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20 ESPAÑA SÁBADO, 26 DE JULIO DE 2014 abc. es españa ABC España podía detenerlos y también juzgarlos El artículo 17.2 de la Convención de Viena, cuya aplicación es meridiana para el TS, indica que todo Estado parte (del tratado) que tenga motivos razonables para sospechar que una nave de su pabellón, o que no enarbole ninguno, está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar asistencia de otras Partes a fin de poner término a esa utilización Los apartados 3 y 4 de este artículo supeditan la intervención del Estado a la autorización del país en cuestión. En este caso Sierra Leona dio el visto bueno. Esto implicaba, según el Supremo, que España no solo podía deternerlos, sino también juzgarlos. Gómez Bermúdez fue uno de los primeros en archivar una causa de narcobarcos tras la reforma del PP JAIME GARCÍA El TS abronca a la Audiencia por precipitarse al liberar a los narcos Los quince magistrados coinciden en que la interpretación de la Sala Penal fue errónea NATI VILLANUEVA MADRID Críticas unánimes La postura del Pleno Una aplicación fue prematura meridiana Los magistrados del Supremo creen que la Audiencia Nacional se precipitó al avalar el archivo de la causa contra los narcos: La postura del auto recurrido es prematura, incluso aceptando hipotéticamente su tesis interpretativa La aplicación de la Convención de Viena aparece meridiana, puesto que se trata de un delito cometido a bordo de una nave abordada en aguas internacionales La decisión de excarcelar a los narcotraficantes apresados en aguas internacionales fue prematura aun aceptando una interpretación restrictiva de la reforma de la justicia universal. Así lo consideran los quince magistrados del Tribunal Supremo que por unanimidad corrigieron a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el martes, obligando a sus jueces a dictar órdenes de detención internacional contra medio centenar de delincuentes. Aunque el fallo del Supremo ya se había hecho público, no fue hasta ayer cuando se notificó la sentencia en la que la Sala Segunda expone los argumentos que le han llevado a aceptar el recurso de la Fiscalía y, como consecuencia de ello, a desautorizar a la Audiencia. Los magistrados señalan que los trece jueces de la Audiencia hicieron una interpretación errónea de la reforma aprobada en febrero, cuando vincularon dos apartados del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (referido a la justicia universal) como si fueran complementarios cuando en realidad son distintos y autónomos El apartado d) de ese precepto se refiere a los delitos cometidos en los espacios marítimos cuando haya tratados internacionales que respalden esa actuación. Tenían que haber investigado más Concluir que no hay indicios de que estos hechos (el tráfico de drogas) se iba a consumar en España es prematuro Habría exigido alguna diligencia de investigación añadida Reproche al legislador Hay que poner de manifiesto lo confuso de tal regulación, lo que ha originado que las líneas interpretativas en esta materia, tan sensible en el ámbito internacional, no se hayan producido con la deseable claridad juez Gómez Bermúdez de forma precipitada y sin practicar todas las diligencias de investigación necesarias. Concluir que no hay indicios de que estos hechos se realicen con miras a su comisión en territorio español es una decisión que debe calificarse de prematura. A nuestro juicio, la fijación del lugar (del desembarco) en el que el delito debía consumarse o producir efectos hubiera exigido alguna diligencia de investigación añadida Más aun teniendo en cuenta datos como que este barco (con pabellón de Sierra Leona, ocho narcos sirios y 15.000 kilos de hachís) fondeó en el puerto de Málaga, recibió órdenes de navegar con destino a Ceuta o que desde el teléfono de la embarcación contactó con siete teléfonos móviles en España. Son datos que no permiten descartar, con la rotundidad que lo hace el auto recurrido, que el delito de tráfico de hachís se iba a ejecutar en territorio español Espacios marítimos En cualquier caso, el Supremo recuerda que no es este apartado el que tenía que haber aplicado la Audiencia, sino el d) que se refiere claramente al tráfico de drogas en espacios marítimos y su persecución en virtud de los tratados internacionales suscritos por España con independencia del destino de la droga. En este sentido, la Sala subraya que la aplicación de la Convención de Viena aparece meridiana El Estado español es competente para el abordaje, inspección y detención de los tripulantes de cualquier embarcación que enarbole el pabellón de otro Estado cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre Por contra, el apartado i) alude al tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas siempre que el procedimiento se dirija contra un español o cuando estos delitos se ejecuten dentro de un grupo criminal con miras a su comisión en territorio español La Sala Penal erróneamente se fijó en este último apartado para descartar la competencia de España en la investigación de estos hechos, pues consideró que nuestro país no puede actuar si la droga no tiene como destino España. El Supremo reconoce que la nueva regulación de la justicia gratuita es confusa lo que ha originado que las líneas interpretativas en esta materia, tan sensible en el ámbito internacional, no se haya producido con la deseable claridad Dice el TS que, aun asumiendo esa tesis interpretativa y no el apartado d) que es el correcto la Audiencia Nacional avaló el archivo decretado por el Videoanálisis sobre los argumentos del Supremo