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ABC MARTES, 19 DE ABRIL DE 2016 abc. es espana ESPAÑA 25 El TSJA investiga a un consejero de Susana Díaz por prevaricación Ramírez no cesa tras las diligencias abiertas por contratos irregulares en su etapa de vicerrector ANTONIO R. VEGA SEVILLA EN CONTRA DE PRISIONES Carlos Fabra quedará libre tras conseguir el tercer grado R. B. C. VALENCIA La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, por posibles irregularidades en cuatro contratos del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos cuando era vicerrector de infraestructuras la Universidad de Sevilla entre 2008 y 2009, antes de ocupar el Rectorado. La Fiscalía Superior de Andalucía denunció al actual responsable autonómico por prevaricación administrativa y falsedad de documento público basándose en los informes de la Policía Judicial y en la documentación recabada. En esto proceso sobrevuela la sospecha de un amaño que habría motivado que un solo despacho de arquitectos, del que forma parte José María Ramírez Ramón, aglutinara contratos por importe de al menos 747.138 euros. Según el auto firmado por tres magistrados del TSJA (incluido el presidente, Lorenzo del Río) las contrataciones pudieran haber perseguido una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros lo que, de comprobarse cierto, podría resultar imputable a don Antonio Ramírez de Arellano López, en su calidad de vicerrector de Infraestructuras como firmante de sus resoluciones El auto está fechado el pasado martes aunque no trascendió hasta ayer. El detonante de esta investigación contra un cargo aforado del Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz fue una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla. El consejero Antonio Ramírez de Arellano EFE JULIO MUÑOZ Reacciones Ciudadanos no va a pedir la cabeza del consejero porque entiende que no está imputado puesta propuesta no es su firma El proyecto del edificio estaba presupuestado en 34,8 millones de euros. El Ejecutivo cierra filas en torno a su consejero investigado y no ve razones de peso como para dejarlo caer. Fuentes del Gobierno autonómico restaron hierro al asunto afirmando que después de una denuncia de la Fiscalía, el inicio de diligencias por parte del TSJA es un trámite y entra dentro de la normalidad Es más, desde la Junta están convencidos de que tanto Arellano como la Universidad de Sevilla ya han dado todas las explicaciones y llaman a respetar los tiempos judiciales El consejero negó la existencia de prevaricación administrativa y expresó su confianza en la justicia ape- Posible falsedad En la resolución del tribunal andaluz, enumera hasta seis hechos que podrían tener relevancia penal durante el proceso administrativo del expediente, lo que conduce a dirigir contra él la investigación No descarta que la adjudicación al estudio de José Jiménez Ramírez fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad Tampoco obvia que una de las tres propuestas presentadas pudiera ser falseada toda vez que una de las aspirantes reconoció que no había presentado ninguna oferta y que la rúbrica que aparece en la su- lando a la presunción de inocencia. Es el mismo Gobierno que el pasado agosto no dudó en forzar la dimisión de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, al ser imputada por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (ascendida tras el archivo de la causa) y el mismo Gobierno que hace tan sólo seis días aseguraba que el PP no debería tardar ni un minuto en dar explicaciones tras la detención del alcalde de Granada, José Torres Hurtado. El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra condenado a cuatro años de cárcel por fraude a la Hacienda Pública ha conseguido el tercer grado penitenciario por parte de la juez de Vigilancia Penitenciaria del Juzgado número 3 de Madrid. Esta concesión se otorga un año y cinco meses después de ingresar en la prisión de Aranjuez y en contra del criterio de la Junta de Tratamiento, de la Fiscalía y de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. La juez considera que tiene un riesgo de reincidencia medio- bajo ha evolucionado favorablemente, ha abonado la mayor parte de la responsabilidad civil, tiene una condena corta, fue condenado por delitos que no son graves y tiene ya 70 años. Se trata de una decisión recurrible pero de inmediata aplicación, por lo que la próxima Junta de Tratamiento de la prisión debe decidir en qué régimen cumple el tercer grado, paso previo a la concesión de la libertad condicional, a la que podrá acceder en los próximos meses. El fiscal se opuso al recurso de Fabra contra la decisión de la prisión de denegarle el tercer grado al tener en cuenta la gravedad de los delitos fiscales por los que fue condenado, que no ha cumplido su compromiso de pago de responsabilidad civil y que su pronóstico de reincidencia es medio alto Su buena conducta y su apoyo familiar, en opinión de la Fiscalía, no son datos indicativos ni relevantes que justifiquen la progresión de grado al ser habitual en quienes cometen este tipo de delitos Comportamiento La juez María del Prado Torrecilla, por contra, considera que la ley obliga a tener en cuenta el comportamiento del preso a la hora de evaluar una recalificación y estima que se han cumplido todos los requisitos necesarios para pasar al tercer grado. El exdirigente popular estaba clasificado hasta ahora en segundo grado, lo que le había permitido disfrutar de varios permisos ordinarios de salida de la cárcel, en la que ingresó después de que el Gobierno denegara su petición de indulto. El origen del proceso que acabó condenándolo a cuatro años y a una multa de 693.074,33 euros se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Fabra, lo acusó de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. Ciudadanos no pide el cese Tampoco el grupo de Ciudadanos, aliado político en el Parlamento andaluz, va a pedir la cabeza del consejero, como hizo con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán al ser imputados por el fraude de los ERE. En el momento en que haya imputación por corrupción política, exigiremos el cumplimiento del pacto anticorrupción firmado con el PSOE, señalaron fuentes del partido a este periódico.