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26 ESPAÑA MIÉRCOLES, 13 DE ENERO DE 2016 abc. es espana ABC No hay precedentes de un juicio por delito fiscal sin que acuse Hacienda Fuentes jurídicas consultadas por ABC aseguran que no consta que con el criterio en contra de la Agencia Tributaria se haya juzgado a alguien por delito fiscal Es más, existen precedentes en los que la Fiscalía sí consideraba que un imputado había cometido delito fiscal y entonces acusaba, pero la Agencia Tributaria consideró que los hechos no eran constitutivos de ese delito y no acusó. ¿Cómo se resolvieron estos antecedentes? Prevaleció el criterio de la Agencia Tributaria y la Fiscalía retiró su acusación Iñaki Urdangarín y Doña Cristina, el lunes a su llegada a la sede del juicido del caso Nóos ÁNGEL DE ANTONIO Hacienda respalda al fiscal Horrach al no acusar a la Infanta La Agencia Tributaria nunca inculpó al socio de una empresa que no haya generado la renta P. MUÑOZ A. MARTÍNEZ- FORNÉS PALMA DE MALLORCA El informe de la Agencia Tributaria encargado por el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, sobre la posibilidad de acusar de delito fiscal al socio de una mercantil que no tiene papel alguno en ella es determinante: solo se denuncia como posibles responsables a las personas que, habiendo obtenido las rentas con criterios de individualización en IRPF, han evitado declararlas en su IRPF, utilizando para ello una sociedad instrumental En otras palabras: dado que las rentas declaradas a través de Aizoon las generó solo Iñaki Urdangarín, solo a él se le puede acusar de ese delito contra la Hacienda Pública. El documento, redactado por la jefa de la Unidad Central en materia de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública y al que ha tenido acceso ABC, es taxativo: En el caso de los delitos fiscales correspondientes a impuestos en los que el obligado tributario sea una sociedad, ya sea por IVA o por Impuesto de Sociedades, los socios de dichas sociedades que no tengan condición de administradores, ni ejerzan funciones de gestión en la sociedad no parecen tener encaje en ninguno de los supuestos de responsabilidad penal asegura. Además, en el caso de los delitos fiscales cometidos por personas físicas a través de la declaración en el Impuesto de Sociedades de rendimientos que debieran haberse de- clarado en su IRPF como presuntamente habría hecho Urdangarín los socios de la sociedad utilizada para esa defraudación que no tengan la condición de administradores, ni ejerzan funciones de gestión en la sociedad no parece tener encaje en ninguno de los supuestos de responsabilidad penal Es importante destacar que este informe no se pide para el caso concreto de Aizoon, sobre el que ya se pronunciaron en el mismo sentido los inspectores de Hacienda que hicieron las labores de auxilio judicial en el caso, y cuyo criterio fue orillado por el juez Castro, que prefirió abrazarse a las tesis del perito de la acusación popular: el ya famoso mercenario jurídico- tributario tal como se definió él mismo en su comparecencia ante el instructor. El nuevo informe de la Agencia Tributaria demuestra que este organismo actúa siempre de acuerdo con los mismos crite- rios, algo lógico en aras de la seguridad jurídica. Y también, de paso, que Doña Cristina y Ana María Tejeiro han sufrido un trato discriminatorio respecto a cómo se ha actuado hasta ahora. El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha recogido una y otra vez las tesis de la Agencia Tributaria, sin que el instructor, primero, y la Sala, después, acogiese sus argumentos aduciendo que la Infanta, al tener el 50 de las acciones de Aizoon, y por tanto una parte de control de la misma, podía haber evitado el delito. Pero para ello, Doña Cristina tenía que saber que los ingresos pro- cedían de actividades irregulares, lo que no está demostrado, y que se estaba utilizando esa sociedad para desgravar, lo que tampoco está acreditado. Hay que insistir, además, en que para Hacienda lo relevante es quién genera las rentas siempre que el otro socio no tenga papel alguno en la mercantil, lo que en el caso que nos ocupa fue declarado probado por la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Hay que añadir que el hecho de que se trate de un informe genérico sobre los criterios de la Agencia Tributaria, y no de Aizoon en concreto, refuerza la posición de Ana María Tejeiro, que tampoco es acusada de delito fiscal ni por el Ministerio Público ni por la Abogacía del Estado. Doctrina del Supremo Este informe solo se debatirá en el plenario si no se aplica la doctrina del Tribunal Supremo según la cual siempre que sea posible la personación de la acusación particular, la popular sola no es suficiente para sentar a alguien en el banquillo. En este caso, la acusación particular la ejerce la Abogacía del Estado. Fuentes jurídicas consideran que el tribunal hará pública su decisión sobre esta cuestión en unas tres semanas. Se trata de un asunto clave, porque si la Infanta y Ana María Tejeiro son exoneradas de este cargo, es probable que sus maridos, Iñaki Urdangarín y Diego Torres, los máximos responsables del Instituto Nóos, presenten al tribunal un escrito de reconocimiento de los delitos y paguen el dinero que se les exige para poder beneficiarse de la aplicación de algún atenuante que rebaje su pena. No obstante, dado el número de delitos de los que serían responsables, no podrían evitar su ingreso en prisión. De momento, ayer en la sala de juicios ambos mantuvieron una relación aparentemente fluida y cordial, una imagen que podría ser el preludio del acuerdo final entre ellos. Lo cierto es que les queda poco margen para decidir. Solo hasta el 11 de febrero. Pero antes ya sabrán el futuro penal de sus esposas. Acusación popular El juez Castro adoptó la tesis del mercenario jurídico- tributario que presentó Manos Limpias Un año de cárcel por pedir para Doña Cristina un tiro en la nuca S. E. BILBAO Publicar en Twitter mensajes en los que se justifica a ETA, se humilla las víctimas y se incita a acciones violentas, llegando a pedir un tiro en la nuca a la Infanta tendrá un coste para un joven bilbaíno de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta, pena que posiblemente no llegue a cumplir. Este es resultado del acuerdo que se alcanzó ayer en la Audiencia Nacional entre la defensa del acusado y la Fiscalía. Tras alcanzar este acuerdo, el abogado de la defensa, Kepa Landa, pidió al tribunal, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la suspensión de la pena con el argumento de que se cumplen los requisitos para ello que establece el artículo 82 del Código Penal, tales como no tener antecedentes y ser la pena inferior a dos años. La petición de suspensión de la pena ha contado con el visto bueno del fiscal, y la Sala lo resolverá en la sentencia de conformidad que dicte en los próximos días.