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12 OPINIÓN HORIZONTE PUEBLA MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 abc. es opinion ABC RAMÓN PÉREZ- MAURA MISERIA POLÍTICA Así solo habrá dos tipos de políticos: los ricos por su casa y los que van a la política a enriquecerse ilegalmente ISCULPEN mi contumacia, pero la hipocresía que rodea a las retribuciones de los cargos públicos me parece extremadamente dañina para la democracia española. Y el afán de presentar a nuestra clase política como vividores que llegan a los cargos públicos para hacerse ricos sería risible si no fuera por lo patético del caso. Tengo fresca en la memoria una conversación, el pasado 25 de julio, con un alto cargo que acababa de dejar su puesto. Tenía derecho a las condiciones de retiro de un ministro. Me confesó que había renunciado a ese beneficio casi sin dudarlo. Primero porque tenía que tomar la decisión definitiva en muy pocos días después de cesar en sus funciones. Segundo porque estaba obligado a mantener ese estatuto durante dos años completos, sin poder renunciar a él una vez que se había aceptado. Tercero porque durante ese tiempo no podía cobrar ninguna retribución de ningún otro sitio. Y aunque no me dio una cuarta razón, estoy seguro que el hecho de que todos esos condicionantes fueran para embolsarse el 80 por ciento de los emolumentos de un ministro era una magnífica razón para olvidarse de esa gracia del Estado y salir al mercado a buscarse la forma de ganarse la vida. En estos días hemos visto cómo se destaca en los medios el hecho de que el dimitido Alberto Ruiz- Gallardón vaya a acogerse a su estatuto de expresidente de la Comunidad de Madrid, lo que le da derecho a formar parte del Consejo Consultivo de la autonomía, organismo público ideado por la liberal Esperanza Aguirre. Como miembro de esa institución Ruiz- Gallardón recibirá una retribución equivalente a la que perciben los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad: unos 8.500 euros, que tras la vista a Ca Montoro, se quedan en unos 5.500. ¿Eso es mucho o poco? Pues depende de con quién se compare. Si lo hacemos con un maestro de escuela, es una fortuna. Si lo comparamos con lo que un fiscal de carrera, tras pasar por los más altos cargos de la administración pública, podía llevar ganando los diez últimos años en Cuatrecasas, Pérez- Llorca o Uría Menéndez, probablemente es una minucia. Somos un país en el que primero se pide a nuestros políticos la heroicidad de estar entre los peor pagados de la Unión Europea mientras ejercen, después tienen incompatibilidades mal retribuidas cuando dejan el cargo, y al fin reciben descalificaciones públicas cuando pueden acogerse a alguna discreta canonjía a la que tienen derecho un puñado de ellos. Sigamos así y nos encontraremos en los cargos públicos solo dos tipos de políticos: los que son ricos por su casa vade retro, Satanás, dirá la izquierda y los que vayan a la función pública a enriquecerse ilegalmente. Porque con los niveles actuales de retribución, para las personas brillantes el ejercicio de la política requiere vocación de heroicidad. Y el heroísmo no es exigible. A nadie. D COSAS MÍAS EDURNE URIARTE NO BASTA CON LA LEY La responsabilidad de los problemas de legitimidad también está en el propio Gobierno y en el PP P UES no, no basta con la ley para responder a la ilegalidad del nacionalismo catalán. Y no solo por la obviedad de que ese nacionalismo lleva años saltándose la ley en materias diversas sin que nadie lo remedie, comenzando por los jueces y fiscales. Además, porque la ley sin una fuerte legitimidad tiene una eficacia limitada en los conflictos políticos. Y legitimidad no es exactamente lo mismo que legalidad, aunque a veces se confundan. Además de tal legalidad, la legitimidad significa un fuerte apoyo a la ley que se construye con discurso y acciones políticas. Y este es el problema que es necesario abordar a partir de las medidas legales que ha puesto en marcha el Gobierno. El problema de la insuficiente legitimidad y del débil discurso político. Por dos tipos de motivos, el primero, el más importante, atribuible a la izquierda intelectual y al PSOE, y el segundo, al Gobierno y al PP. El motivo más importante se llama teoría de los dos culpables o de los dos lados. Para entenderlo, remontémonos a la lucha antiterrorista, aunque este asunto sea radicalmente distinto. Durante muchos años, la debilidad de la lucha contra el terrorismo no estuvo en la falta de eficacia policial, ni estuvo en la propia ley, a pesar de las lagunas que se solucionaron con el tiempo. El problema estuvo en la legitimidad insuficiente para ese trabajo policial y para la aplicación de la ley. Porque había muchos en la izquierda política e intelectual que insistían en el discurso de los dos lados, en la idea de que algo había que ofrecer a los terroristas para que dejaran de matar, porque no había otra manera de acabar con sus crímenes, y porque el Estado, decían, tenía una parte de responsabilidad en la existencia de ese terrorismo. Ahora dicen exactamente lo mismo de las ilegalidades del nacionalismo catalán. Su extremismo y su burla a la ley estarían motivados en parte por la actitud inmovilista del Gobierno o por lo que llaman anticatalanismo de la derecha. Es decir, tan culpables serían los que se saltan la ley y la Constitución como los que quieren aplicar la ley y respetan la Constitución. Y con una buena parte de la izquierda periodística e intelectual en ese discurso de los dos culpables, es bien difícil dotar de una fuerte legitimidad a la aplicación de la ley. ¿Cómo hacerlo si los propios líderes intelectuales cuentan a los españoles que el Gobierno y la derecha son responsables de las barbaridades cometidas por Mas y los suyos? Y, de forma algo más matizada, el PSOE contribuye a lo anterior cuando ofrece lo que llama una reforma federal a los que se saltan la ley, en premio a su comportamiento antidemocrático e ilegal. Pero la responsabilidad de los problemas de legitimidad también está en el propio Gobierno y en el PP. Precisamente por remitirse exclusivamente a la ley, por minimizar el discurso político, con la idea de que tal cosa servirá para aplacar la agresividad de los nacionalistas. Cuando lo que consigue es estimular tal agresividad a partir de lo que los nacionalistas consideran una actitud de debilidad. Y, sobre todo, consigue, provoca, las dudas, el desánimo, la falta de entusiasmo de esa mayoría de españoles, entre ellos una buena parte de los catalanes, que desean fuerza política y movilización contra el extremismo antidemocrático y la ilegalidad. Para arreglar eso, no basta la ley, se precisan discurso y movilización.