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ABC LUNES, 8 DE FEBRERO DE 2016 abc. es opinion OPINIÓN 13 UNA RAYA EN EL AGUA EL CONTRAPUNTO ISABEL SAN SEBASTIÁN LIBERTAD DE EXPRESIÓN Carmena debería cesar a Mayer y algún liberal enarbolar la defensa de un concepto mancillado por quienes no creen en él NTRE las muchas batallas ideológicas que el centro- derecha ha renunciado a dar destaca la de las palabras, conceptos, significados; el material con el que se construye el pensamiento, tejedor, a su vez, de la política. Los generales del campo popular han priorizado los números, abandonando a su suerte a las letras. Han despreciado cuando no maltratado a la Cultura. Se han desinteresado de la Universidad, convertida en semillero de Podemos y coto privado del movimiento antisistema. Han mirado por encima del hombro a la Educación, considerada una engorrosa fuente de problemas. Lejos de atenerse a criterios de neutralidad o dejar que el mercado impusiese sus reglas en el terreno de la comunicación, como habría sido lógico esperar, han recurrido a todo tipo de argucias, incluidos el soborno o la represalia a los mensajeros díscolos no con el afán de difundir los postulados liberal- conservadores, sino con el único empeño de favorecer su permanencia en el poder. Y ahora estamos como estamos, enfrentados a un porcentaje creciente de españoles que confunde democracia con barra libre e impone esta confusión aberrante desde las instituciones gobernadas por el partido al que muchos de ellos votan. Ha hecho fortuna estos días en las redes sociales la etiqueta LibertadDeExpresión, como muestra E de apoyo a los titiriteros detenidos en Madrid por exaltar el terrorismo aprovechando una representación de marionetas, destinada al público infantil, que incluía, además, la violación y apuñalamiento de una monja, el ahorcamiento de un juez y otras lindezas similares. A la cadena solidaria en cuestión se han adherido Ada Colau, Pablo Iglesias y demás abanderados de la alternativa progresista especialistas en abusar de las herramientas propias de la democracia, empezando por la libertad, sin otro propósito que destruirla. Bien está que los autores del presunto delito estén detenidos por orden de un juez y que el Grupo Popular del Ayuntamiento presente una querella contra la concejal de Cultura, Celia Mayer, acusada de complicidad. La Justicia actuará en el ámbito de sus competencias. Pero hay que ir mucho más allá y comparecer en el campo de la confrontación ideológica con algo más que argumentarios elaborados en los despachos de Génova. Hay que armarse de razón y de criterio. Hay que tener el coraje de luchar en defensa de los valores y principios que alumbraron un partido hoy centrado en los intereses. El primero, la libertad. La libertad es cosa sagrada que no debería invocarse en vano. La libertad de expresión, por la que tantos nos hemos jugado la vida y algunos se la han dejado, implica responsabilidad y tiene unos límites claros que marcan la Ley y el sentido común. La libertad no puede ser invocada para envenenar mentes infantiles ni amenazar impunemente ni ensalzar a unos asesinos. La libertad tampoco ampara la calumnia, la injuria o el menoscabo del honor ajeno, por mucho que el anonimato permita de hecho esos excesos a quienes se esconden en las redes para volcar desde ellas su odio, su resentimiento, su violencia reprimida (de momento) o sus miserables intentos de amedrentar a los que plantamos cara. El ejercicio de la libertad supone asumir las consecuencias de los actos realizados en su nombre, incluida la comisión de un delito o una irresponsabilidad política de las que solo pueden pagarse con la dimisión o la destitución. Por eso Mayer debe renunciar a su cargo o bien Carmena cesarla. Y por eso algún liberal auténtico, si es que aún quedan, debería enarbolar la defensa de un concepto mancillado por quienes no creen en él. IGNACIO CAMACHO EL LIMBO Hay algo peor para un país que estar sin Gobierno, y es tener cierto Gobierno. El que probablemente tendremos S JM NIETO Fe de ratas ÓLO hay una cosa peor para un país que no tener Gobierno, y es tener determinado Gobierno. Este impasse de la investidura bloqueada supone sin duda efectos perniciosos para la economía, en la medida en que la incertidumbre paraliza inversiones o aplaza decisiones estratégicas en las empresas, obligadas a evaluar la fluctuación del mercado político como una variable de la seguridad jurídica. Pero el Estado funciona. La Administración está abierta, el Presupuesto aprobado y los servicios públicos, la mayoría gestionados por las autonomías, en marcha. No hay colapso. Sólo el Consejo de Ministros tiene limitada su actividad; de secretarios de Estado para abajo todos los demás cargos están en pleno ejercicio legal. En realidad, se trata del período ideal teórico para un concepto liberal de la política: un tiempo en que el Gobierno no puede intervenir más allá de lo tasado por la ley presupuestaria ni adquirir compromisos arbitrarios o clientelares de gasto. Tampoco puede agredir a nadie con una legislación ideológica. La disfunción afecta sobre todo a su capacidad reguladora, lo que no debería representar un gran obstáculo para el desarrollo de una nación cuyos principales sectores productivos supiesen desenvolverse con independencia, al margen de la mirada protectora o el favoritismo del poder. Dado que cualquier mala situación es susceptible de empeorar, todos esos quejumbrosos agentes económicos que han suspendido sus planes a la espera de identificar un interlocutor gubernamental acabarían en estampida si la crisis desemboca, como resulta más probable, en un Gabinete con fuerte acento radical populista. El dinero es huidizo por naturaleza y escaparía o escapará a todo gas de un modelo de izquierda anticapitalista que puede resultar cualquier cosa menos bussiness friendly. Un poder público estatalista, hostil al empresariado, a los negocios, a los intereses bursátiles o financieros y a la lógica de los beneficios privados. Simplemente, el capital y la inversión se irán a cualquier país europeo con un marco más acogedor, más apacible, más grato. Con todo, la desertización económica no representa el principal riesgo de un vuelco político hacia el extremismo. Al final, los poderes industriales siempre encuentran el modo de volver a ponerse en la cola de los grandes contratos públicos. Es la convivencia democrática la que está en juego, el orden constitucional amenazado por un proyecto de ruptura con claros tintes de revanchismo social e ideológico. Es el régimen representativo el que se halla en el punto de mira de un movimiento autoritario camuflado de democracia popular según el canon bolivariano. Lo que la coalición socialpopulista trae bajo el brazo es la carpeta oculta de una transformación del sistema. Y ante esa agenda este denostado estancamiento funcional será añorado como el último limbo de una sensata estabilidad rutinaria.