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6 ENFOQUE MARTES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 abc. es ABC Por la Democracia Por su interés como documento y ante la relevancia del recurso contra la consulta soberanista convocada por la Generalitat, reproducimos íntegra la declaración institucional emitida ayer por el presidente del Gobierno Nada ni nadie puede romper la soberanía única e indivisible en que se basa nuestra convivencia C OMO saben, comparezco ante ustedes para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros que con carácter extraordinario se ha reunido esta mañana. Después de analizar los dictámenes solicitados al Consejo de Estado, el Gobierno ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Consultas no refrendatarias aprobada por el Parlamento de Cataluña y contra el decreto de la convocatoria de la consulta para el 9 de noviembre firmado por el presidente de la Generalitat. Como saben ustedes, si se admiten a trámite por el Tribunal los dos recursos, queda automáticamente suspendida la vigencia, tanto de la ley como del decreto, según dispone el artículo 161.2 de nuestra Constitución. No voy a reiterar ante ustedes los argumentos que se exponen en los recursos y que debe valorar el Tribunal. Los conocen de sobra. La consulta que se pretende llevar a cabo, ni por su objeto ni por el procedimiento seguido, es compatible con la Constitución Española. La decisión de hoy es coherente con lo que el Gobierno ya había anticipado desde el día 12 de diciembre del pasado año, cuando comparecí yo aquí en esta misma sala. Fue entonces cuando el presidente de la Generalitat anunció su decisión de convocar un referéndum de autodeterminación. El mismo día fijamos la posición del Gobierno, que, como es evidente en un asunto de estas características, no ha sido modificada. Siempre dijimos que esa consulta no se iba a celebrar porque atenta directamente contra la Constitución. Venimos insistiendo en ese mismo argumento todas y cada una de las veces que se ha planteado el asunto. Y hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de todos los españoles. La consulta de autodeterminación que pretende convocar el Gobierno de la Generalitat es abiertamente contraria a nuestra Constitución, que en el primero de sus artículos consagra que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía reside en el pueblo español en su conjunto y una parte de él no puede tomar decisiones sobre lo que afecta a todos. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española y, por tanto, cualquier intento de disolverla es radicalmente contrario a la Constitución. Y ciertamente la Constitución es reformable, pero la consulta pretendida no encaja, en modo alguno, en los procedimientos que la propia Constitución establece para su reforma. Es falso que el derecho a votar y a decidir sea un derecho que se pueda atribuir unilateralmente una Comunidad, negándoselo al resto de la nación. Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien: el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado. El problema es que quien esgrime estos argumentos en la realidad le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español. La consulta es profundamente antidemocrática: el derecho que pretende dar a algunos se lo está sustrayendo a todos los demás. Jurídicamente hablando, el Gobierno no puede ni debe hacer otra cosa distinta de la que hoy hace y, desde un punto de vista estrictamente político, tampoco cabe obrar de otra manera. No hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna, que pueda romper ese principio de soberanía única e indivisible sobre el que se basa nuestra convivencia. Dicho de otra manera, no hay nada ni nadie que pueda privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país; sin embargo, esa y no otra es la consecuencia práctica de la consul- ta convocada por la Generalitat. El Gobierno, por lo tanto, está obligado a recurrir en defensa de la Constitución, que es tanto como recurrir en defensa de las libertades y los derechos de todos y cada uno de los españoles, incluidos los ciudadanos de Cataluña. A ellos y a sus derechos también estamos defendiendo con este recurso. Quiero recordar que la posición del Gobierno se ha visto avalada política y legalmente por una incuestionable mayoría del Congreso de los Diputados, así como por el propio Tribunal Constitucional en su sentencia del pasado 24 de marzo. Permítanme que me extienda ahora algo más en la argumentación porque, además de recurrir, debemos explicar con meridiana claridad lo que implica este desafío. Lo primero que quiero decir es que con este recurso defendemos la vigencia de la Ley democrática. La Ley no es un corsé, ni una restricción contra la libertad. Es todo lo contrario: la Ley es garantía de igualdad, de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Es la garantía de la seguridad de todos. La Ley no es un capricho del Gobierno, ni de éste ni de ningún otro. La Ley es la expresión de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y, por eso, el principal cometido de un Gobierno es defenderla: cumplirla y hacerla cumplir. No es admisible, como hacen algunos, contraponer ley a democracia, porque sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos y sin ley tampoco hay política. A nadie se le impide ni hablar ni expresar su voluntad. Felizmente, los españoles llevamos haciéndolo desde hace décadas. Pero lo que se no se puede permitir es que la voluntad de una parte prive de sus derechos al conjunto. Las leyes se pueden cambiar, pero siempre por los cauces democráticos establecidos. Quien desee modificar esta situación tiene toda la li-