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ABC MADRID 16-12-2014 página 23
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC MARTES, 16 DE DICIEMBRE DE 2014 abc. es españa ESPAÑA 23 La Infanta Cristina ingresa 587.423 euros de fianza civil por el caso Nóos La consigna de esta cantidad no exime a la Duquesa de Palma de responsabilidad penal PERE BERNAT PALMA DE MALLORCA CASTELLÓN Archivan la causa contra Calatrava por el Centro de Convenciones ABC CASTELLÓN La infanta Doña Cristina remitió ayer por la mañana un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma informando de que ya ha ingresado los 587.423 euros de responsabilidad civil a título lucrativo que solicitó para ella el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en el caso Nóos, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El ingreso de esa cantidad no exime a la Duquesa de Palma de posible responsabilidad penal, ya que la suma solo pretende cubrir de forma cautelar las consecuencias económicas de su supuesta actuación delictiva. Cabe recordar que la hermana del Rey está imputada por dos delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2007 y 2008 y que el juez que instruye el caso, José Castro, aún no ha decidido si la sentará en el banquillo de los acusados. No obstante, Castro anunció que tiene previsto decidir antes de Navidad si abre juicio contra la Infanta como cooperadora necesaria de estos dos delitos fiscales. Esta suma representa la mitad de los fondos que ingresó de forma presuntamente ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin al 50 por ciento, y que supuestamente usaron en gastos de carácter doméstico. El Ministerio Público sostiene que Urdangarin defraudó a Hacienda 182.005 euros de IRPF en el ejercicio 2007 y 155.138 en el de 2008, utilizando Aizoon como sociedad pantalla interpuesta. Horrach solicitó esta fianza para Doña Cristina, aunque también con- El juez Castro, el pasado 1 de diciembre EFE Antes de Navidad Castro decidirá si abre juicio contra Doña Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos sidera que no se la puede procesar penalmente porque considera que no hay indicios para acusarla. También pidió que se le aplicase la denominada doctrina Botín amparándose para ello en elementales razones de justicia e igualdad con aquellos ciudadanos a quienes, por similares motivos, no han ido a juicio. Si el titular del bien jurídico supuestamente lesionado, la Abogacía del Estado, y el Ministerio Fiscal no ejercen la acción penal contra una persona determinada porque legítimamente consideran que no existe deli- to imputable a la misma, dicha legitimidad procesal no puede ser usurpada por un tercero no perjudicado concretó Horrach en alusión a la petición de prisión efectuada por el sindicato Manos Limpias, que considera que la doctrina Botín no es aplicable porque en este caso el dinero supuestamente defraudado es público y no privado. Por su parte, la Abogacía del Estado reclama a la Infanta una responsabilidad civil a título lucrativo de 168.571 euros, que se corresponde únicamente con la mitad de lo supuestamente defraudado por Urdangarin a Hacienda. El despacho de Miquel Roca ha solicitado al juez el sobreseimiento de la actuaciones contra la Infanta al haberlo pedido explícitamente la Fiscalía Anticorrupción y al no acusarla la Abogacía del Estado ni ninguna otra acusación particular. El Juzgado de instrucción número 5 de Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón, que se abrió contra siete personas, entre ellas el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la misma. Así, el juez, tras practicar lo que habían pedido las diferentes partes, ha decidido archivar provisionalmente la investigación por no existir pruebas de supuestos delitos, sino sólo indicios. El Centro de Convenciones era un proyecto de Santiago Calatrava que estaba incluido en el PAI Mestrets de Castellón. No obstante, la Generalitat Valenciana decidió dejar en suspenso su ejecución a causa de la crisis económica. El Consell pagó al arquitecto valenciano 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro. Además de Calatrava y la mercantil Santiago Calatrava GMBH figuraban como imputados en la causa, a, los entonces directores de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Eusebio Monzó y Nicolás Figueres; el director de la oficina de Calatrava en Valencia, Fernando Benzo; el técnico Ignacio Javier de Diego; la exdirectora de Grandes Proyectos de la Generalitat, Cristina Morató; y Javier Manso. Santiago Calatrava mostró ayer su satisfacción tras conocer la noticia y lamentó que su imagen haya sido utilizada por EUPV con fines claramente electoralistas

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