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ABC JUEVES, 25 DE FEBRERO DE 2016 abc. es espana ESPAÑA 23 inyectó capital público sin ningún control. El último informe de la Intervención General de la Junta detectó que la compañía pública se había podido financiar irregularmente con comisiones. Es el último capítulo de un escándalo que detonó en la campaña de las autonómicas de 2012 al salir a la luz una grabación donde se escuchaba a la que fuera directora general de Invercaria, Laura Gómiz, frases tan chocantes como ésta: Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización FONDOS JEREMIE Este caso afecta también a las ayudas europeas concedidas por la Junta. El juzgado de instrucción 5 de Sevilla investiga si hubo irregularidades en la gestión de 185 millones con cargo al Fondo Jeremie, parte de los cuales se dedicaron a financiar operaciones fallidas durante la etapa de Susana Díaz. El caso se inició a raíz del cúmulo de irregularidades detalladas por la UDEF de la Policía Nacional en un informe elevado al juez del caso Invercaria. El fiscal pide citar a Ojeda y Fernández por la formación La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación pagados con fondos públicos que cite como investigados a los exconsejeros andaluces Antonio Fernández y Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas recibió 33,3 millones de euros. Fuentes judiciales explicaron que la citación a los dos exdirigentes políticos socialistas se ha realizado desde la Fiscalía a la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez. En su solicitud, la Fiscalía incluye a Ojeda y a Fernández, este último también implicado en el caso de los ERE, dentro de las trece personas que pide que declaren como investigados (antiguos imputados) En enero, la juez abrió diligencias previas de las tres piezas desgajadas de la macrocausa de los cursos de formación sobre tres entramados empresariales: el de Ojeda, José María Pérez González y Rafael Velasco Sierra, ex número dos del PSOE de Andalucía. avaladas con fondos públicos ha empujado a la agencia IDEA a presentar un aluvión de demandas en los juzgados para intentar recuperar, hasta ahora con escaso éxito, parte de los 65,4 millones de euros perdidos en proyectos ruinosos. FACTURAS FALSAS DE UGT Aprovechando la atmósfera de relajación en los controles de las subvenciones de formación que reinaba en la Junta de Andalucía, UGT Andalucía montó una contabilidad paralela a la oficial que fue perfeccionando año a año y que constituyó la vía más importante de financiación ilegal de la federación andaluza durante una década, según la Guardia Civil. Esta deriva del caso de formación está siendo investigada por el juzgado de instrucción 9 de Sevilla y hay 18 imputados, entre ellos los anteriores secretarios regionales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. La Junta le reclama 15,3 millones de euros mal justificados. La cuantía desviada está por definir. El dinero público se empleó en sostener la megaestructura del sindicato y costear mariscadas de sus dirigentes, cenas con barra libre en la Feria de Sevilla, karaokes en El Caribe, pancartas para las huelgas y hasta maletines falsificados en China que se regalaron a los delegados de un congreso. También utilizaba empresas para autoalquilarse aulas y justificar así ayudas. Dos expresidentes Manuel Chaves José A. Griñán 7 exconsejeros 51 ex altos cargos en total 276 196 855 Juzgado de Instrucción n 6 de Sevilla 3.000 18 juzgados de Instrucción UNIDADES DE EMPLEO El juez de instrucción 2 de Sevilla, Carlos Mahón, junto a cuatro jueces más de Córdoba, Almería, Jaén y Granada, investiga por fraude y prevaricación a siete ex altos cargos autonómicos por las subvenciones millonarias repartidas sin bases reguladoras entre 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) consorcios convenidos por la Junta y corporaciones locales que servían para asesorar a emprendedores. Entre los investigados por prevaricación y fraude en subvenciones está el exconsejero Antonio Ávila, imputado en los casos de formación y ERE, por firmar una resolución en 2012 por la que concedía subvenciones extraordinarias a estos consorcios para pagar los despidos de sus trabajadores. ERE 4 exconsejeros Ángel Ojeda Antonio Fernández Antonio Ávila Manuel Recio MARISMAS Se pagaron 40 millones de euros por unas obras que sólo se ejecutaron al 60 por ciento a través de certificaciones falsas. Y, además, esas facturas inflaron los precios hasta en doce millones de euros para poder cuadrar las partidas que la Unión Europea destinaba al proyecto de modernización de la margen izquierda del Guadalquivir entre Dos Hermanas y Lebrija, en la provincia de Sevilla. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Sevilla llegó a esta conclusión tras una concienzuda investigación, factura a factura, sobre la justificación de la subvención europea que gestionó la Junta de Andalucía. El juez de instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casilla, ha imputado ya a seis ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y a otros 16 regantes y representantes de las empresas que ganaron el concurso, supuestamente amañado, según las diligencias practicadas. Formación Facturas falsas UGT Juzgado de Instrucción n 9 de Sevilla 18 15,3 Dos exsecretarios de UGT en Andalucía Avales a empresas Juzgado de Instrucción n 6 de Sevilla Francisco Fernández Sevilla Manuel Pastrana Subvenciones a unidades de empleo BAHÍA COMPETITIVA El juzgado de instrucción 4 de Cádiz indaga desde 2011 en un plan estrella del Gobierno andaluz para las elecciones autonómicas de 2008 que se definió entonces como el gran programa incentivador para frenar el paro en la provincia con el índice más alto de toda España (33,9 Más de 21 millones de euros en ayudas del Estado gestionadas por una oficina creada por la Junta se gastaron en proyectos empresariales que no realizaron nunca y el dinero acabó en paraísos fiscales. El caso acumula cerca de 40 imputados, entre los que se encuentran la exdelegada de Innovación en Cádiz Angelines Ortiz y ex cargos de la Diputación y del Ministerio de Industria en aquella etapa. 82,4 4 Juzgados de Sevilla, Córdoba, Almería, Jaén y Granada Un exconsejero Martín Soler 3 ex altos cargos más 57,3 AVALES A principios de 2014, la juez Mercedes Alaya inició una nueva línea de investigación por la concesión de avales de la Agencia IDEA a empresas seleccionadas a discreción. En la causa está imputado por prevaricacion y malversación el exconsejero de Innovación, Martín Soler, y otros exaltos cargos de la consejería. La quiebra de empresas 7 Un exconsejero Antonio Ávila Fuente: Elaboración propia F. J. Torres, JdVelasco ABC