Archivo ABC
ArchivoHemeroteca
ABC MADRID 06-02-2016 página 26
ABC MADRID 06-02-2016 página 26
Ir a detalle de periódico

ABC MADRID 06-02-2016 página 26

  • EdiciónABC, MADRID
  • Página26
Más información

Descripción

26 ESPAÑA SÁBADO, 6 DE FEBRERO DE 2016 abc. es espana ABC El juez ve indicios de criminalidad contra el exdelegado del Gobierno en Valencia Está acusado junto con otras 30 personas de amañar contratos de extinción de incendios D. MARTÍNEZ VALENCIA El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha levantado el secreto de la causa que investiga una presunta trama para amañar contratos públicos en el sector de la extinción de incendios forestales, con un auto en el que concluye que existen suficientes indicios de criminalidad contra los más de treinta investigados (imputados) entre los que figura el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano. El dirigente popular fue detenido el pasado mes de mayo una semana después de las elecciones autonómicas y municipales y puesto en libertad con cargos tras declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el territorio nacional. En la misma operación fueron detenidas otras nueve personas, incluido el gerente de Avialsa la concesionaria de la extinción de incendios en la Comunidad Valenciana Vicente Huerta, con quien Castellano había coincidido en varias cacerías. Las presuntas irregularidades se habrían cometido en la etapa de Castellano como consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana, departamento del que dependían los contratos investigados. El pasado 13 de enero la Policía practicó veinte nuevas detenciones, incluidos altos cargos de Bomberos y de la Generalitat de Cataluña, así como un ex alto cargo de Interior de la Generalitat valenciana. A todos se les impusieron las mismas medidas cautelares que a Castellano. Así, la causa suma treinta personas y veinte empresas investigadas por amañar supuestamente las adjudicaciones. Serafín Castellano, a su llegada a los juzgados de Sagunto en mayo del año pasado MIKEL PONCE Las claves del caso Serafín Castellano El exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana figura como investigado en la causa porque las presuntas irregularidades se cometieron durante su etapa en la Consejería de Gobernación, de la que dependía la extinción de incendios. Castellano coincidió en varias cacerías con el empresario adjudicatario. Bomberos catalán. También cayó un alto cargo de Gobernación valenciano. Pactar las ofertas De la instrucción se deduce que los empresarios detenidos se ponían de acuerdo para presentar ofertas similares a los distintos concursos, supuestamente con el conocimiento de algunos técnicos y políticos. Altos cargos catalanes Además del valenciano, se ha detenido a dos altos cargos autonómicos en Cataluña, así como a un responsable de Trama internacional Además de en España, la trama replicó su modus operandi en Italia y Portugal. tario general del PP valenciano la presunta trama no se circunscribe solo a la Comunidad Valenciana. De hecho, varios de los investigados son de Cataluña. Los registros policiales también se han practicado en Valencia, Baleares, Madrid, Extremadura, Cataluña y Andalucía. Las empresas sospechosas de pactar las ofertas antes de presentarlas actuaban en el ámbito autonómico, nacional e internacional la trama tenía ramificaciones en Italia y Portugal Tras ocho meses de instrucción la causa nace de la denuncia presentada en mayo de 2015 por la Fiscalía el juez de Sagunto decidió ayer levantar el secreto de sumario, una vez que ha podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto a los que existen indicios racionales de criminalidad Pactar precios Según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa está abierta por los presuntos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público En esencia, se sospecha que las empresas y los funcionarios investigados se pusieron de acuerdo para pactar los precios de las ofertas. Aunque el político de más alto rango detenido en la operación es el exdelegado del Gobierno en Valencia que fue hasta el verano de 2014 el secre- IMPUTADA EN LA OPERACIÓN TAULA Grau intentó que el PP pagara en negro a su mujer tras dimitir D. M. VALENCIA El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, intentó que el PP pagase un sueldo en negro a su mujer, la exconcejal María José Alcón, una vez que esta tuvo que dimitir en mayo por su implicación en el caso Imelsa trama de corrupción en la Diputación de Valencia, germen de la operación Taula Según han confirmado a ABC distintas fuentes conocedoras de los hechos, Grau se dirigió a sus excompañeros de Corporación el pasado mes de mayo él había dimitido en marzo, al dictarse el auto de procesamiento en el caso Nóos para reclamarles que compensasen la destitución de Alcón como asesora del equipo de gobierno con un sueldo en dinero negro. La insistencia del exvicealcalde llegó a tal punto que sus excompañeros incluso valoraron la posibilidad de detraerle parte del sueldo para asig- nárselo a su esposa, pero la posibilidad se desechó al señalarse el juicio oral por el caso Nóos. La petición llegaba después de que Alcón fuese destituida por aparecer en unas grabaciones que desvelaban supuestas mordidas en las adjudicaciones de contratos públicos desde la Diputación de Valencia que entonces presidía Alfonso Rus, detenido en esta operación. La negativa del PP sería la que habría motivado, según las mismas fuentes, que el exvicealcalde se llevase consigo el dinero de las donaciones para la campaña que, tal como desveló ABC, había gestionado hasta el momento.

Te puede interesar

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.