Sta Cruz de Tenerife Las Palmas En España se han concedido 58 permisos de investigación Cuando una empresa solicita al Ministerio de Industria o a una autonomía un permiso de investigación (vigente durante seis años) para conocer las características de un terreno y saber si en el subsuelo hay gas o petróleo, no implica que vaya a utilizar la técnica del fracking Esta decisión es posterior, una vez que se tenga el resultado de esta fase inicial. Hoy en España hay vigentes 58 permisos sobre hidrocarburos, de los que 40 han sido concedidos por el Ministerio y 18 por las regiones. De ellos, solo 8 podían utilizar el fracking En relación a los permisos que se han solicitado, estos ascienden también a 58, dependientes mayoritariamente del Estado. Once podrían utilizar fracking En esta legislatura, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha emitido ninguna declaración de impacto medioambiental para proyectos de fracking Ha estudiado uno iniciado en 2010 y ocho en 2011, pero se han archivado por desestimiento de sus promotores, según los datos aportados a ABC por este departamento ministerial. Actualmente, están en fase de estudio cuatro proyectos que se presentaron en 2013 y uno de 2014 (en las provincias de Burgos y Cantabria) Sí hubo resoluciones ambientales favorables a proyectos de fracking en la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, concretamente en marzo de 2010 y en noviembre de 2011. desestimados. En el procedimiento alegaban la falta de evaluación de impacto ambiental y otras medidas de protección. En la defensa realizada por el despacho de abogados R. AlarcónFontanilla, se puso de manifiesto que las medidas de protección medioambiental incorporadas a los permisos de investigación son las adecuadas Además, recordaron que la evaluación de impacto ambiental no es necesaria en la fase inicial, sino solo cuando ya se planteara un proyecto en firme. Una doble vía jurídica que abre camino a una práctica que, a diferencia de España, sí se está llevando a cabo en otros países como Estados Unidos, Italia, Chipre o Noruega, con el objetivo de buscar su riqueza energética en el subsuelo y evitar así tener una menor dependencia del exterior. Las trabas al fracking ya están teniendo sus primeras consecuencias en las empresas que a veces abandonan sus proyectos, por la demora de los procesos judiciales o por la presión política. Aunque el perjuicio económico es difícil de cuantificar, consultores del sector cifran en más de mil millones de euros la inversión que está paralizada en España. Aquí lo tienen todo en contra y las empresas se aburren subrayan los expertos del sector energético consultados por ABC, que denuncian el ambiente hostil ABC Atascando expedientes Desde el Gobierno advierten de que algunas autonomías- -a las que les corresponde otorgar los permisos de investigación cuando el proyecto solo afecta a una región; y si afecta a varias es competencia del Ministerio de Industria- están atascando los expedientes En España tenemos una oposición muy fuerte de ayuntamientos y comunidades, sin distinción ideológica. Todo el mundo quiere gasolina barata, pero no quiere que España busque petróleo. Esto no se sostiene En este sentido, las mismas fuentes gubernamentales confirman que precisamente por la oposición política los expedientes están yendo muy lentos. En algunos casos las empresas han renunciado a sus permisos, en otros están agotando los plazos a ver si se despeja el panorama otras, adoptó medidas tributarias en materia de exploración y producción de hidrocarburos para que las rentas económicas derivadas de estos yacimientos reviertan en la sociedad. Una vez aprobada esta normativa estatal, diferentes gobiernos autonómicos comenzaron a legislar en un sentido diferente para prohibir la técnica de extracción y el Tribunal Constitucional anuló todas las leyes al advertir de que se trata de una competencia estatal. En el caso de la empresa citada, Frontera Energy S. L. fueron siete ayuntamientos y dos organizaciones ecologistas de Guadalajara y Soria los que plantearon dos recursos contra este permiso de investigación, que han sido