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ABC MIÉRCOLES, 4 DE MAYO DE 2016 abc. es espana madrid MADRID 77 El Gobierno central denunciará el sistema de contratación de Carmena La Abogacía del Estado dice que no se ajusta a la Constitución y que vulnera el Estatuto de los Trabajadores M. J. ÁLVAREZ MADRID Puntos ilegales Subrogación de los trabajadores La nueva instrucción, que entró en vigor el pasado 19 de enero, obliga a las empresas que contraten con el Ayuntamiento de Madrid a subrogar a los trabajadores del anterior contratista por obligación del pliego de condiciones. Un extremo que no puede imponer la administración, según el artículo 37 de la Constitución por pertenecer al marco la negociación colectiva, según la Delegación del Gobierno. Con ello se prima a las grandes empresas. El Gobierno central denunciará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la instrucción de la contratación pública del Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena. El nuevo decreto, elaborado por el equipo de Gobierno de Ahora Madrid, que entró en vigor el pasado 19 de enero, incorpora determinadas cláusulas sociales en las licitaciones realizadas entre la administración local, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal. Algunas de ellas, según el informe elaborado por la Abogacía del Estado, son ilegales. No se ajustan a la Constitución, vulneran el Estatuto de los Trabajadores, así como la normativa de la contratación pública. De ahí que la Delegación del Gobierno que preside Concepción Dancausa, encargada de supervisar la legalidad de dichos acuerdos municipales, haya decidido impugnar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo varios apartados, a tenor de las conclusiones de la Abogacía del Estado. Y todo ello, después del requerimiento que le realizó a Carmena, con fecha de 18 de marzo, para que en el plazo de un mes modificara el contenido de esas directrices, respetando el régimen competencial. tratación pública y el Estatuto de los Trabajadores precisaron desde la Delegación del Gobierno. Y, en segundo lugar, consideran ilegal el hecho de primar el mantenimiento de la plantilla adscrita a la administración local. A su juicio, la subrogación supone una barrera para que las empresas pequeñas liciten, mientras que la discriminación positiva del personal que trabaje para el ayuntamiento implicaría, por ejemplo, que en el caso de un ERE, se libraran del mismo, al no poder suspender o extinguir el contrato, no así el resto de sus compañeros que estuvieran trabajando para terceros. Todo ello establece una diferenciación injustificada, al tiempo que invade elementos propios de las relaciones laborales. 1.600 millones al año Concepción Dancausa BELÉN DÍAZ Mantenimiento de la plantilla El consistorio primará a las empresas que mantengan a toda la plantilla adscrita a la administración. Estas no podrán suspender ni extinguir el contrato con los empleados ni en caso de EREs, que sí afectarían a los que trabajaran para terceros. Las mismas fuentes consideran que lo lógico sería que hasta que no se pronuncien los tribunales, el ayuntamiento excluyera los preceptos en liza. Este asunto no es baladí, ya que afecta a todos los contratos del ayuntamiento: la limpieza, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, etc. Este año, por ejemplo el volumen de los bienes y servicios del consistorio asciende a los 1.600 millones. Por ello, Dancausa ha solicitado, además, que, para evitar males mayores, se suspenda dicha instrucción. La callada por respuesta El resultado ha sido la callada por respuesta, por lo que Dancausa ha solicitado a los letrados que emprendan las acciones legales oportunas. La nueva instrucción no tiene una aplicación directa, es decir, que tienen que ser los órganos de contratación los que incluyan en sus expedientes dichos requisitos sociales en los pliegos de condiciones. La Delegación considera que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales, que corresponde al Estado, en base al artículo 1149.1.7 de la Constitución, indicaron las mismas fuentes. Los aspectos que vulneran la legalidad, a su juicio, son dos. El primero es el relativo a la subrogación de los trabajadores del anterior contratista, un extremo que corresponde a la negociación colectiva. No lo puede imponer la administración, según establece el artículo 37 de la Constitución, y, además, vulnera la norma de con- Agresión a Policías Municipales y Nacionales (izquierda) Uno de los agentes lesionados (derecha) ABC Paliza a policías en Tetuán Ahora Madrid señala al SUP por descalificar a dominicanos S. L. MADRID El pleno de la Junta Municipal de Villaverde, que preside Guillermo Zapata, debatirá mañana una proposición de Ahora Madrid por la que insta al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a que rectifique unas declaraciones relacionadas con la brutal paliza a quince policías fuera de servicio a manos de un grupo de dominicanos en el dis- trito de Tetuán. Los hechos se produjeron el pasado 6 de marzo y, según la propuesta de Ahora Madrid, el SUP generalizó públicamente un hecho aislado, perjudicando la imagen de miles de vecinos dominicanos Portavoces del SUP aseguraron ayer a ABC que ellos no realizaron ninguna declaración ofensiva contra ciudadanos dominicanos ni emitieron comunicado alguno al respecto. Será una confusión o se referirán a otro sindicato indicó un representante. Además, curiosamente, la iniciativa se debatirá en el distrito de Villaverde, no en el de Tetuán, en donde ocurrieron los hechos, un extremo que no parece tener mucho sentido. El suceso se produjo cuando cinco agentes fuera de servicio salían de cenar de un restaurante. Uno de ellos vio a un grupo de dominicanos bebiendo sobre su coche y, al decirle que se retiraran, le reventaron un vaso de cristal en la cara. La trifulca acabó en batalla campal con diez policías heridos y seis detenidos.