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22 ESPAÑA MARTES, 5 DE ABRIL DE 2016 abc. es espana ABC El Congreso vota hoy, por iniciativa de ERC, derogar la ley de Seguridad Ciudadana La medida afectaría a la lucha contra el terrorismo y eliminaría garantías jurídicas PABLO MUÑOZ MADRID La Comisión de Interior debate hoy, a propuesta de ERC, una Proposición no de Ley (PNL) para que el Congreso inste al Gobierno a que derogue la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y detenga de forma inmediata las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Al margen de lo estrafalario de la propuesta en este momento un Ejecutivo en funciones no tiene iniciativa legislativa y por tanto no podría cumplir un mandato así lo cierto es que la citada ley orgánica es la principal norma jurídica que rige las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad, da garantías jurídicas tanto a los agentes como a los ciudadanos y supone una herramienta decisiva para luchar contra las formas más graves de delincuencia, incluido el terrorismo yihadista. La actual composición de la Cámara Baja podría dar vía libre a una propuesta que al no llevar aparejada una ley alternativa provocaría un vacío legal descomunal de consecuencias imprevisibles. Asalto masivo de inmigrantes a la valla de Melilla ocurrido en noviembre del año pasado EFE EXPULSIONES EN CALIENTE Peligro de indefensión en las fronteras de Ceuta y Melilla P. MUÑOZ MADRID Derechos y obligaciones Un limbo legal Si se deroga la Ley de Seguridad Ciudadana con ella decae, por ejemplo, su artículo 4, que detalla que la actuación de las Fuerzas de Seguridad se regirán por los principios de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad y control administrativo y jurisdiccional. ¿Con qué criterios, por tanto, se regirían a partir de ahora los Cuerpos de Seguridad? Además, la ley vigente establece las garantías en las identificaciones policiales que deben basarse en los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Si se deroga, ¿se dejaría aspectos tan sensibles al criterio de los profesionales, al no haber un marco jurídico claro? Lo mismo puede decirse de un procedimiento excepcional, como son las identificaciones en dependencias policiales, que por primera vez una ley somete a un límite de tiempo y a una serie de garantías como son la expedición de un volante acreditativo de la identificación y la constancia en un libro registro que se envía mensualmente a la Fiscalía para que sea examinado. Nada de eso aparecía en la ley de 1992, y parece que ERC quiere borrar esas garantías de un plumazo. Uno de los mantras preferidos de la izquierda, ya sea en su versión tradicional (PSOE) o emergente (Podemos y afines) es que se acabe con lo que ellos llaman expulsiones en caliente realidad a la que el Gobierno se refiere como expulsiones en frontera La iniciativa de ERC que hoy se debatirá en la comisión de Interior del Congreso pide también la supresión de esta práctica y no es improbable que, dada su composición, se acabe aprobando. Acabar con el rechazo en frontera supondría aceptar la entrada en nuestro país de cualquier persona que logre pasar la primera valla fron- teriza, aunque sea de forma violenta. Se argumenta que cuando se cruza esa primera valla esa persona está en España y hay que incoarle el correspondiente expediente administrativo para expulsarlo. El argumento es rebatido por el Gobierno, que afirma que se puede hacer si el rechazo se produce mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos Pero al margen de tecnicismos, acabar con el rechazo en frontera provocaría un fuerte efecto llamada en Ceuta y Melilla con consecuencias imprevisibles. ANÁLISIS MANUEL MARÍN LA BURLA PERMANENTE DE ERC S in duda, la oposición está en precampaña. Mientras trata de aunar en torno a Pedro Sánchez una imposible coalición de intereses junto a Podemos y Ciudadanos basada en el odio a la derecha, simula trabajar en un Parlamento legalmente constituido que de facto es de cartón piedra. El PSOE pretende sumar a toda la oposición en funciones para paralizar la aplicación de la ley educativa Lomce. Y, a su vez, los socialistas actuarán como cómplices de ERC para que el Parlamento inste al Gobierno en funciones a derogar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Estar en desacuerdo con esa normativa no es ninguna irresponsabilidad, pero sí es un ejercicio de cinismo. Los mismos grupos parlamentarios que recuerdan a Mariano Rajoy su incapacidad jurídica para aprobar leyes, le quieren exigir que incurra en la ilegalidad de derogarlas. Sencillamente, no puede hacerlo porque ejercer como jefe de un Ejecutivo en funciones le exige res- peto para las dos caras de la moneda. Si no puede aprobar... no puede derogar. De hecho, ERC está abonada a la ilegalidad. Su concepto de la democracia se basa en un continuo llamamiento a vulnerar la ley. Más allá de que el Gobierno no pueda aprobar o anular una norma salvo en situaciones muy excepcionales y tasadas, y más allá de que ERC y toda la oposición virtual pretendan desgastar al Gobierno con la derogación de sus leyes por la vía de los hechos consumados, la iniciativa de ERC topa con el sentido común. Si esa ley quedara en suspenso, algo tan simple como expedir el DNI, o la identificación policial de españoles y extranjeros en plena calle ante cualquier indicio de comisión de un delito quedarían sin amparo legal. Cualquier control preventivo en la