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ABC MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 abc. es españa ESPAÑA 23 Decisión meditada Hace un par de meses La Moncloa ya comunicó al ministro que abría un periodo de reflexión Un encargo directo Mariano Rajoy encargó personalmente a Gallardón que reformara la ley Aído. Era una promesa electoral y contra el decreto de convocatoria del referéndum ilegal. Y es que el hecho de que el anuncio de la posible paralización de la ley del aborto se haya producido precisamente en estos días ha caído como un jarro de agua fría en el Ministerio. No se puede decir que Ruiz- Gallardón se haya enterado de las reticencias de Rajoy para sacar adelante esta reforma por los medios de comunicación, porque hace ya un par de meses que La Moncloa abrió un periodo de reflexión sobre la oportunidad política de sacar adelante la ley. Lo hizo precisamente apenas unos días después de que el ministro pusiera (de nuevo) fecha a su aprobación por parte del Consejo de Ministros. El verano no acaba hasta el 21 de septiembre dijo Gallardón. Sondeos internos A día de hoy al Ministerio de Justicia no le consta que ese periodo de reflexión se haya resuelto con la negativa a aprobar la reforma, pero todo apunta a que va a ser así. Un estudio electoral interno en el seno del PP achaca a este controvertido asunto los malos resultados del partido. No hay duda de que se trata un tema espinoso y más de convicciones éticas que políticas, como demuestran las discrepancias que se han puesto de manifiesto incluso dentro del partido. Presidentes autonómicos, como el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o diputadas como Celia Villalobos no han dudado en manifestarse en contra de la reforma, pese a los matices del nuevo texto que Gallardón iba a llevar al Consejo de Ministros. Aunque en teoría seguía contemplando solo dos supuestos en los que la mujer podía poner fin a su embarazo, el de violación y el de grave peligro para la salud física o psicológica de la madre, en la prác- tica este último supuesto acogía de forma indirecta el de malformaciones que sí estaba previsto en la ley de 1985. Teniendo en cuenta que el nuevo texto era menos restrictivo que el borrador del pasado diciembre, y que recogía en gran medida sugerencias de una treintena de informes, surgen varias incógnitas: ¿había verdadera voluntad por parte del Gobierno de sacar adelante esta reforma? ¿No se sabía ya desde el principio el coste político que la misma podía tener para el partido? ¿Se aventuró el ministro a poner fecha a su ley sin el visto bueno de Rajoy? ¿Asume el Gobierno el malestar de buena parte de su electorado que confió en esta reforma? Para el jefe del Ejecutivo, esta ley constituía también uno de los ejes de su legislatura, y prueba de ello es que fue uno de los principales encargos que hizo al ministro de Justicia: reformar la ley Aído. A Ruiz- Gallardón, por su parte, no le resultó difícil promover esta reforma porque creía en ella recuerdan fuentes de su Departamento. Apenas una semana después de aprobarse el anteproyecto, en una entrevista con ABC, Gallardón calificaba el anteproyecto como la ley más progresista del Gobierno y uno de los dos logros más importantes (junto con la ley de Educación) de lo que llevamos de legislatura Hemos hecho algo sin precedentes en las últimas décadas en Europa: acabar con el mito de la presunta superioridad moral de la izquierda sostuvo en estas páginas. Las primeras reacciones a la posible retirada de la ley no se hicieron esperar ayer dentro de las filas populares. La presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, Lourdes Méndez, aseguró que le cuesta mucho creer que el Gobierno dé marcha atrás, pues se trata de una cuestión medular para el partido. Tampoco cerró la puerta a la reforma el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien recordó que el Ejecutivo todavía no se ha pronunciado. De la misma forma, el portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, recordó que los compromisos electorales están para cumplirlos El Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo MATÍAS NIETO RECURSO CONTRA LA LEY DE PLAZOS Cuatro años para debatir la ley Aído en el TC N. V. MADRID Cuatro años después de que el Partido Popular recurriera la ley de plazos del aborto, conocida como la ley Aído, el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse al respecto. El pasado mes de abril, el órgano de garantías informó a IU de que la ley estaba pendiente de señalamiento para votación y fallo Hasta hoy. Lo cierto es que el TC esperaba no tener que resolver sobre este polémico asunto. En pleno debate político no eran pocos los magistrados que consideraban que debatir sobre la ley vigente, con una reforma en ciernes, sería una injerencia Argumentaban que no tenía sentido someter la normativa a controversia si iba a ser sustituida por otra. Lo cierto es que sin desistimiento, es decir, sin que el Grupo Popular hubiera retirado su recurso, el asunto estaba vivo y el TC tendría que haber entrado a resolver de igual forma. tege la vida con la relevancia a la que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no solo es condición para la vida independiente en el claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma Esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma señaló el órgano. Derecho a la vida También los motivos que el Grupo Popular esgrimió en su recurso contra la ley Aído fueron introducidos en el borrador que Rajoy se plantea retirar. En su escrito, el PP señalaba que al legalizar el aborto libre en las 14 primeras semanas, como establece esa ley aunque en algunos supuestos se llega a las 22 semanas el Estado renuncia a su obligación constitucional de proteger al no nacido, al asumir como propia la decisión de la madre y no exigirle al menos una razón objetiva que justifique el sacrificio Además, esta posibilidad de interrumpir el embarazo sin ningún tipo de limitación resulta incompatible con el artículo 15 de la Constitución que reconoce el derecho a la vida. Otro de los puntos del recurso hace alusión al hecho de que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno. A juicio del PP supone una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones, e ignora las responsabilidades que son inherentes a la patria potestad. En el tejado del presidente Videoanálisis de las consecuencias de la retirada de la ley del Aborto 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Bajo el lema No más plazos sin cumplir. Derogación del aborto ya la plataforma Derecho a Vivir convoca para este domingo la V Marcha por la Vida. La manifestación saldrá a las 12 horas desde la Gran Vía hasta la glorieta de Ruiz Giménez recorriendo la calle San Bernardo por delante del Ministerio de Justicia. La competencia de incorporar el asunto al Pleno es exclusiva de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, que tomó posesión en junio de 2013. Tampoco su antecesor, Pascual Sala, llevó el tema a discusión. Si se confirma la paralización de la ley de Gallardón, el TC, de mayoría conservadora, no va a tener más remedio que pronunciarse. Lo hará sobre la ponencia del magistrado Andrés Ollero, que avala el recurso del PP. No será la primera vez que el TC debate el asunto: el 11 de abril de 1985, con motivo de la ley de supuestos aprobada por el Gobierno socialista y que estuvo vigente en España hasta la ley Aído, el Constitucional puso los cimientos del anteproyecto hoy cuestionado. Si la Constitución pro-