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24 ESPAÑA MARTES, 5 DE ABRIL DE 2016 abc. es espana ABC Arranca el juicio por la mayor trama de corrupción en Asturias Afecta al Gobierno socialista por fraudes en Educación de 9 millones en 2010 RAMÓN MUÑIZ OVIEDO Espejos, la caldera de Presidencia y 100 papeleras En la última documentación entregada por el Principado ha escarbado el letrado Miguel Valdés- Hevia, defensor de Víctor Muñiz. Los papeles señalan que el Instituto Adolfo Posada gastó 8,8 millones en adquirir muebles entre 2006 y 2009. Es un centro que no tiene ni mil metros cuadrados, lo que nos sale 8.812 euros por metro cuadrado amueblable Para aclarar el asunto, revisó las facturas, localizando pagos por espejos en la Consejería de Cultura, el stand de la Feria de Muestras, la caldera del edificio de Presidencia y 100 papeleras O estamos ante un fraude o ante un caos contable de magnitudes catedralicias El Principado reclama que su cliente pase 9 años en prisión justo por lo mismo que aquí, porque busca las cosas en un sitio y nosotros decimos que están en otro Para aclarar la cuestión solicitó que declare como testigo la exjefa de formación del Instituto, Soledad Saavedra, esposa del expresidente Álvarez Areces. Arrancó ayer el juicio más esperado en Asturias, el del caso Marea sobre una supuesta trama acusada de esquilmar las arcas del Principado y que afecta de lleno al PSOE asturiano. La investigación apunta a una presunta apropiación de hasta 9 millones de euros, remontándose a principios de 2010 cuando se detectaron actuaciones irregulares en la adjudicación de contratos por parte de la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyo acrónimo ha dado nombre al caso (Marea) en unos hechos que se remontan al mandato del socialista Vicente Álvarez Areces. Una vez sentados en el banquillo de los acusados, el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, la funcionaria Marta Renendo y los otros once procesados, el ceremonial comenzó de la peor manera posible para quien se presenta como su principal víctima. Treinta segundos bastaron al magistrado- juez Javier Domínguez Begega para confirmar ayer que el Principado se acababa de disparar al pie. La investigación comenzó hace más de seis años y no fue hasta el pasado 29 de febrero cuando la Administración solicitó a la Audiencia Provincial que se le admitiera el único informe que ha realizado sobre los daños causados en la Consejería de Educación. El documento, de unos 2.000 folios, contiene declaraciones de 87 directores de colegios asegurando que el departamento abonó cuatro millones a Igrafo y APSA por bienes que nunca recibieron, y que en parte de los albaranes de entrega se les ha falsificado la firma. No se acepta la presentación de la pericial del Principado por los motivos que se detallarán en un auto despachó el presidente de la Sección Tercera. El exconsejero José Luis Iglesias (dcha. acompañado por su abogado sobre su destino. Varias acusaciones adelantaron ayer su intención de reclamar que pase al juzgado de guardia, para abrir un segundo proceso. De momento ayer la letanía contra la inacción del Principado la abrió la fiscal, recordando que para admitir un EFE Falsedades Un informe detalla irregularidades y falsedades en documentos públicos en 2009 y 2010 informe de semejante calibre en la antesala del juicio es necesario que la información no estuviera disponible antes, o que no afecte sustancialmente a lo ya instruido. Ninguno de estos requisitos se cumplen asentó. El Principado se personó en la causa en mayo de 2010, y tuvo conocimiento de que existían irregularidades en Educación, pese a lo cual no hizo nada por su parte, ni en ese momento, ni le pidió al juez de instructor que lo hiciera afeó. Rodríguez recordó que en junio de 2012 la policía visitó seis centros escolares; al cotejar las facturas que Educación había pagado por amueblarlos y los enseres realmente entregados observó graves irregularidades Ese mismo mes el Principado recibió una copia del informe y a pesar de ello tampoco hizo nada, ni facilitó al juzgado la documentación pertinente cargó la fiscal. Acoger ahora el documento expondría a José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez a unos presuntas irregularidades de las que no se les ha tomado declaración durante la fase de instrucción advirtió. CONTRATACIONES IRREGULARES Inacción del Principado El varapalo a la Administración regional fue solicitado por la fiscal, Carmen Rodríguez, respaldado por los abogados de los 13 acusados, y concedido así por la propia Audiencia. La decisión abre un escenario complejo. El Principado tiene en su poder un informe avalado por sus secretarios generales técnicos y por otros 87 funcionarios detallando irregularidades y distintas falsedades en documento público, supuestamente cometidas en 2009 y 2010, año éste último donde José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero dimitieron en agosto. Los supuestos delitos no serán depurados en este juicio, lo que exige tomar una decisión Piden 10 años de cárcel para un exembajador en Finlandia N. VILLANUEVA MADRID La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel para el exembajador de España en Finlandia Marcos Vega, a quien acusa de los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsificación de documento oficial en relación con la contratación presuntamente irregular de dos trabajadoras. Durante el juicio, celebrado ayer ante la Sección Primera de lo Penal, el diplomático español reconoció que hasta que se formalizó el contrato de las dos mujeres de origen filipino y etíope y a las que él mismo consiguió un visado de turista para viajar a Helsinki vía España, ambas estuvieron trabajando en la legación con un contrato eventual de prestación de servicios que no fue autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se trataba, dijo, de una situación provisional, porque la embajada no funcionaba y él tenía que atender sus obligaciones Según señaló el fiscal, una vez que las dos mujeres optaron a las plazas para encargarse del mantenimiento y limpieza de la residencia del embajador, este elaboró dos contratos diferentes, uno en español y otro en inglés (el idioma que entendían las trabajadoras) de forma que en el primero figuraba el sueldo que debían cobrar (el fijado por Exteriores) y en el segundo, una cantidad sensiblemente inferior. Con esa diferencia, de 800 euros, Vega quería contratar a una tercera empleada. En la vista, el diplomático atribuyó su procesamiento a una venganza del canciller, Ismael Medina quien declaró ayer como testigo por haber descubierto una caja B destinada a comprar tabaco y alcohol