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32 ECONOMÍA El escándalo de las tarjetas B MARTES, 21 DE OCTUBRE DE 2014 abc. es economia ABC Blesa fracasa en su intento de que el seguro de Caja Madrid pague su fianza Rato pide al juez que aclare si su fianza incluye el dinero gastado con tarjetas en su etapa y ya devuelto MONCHO VELOSO MADRID Miguel Blesa cuenta cada vez con menos alternativas para evitar el embargo judicial de sus bienes. El expresidente de Caja Madrid pidió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que requiera a Mapfre, compañía aseguradora con la que la entidad financiera le suscribió una póliza de responsabilidad civil, que pague la fianza de 16 millones de euros que le impuso por su implicación en el escándalo de las tarjetas B El magistrado ha rechazado esa solicitud. El exbanquero trató de defender el pasado jueves en sede judicial la legalidad de los gastos personales que 83 exdirectivos de Caja Madrid y de Bankia cargaron con visas opacas a las cuentas del grupo. El magistrado, lejos de creer su versión, apuntó a él y a su sucesor en Bankia, Rodrigo Rato, como responsables de ese sistema de retribuciones encubiertas. Así, al primero le requirió una fianza de 16 millones y de tres al segundo. Solo un día después, el abogado de Blesa, Carlos Aguilar, presentó esa solicitud en el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia, adjuntando el mencionado seguro que Caja Madrid, como hacen habitualmente otras compañías, hizo a sus altos cargos para protegerles frente a posibles demandas por errores en su gestión y las consecuencias de estas. Andreu, en una providencia dictada ayer, se niega a requerir esa cantidad a Mapfre, y recuerda a Blesa las condiciones que fijó en el auto que dictó la pasada semana, en el que le emplaza a depositar esa fianza mañana miércoles a más tardar. De no hacerlo, se pondrá en marcha el embargo de su patrimonio. Esa medida cautelar es a título nominativo, es decir, que debe ser el propio Blesa quien la formalice en la Audiencia bien en forma de cheque, bien con bienes liquidables o avales bancarios. Blesa sí podría recurrir a esa póliza para abonar la fianza, pero tendría que ser él quien contacte con Mapfre para activarla, y no requerir que lo haga el juez en su nombre. Ahora bien, los seguros de responsabilidad civil para directivos (cono- cidos en el sector asegurador como D O, abreviatura del término inglés directors and officers únicamente protegen al asegurado frente a demandas derivadas de errores en la dirección y la gestión, no en caso de delitos. Pero como en este caso todavía no se ha abierto la fase de juicio oral ni hay una condena en firme, Mapfre podría verse obligada a adelantar esa fianza en base a la presunción de inocencia, y requerir a Blesa su devolución en el supuesto de que al final del proceso sea declarado culpable. El antecedente: Mario Conde Fuentes del sector recuerdan al respecto que en 1996 Mario Conde intentó sin éxito abonar también la fianza que se le impuso por su responsabilidad en el caso Banesto mediante su seguro con la compañía La Unión y el Fénix. En cualquier caso, este tipo de pólizas suelen hacerse a medida de cada directivo y la letra pequeña varía mucho de un contrato a otro. Mapfre declinó hacer comentarios sobre este asunto. La pretensión de Blesa de hacer valer esa póliza es un intento más por evitar que la Justicia empiece a embargarle a partir de mañana sus bienes (salarios y otros ingresos regulares, pisos, vehículos, acciones) para cubrir la máxima cantidad posible de esos 16 millones que debe depositar como responsable de los cargos hechos con esas tarjetas de crédito en negro durante su mandato en Caja Madrid. De hecho, el mismo día que su abogado hacía esa petición respecto al seguro con Mapfre en el juzgado, Blesa admitía que no dispone de liquidez, bienes y avales suficientes para cubrir la cuantía que se le exige en esa medida cautelar y asumía la incautación de su patrimonio. En mayo del año pasado el expresidente de Caja Madrid logró reunir 2,5 millones de euros para salir de prisión provisional, que había decretado el juez Elpidio José Silva por la concesión supuestamente irregular de un crédito al empresario Gerardo Díaz Ferrán y la compra por Caja Madrid de City National Bank of Florida a un precio presumiblemente inflado. Pero ya entonces a Blesa, que en los últimos años al frente de Caja Madrid llegó a cobrar más tres millones de euros anuales, le costó lograr esa cifra. Blesa es uno de los tres imputados por el caso de las visas ÁNGEL DE ANTONIO El seguro cubre errores de gestión, pero no delitos Las pólizas de responsabilidad civil que suscriben las empresas para sus consejeros y directivos, como las que tenía la cúpula de Caja Madrid con Mapfre, aseguran a estos frente a las demandas de accionistas, empleados y acreedores por errores en la gestión, pero no ante delitos. En concreto, la aseguradora indemnizaría en caso de una sentencia por una gestión deficiente de la sociedad, una mala inversión o decisión de compra o venta de activos, competencia desleal, falta de supervisión y acoso laboral, por ejemplo. Estas pólizas han aumentado con la crisis, que ha generado un mayor número de demandas. En 2012, según el VI Estudio sobre el Mercado Español de Seguros de D O de Marsh, alcanzaron los 36.268 contratos, con una prima media de 4.018 euros. Además, esas denuncias se formulan cada vez más de forma nominal contra directivos concretos en vez de forma colectiva al consejo de administración. A la espera del recurso Una de las últimas esperanzas para Blesa es que prospere el recurso que presentará contra la medida, aunque el juez Andreu ya ha avisado de que ese recurso no paralizará los plazos de la fianza, y si Blesa no deposita mañana la cantidad que se le requiere será embargado. Rato también recurrirá, aunque en su caso sí ha logrado juntar los tres millones de su fianza y los abonará. Ahora bien, el exvicepresidente del Gobierno ha pedido a Andreu que le aclare si esa cantidad incluyen los 197.459,48 euros gastados bajo su mandato por él y otros tres exdirectivos y que ya han devuelto a Bankia. El juez ya trabaja con los registros de Bienes Muebles, el Mercatil y el de la Propiedad, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria en el inventario del patrimonio de ambos para determinar los posibles bienes a incautarles.