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20 PRIMER PLANO Redada contra la corrupción La operación judicial MARTES, 28 DE OCTUBRE DE 2014 abc. es ABC La trama saltó por los contratos de alumbrado de tres municipios Cofely, firma energética vinculada a los conseguidores se hizo con las adjudicaciones en solo unos meses CRUZ MORCILLO JAVIER CHICOTE MADRID Cofely ha resultado adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla. Este contrato, con una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros, tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40 en el alumbrado público y de más del 6 en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO 2 Esta información, vendida como un logro, figura en la web de la empresa Cofely, filial de la multinacional GDF Suez, y fue seguida con lupa por los investigadores de la trama de corrupción municipal y regional desmantelada ayer. La sede en Madrid de Cofely, dedicada a la gestión energética y medioambiental, fue registrada por la Guardia Civil, que detuvo a tres de sus directivos. El contrato de Parla, adjudicado el pasado 4 de julio y que ha provocado la detención de su alcalde socialista, José María Fraile, es un prototipo de cómo funciona la trama. Esta compañía fue la adjudicataria en los últimos meses de tres contratos millonarios con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como recoge su web. Los servicios que prestará Cofely continúa la nota de prensa engloban la gestión del suministro de la energía primaria (gasóleo, gas natural y electricidad) y el mantenimiento con Garantía Total de las instalaciones térmicas, eléctricas, semafóricas, de iluminación de los edificios municipales y del alumbrado público. Son objeto del contrato, un total de 92 edificios, 154 centros de mando y 10.348 puntos de luz del alumbrado público, así como 51 cruces semafóricos Las cifras evidencian el tipo de ambiciosas concesiones que estaban en juego, obviando claro está que mediaran comisiones a cambio. Antes de Parla, ya había pasado por caja el Ayuntamiento de Valdemoro, y su alcalde del PP, que adjudicó a la misma empresa la concesión del alumbrado público por un periodo de 25 años, justificando la elección de dicha compañía en sus servicios para reducir la contaminación lumínica. Un tercer contrato a otro ayuntamiento está siendo investigado y aún no han trascendido los detalles, aunque fuentes policiales sí matizan que también es de una cuantía elevada. Amigos íntimos La elección de esta empresa en los contratos públicos (hay otras implicadas) de servicios se produce de la mano de los conseguidores de la trama: los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca. El primero es amigo de la infancia de Francisco Granados, de quien siempre ha ido de la Las cifras de la macrooperación Agentes llegan a la Audiencia Nacional con documentación DAVID FERNÁNDEZ WHITE PRESS 51 DETENIDOS E IMPUTADOS 250 MILLONES 11 DELITOS Los calabozos de la Guardia Civil, repletos El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de 37 personas e imputó a otras 14. El magistrado tomará declaración en los próximos días a los arrestados en Madrid Murcia, León y Valencia. Además de Francisco Granados, fueron capturados el actual alcalde de Valdemoro, el concejal de Hacienda y otros dos funcionarios, así como los alcaldes de otras cinco localidades madrileñas. Junto a ellos también lo fueron un empresario íntimo amigo de Granados, y uno de los dos conseguidores de la trama, David Marjaliza, y Alejandro de Pedro Llorca, que posee sociedades en Valencia. En León, la Guardia Civil detuvo en su despacho del Palacio de los Guzmanes al presidente de la Diputación, Marcos Martínez, y en Murcia fueron arrestados el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso; la directora general de Turismo, el secretario del Instituto de Turismo y el jefe del gabinete del consejero. El dinero público se malversó en dos años La Fiscalía Anticorrupción cifra en 250 millones de euros el monto total de las adjudicaciones irregulares de contratos de suministros públicos y obras durante los dos últimos años. A cambio de esas concesiones, los políticos recibían de las empresas una comisión de entre el 2,5 y el 3 por ciento destinada a su enriquecimiento personal. En el epicentro de la trama se sitúa Cofely, filial española de GDF Suez, una multinacional francesa dedicada a la eficiencia energética y medioambiental, cuya sede en Madrid fue registrada durante varias horas y tres de cuyos directivos fueron detenidos en la operación. Esta compañía fue la adjudicataria del alumbrado público de Valdemoro por 25 años y el pasado mes de julio firmó el mismo convenio con el Ayuntamiento de Parla. Al parecer, el resto de municipios implicados también contrataron sus servicios. Tanto Marjaliza como De Pedro estarían relacionados con esa empresa. El catálogo completo de una trama corrupta En las diligencias abiertas por el juez aparece el catálogo de delitos típico de una trama de corrupción al uso, encabezada por el blanqueo de capitales, es decir, el lavado de dinero obtenido de forma ilícita. Además, se detallan otra decena: falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal. En la información que ha trascendido no se individualizan delitos; es decir, hay algunos que solo pueden haber sido cometidos por funcionarios públicos (los políticos y funcionarios de la trama) que habrían facilitado información privilegiada y luego adjudicado obras y concesiones; otros que serían propios de los adjudicatarios, e incluso uno como el de revelación que presuntamente habría cometido un guardia civil cercano a Granados.