ABC MADRID 11-05-2016 página 24

24 ESPAÑA MIÉRCOLES, 11 DE MAYO DE 2016 abc. es espana ABC Una edil del PP valenciano pide archivar su causa por blanqueo La defensa de Beatriz Simón cuestiona toda la investigación por inconsistente ROSANA B. CRESPO VALENCIA si asume el caso y sigue adelante, pero podría no hacerlo público hasta después de las elecciones del 26 de junio. Olímpic de Xàtiva Mientras todo esto sucede, la pieza principal de la causa de Imelsa la que todavía permanece bajo secreto de sumario sigue avanzando. Esta misma semana (entre mañana y el viernes) se levantará el secreto de dos o tres de las (al menos) cinco piezas en las que el juez pretende trocear la investigación. Probablemente, se tratará de las relacionadas con la contratación de asesores zombies a través de la empresa pública Imelsa por parte de todos los partidos que, sin ir a trabajar, podrían haber cobrado un sueldo público, además de haber sido contratados a través de enchufismo y de la que afecta a las supuestas irregularidades en la gestión del club Olímpic de Xàtiva, el equipo de fútbol que ha presidido el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus desde 2006. La concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Beatriz Simón ha sido la primera imputada en el marco de la causa de presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular en pedir el archivo de la investigación abierta contra ella. En total, se trata de 48 personas entre asesores, exasesores, ediles y exediles imputadas por donaciones de mil euros para la campaña de las pasadas elecciones municipales y que, supuestamente, se les devolvió en billetes de 500 con posterioridad. Simón presentó ayer el escrito de sobreseimiento ante el juzgado al entender que no existen elementos suficientes, ni objetivos ni subjetivos, que sustenten los indicios de criminalidad. En él, además de poner en entredicho toda la investigación sobre blanqueo por no concretar el delito que ha dado origen a la cantidad de dinero ilícito, se alude a su posición jeráquica y a que no existe cercanía física de la concejal a estas cantidades. Aunque destaca que está acreditado que la edil realizó la aportación de mil euros sin una finalidad concreta y sin presuponer su destino alega que ni siquiera contaba con autorización en las cuentas bancarias y, en ningún caso, ni de derecho ni de hecho, ejercía ascendiente o superioridad sobre la coinvestigada Mari Carmen García Fuster (secretaria del grupo) quien llegó a afirmar en su declaración que nadie le pedía cuentas, lo que equivale a que no rendía cuentas al menos no a ella. La inclusión en calidad de investigada en la presente pieza, concluye, fue del todo superflua, innecesaria y muy perjudicial; y mantenerla en dicha condición tras la práctica de las diligencias de investigación ahonda en la vulneración de sus derechos constitucionales reconocidos ra el juez encargado del caso, Víctor Gómez. Los próximos pasos se centrarán sobre todo en realizar nuevas averiguaciones dentro de la ampliación de la investigación a supuesto delito electoral y acabará, casi con toda probabilidad, en una pieza separada del blanqueo, dentro de la que se encuentra incluida. El juez agilizará así la instrucción de esta última para tomar una decisión lo más pronto posible, aunque el fiscal ha respondido al informe solicitado por él de declarar la causa compleja señalando un plazo de instrucción de 18 meses. Todo apunta, según fuentes conocedoras del proceso, a que el magistrado se decantará por la apertura de juicio oral a todos los investigados, tanto concejales como asesores (dos de los cuales ra- tificaron ayer en la comisión de investigación del Ayuntamiento en que se negaron a aportar los mil euros) Pero para dar por finalizada la instrucción tendrá que esperar a la decisión que tome el Supremo respecto a Barberá después de que el 21 de abril el magistrado elevara la exposición razonada para que se pronuncie sobre si procede a citarla como imputada debido a su condición de aforada. El TS tiene que comunicar Troceo del caso El juez levantará esta semana dos o tres de las piezas del caso principal de Imelsa MIKEL PONCE La hermana de Barberá niega todo Asunción Barberá, que fue jefa de gabinete de alcaldía, aseguró ayer en la comisión de investigación del Consistorio que no tenía ningún conocimiento de las donaciones. DENUNCIA DE LA FISCALÍA nio a De la Mata para que analice si el caso nuevo tiene que ver con la causa por la que él les imputa. El PSOE de Castilla y León argumenta que la investigación se debe a pagos inexplicables por asesoramiento verbal a una de las empresas beneficiadas de la trama eólica (Sirga 21) que tuvieron lugar mientras era diputado. Según esta versión, Martínez Pujalte y Torme recibieron 75.000 euros que no tienen justificación El antiguo diputado del PP, que reconoció que cobró este dinero entre 2008 y 2009 a través de su despacho de asesoría, aseguró a Efe estar muy tranquilo porque cumplió tanto con la ley como con Hacienda. El juez de Valladolid se ha inhibido en Madrid. Implicación inconsistente La defensa de Simón considera que, dado que no se ha solicitado la práctica de nuevas diligencias por parte del juzgado y que la ampliación de la investigación se suscribe al presunto delito electoral, su implicación en ello es inconsistente y no se ve afectada. Igualmente, expresa que realiza ahora esta petición ante la voluntad del juez de dar por finalizada la instrucción del blanqueo una vez el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si asume la causa que afecta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como publicó ABC. Esta es la posibilidad que estudia aho- Un juez investiga al exdiputado del PP Pujalte por cohecho L. P. A. MADRID El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid investiga si el antiguo diputado y dirigente del Partido Popular (PP) Vicente Martínez Pujalte un histórico de la formación que no se presentó a las últimas elecciones generales cometió los delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil. Fuentes jurídicas confirmaron que la Fiscalía de Valladolid denunció a Pujalte, a la exsenadora del PP Ana Torme y a Alejandro Llorente Muñoz, vinculado a la empresa Collosa, una constructora investigada por una supuesta trama de adjudicación de parques eólicos en Castilla y León. La investigación también afecta al exembajador en la India Gustavo de Arístegui y el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, ambos ya investigados en la Audiencia Nacional por recibir comisiones irregulares. El Ministerio Público remitió testimo-