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ABC MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 abc. es PRIMER PLANO 19 La respuesta del TC La Ley frena a Artur Mas Con publicidad La providencia de ayer ordena publicar la decisión del TC en el BOE y en el Diario Oficial de la Generalitat resolución obedecía a que el TC es consciente de la trascedencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto, y en particular para la catalana según una nota del Pleno. La admisión de los recursos fue un mero trámite: solo algún defecto formal habría motivado su inadmisión. No fue el caso: los escritos iban acompañados del dictamen del Consejo de Estado y de la autorización del Consejo de Ministros para que el presidente del Ejecutivo pudiera recurrir. A partir de ese momento ya entraba en juego el artículo 161.2 de la Constitución, según el cual la impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida durante cinco meses. Ahora, gobierno autonómico y Parlamento catalán disponen de quince días para personarse en el recurso presentado contra ley (veinte en el caso del recurso contra el decreto) para formular las alegaciones que consideren oportunas. En la providencia dictada ayer, el Pleno ordena comunicar su decisión a los presidentes del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de la Generalitat y publicarla tanto en el BOE como en el Diario Oficial de la Comunidad. La sede del Tribunal Constitucional fue ayer objeto de una gran expectación mediática Ó. DEL POZO El TC justifica su celeridad en la trascendencia para la Nación Cualquier acto derivado de la ley suspendida ya podría motivar la intervención del fiscal por desobediencia N. VILLANUEVA MADRID En algo más de una hora despachó ayer el Pleno del Tribunal Constitucional la admisión a trámite de los recursos presentados por el Gobierno contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9 de noviembre aprobado por Artur Mas. A partir de las ocho menos cuarto de la tarde ambas normas quedaban suspendidas de forma automática, lo que significa que si el presidente de la Generalitat o miembros de su gobierno deciden llevar a cabo algún acto relacionado con ellas podrían incurrir en un delito de desobediencia previsto en el artículo 410 del Código Penal: las autoridades o funcionarios públi- cos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años Al filo del mediodía, cuando no había pasado una hora desde que la Abogacía del Estado registrara las impugnaciones en la sede del TC, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, convocaba a los magistrados a un Pleno extraordinario a las seis y media de la tarde. La decisión de no demorar esta Sin bloques ideológicos El TC todavía no ha puesto fecha para la deliberación del recurso contra la ley de consultas. Hasta dentro de unas semanas no entrará en el fondo del asunto, es decir, en la constitucionalidad o no del referéndum encubierto de Mas. El esfuerzo de los magistrados hace apenas unos meses por mostrarse unidos ante la que fue la primera piedra de este desafío al Estado la declaración soberanista podría repetirse también en este caso con un portazo a las pretensiones secesionistas del presidente de la Generalitat. Cinco razones para anular el 9- N Un referéndum encubierto Cataluña puede celebrar consultas populares en virtud de su Estatuto, pero no una como la del 9- N, pues, a juicio de la Abogacía y del Consejo de Estado, es un referéndum consultivo en toda regla. Solo el Gobierno tiene la posibilidad de convocar un referéndum de estas características. Titular de la soberanía La celebración del 9- N supondría reconocer a una fracción del pueblo español una capacidad que excede de las competenncias autonómicas: se llama a los catalanes a decidir sobre una cuestión (la constitución de Cataluña como Estado independiente) que afecta a todos los españoles. Decisiones trascendentes El artículo 3.1 de la Ley de Consultas está formulado en términos tan genéricos que tales consultas podrían llegar a alcanzar a aquellas decisiones políticas de especial trascendencia que son objeto del referéndum consultivo que la Constitución Española reserva al Gobierno de la Nación. Administración Cesión de datos electoral paralela para el censo La relación de personas legitimadas para participar en las consultas populares contenida en el artículo 5.1 de la ley tampoco se acomoda a la ley del régimen electoral. Se inventan su propio censo y crean una administración electoral paralela lo que es también inconstitucional. La cesión de datos personales (desde el padrón municipal de los ayuntamientos) a la Comunidad Autónoma sin consentimiento de los interesados (lo que prevé la ley de consultas) no se incardina en lo dispuesto ni en la ley de bases del régimen local ni en la ley de Protección de Datos.