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ABC MADRID 25-07-2014 página 24
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24 ESPAÑA VIERNES, 25 DE JULIO DE 2014 abc. es españa ABC Los abogados salen a la calle para defender la justicia gratuita lictivos en el procedimiento administrativo que instauró la Junta en el reparto de subvenciones para reciclar laboralmente a desempleados y trabajadores. La cifra que se mueve en el nuevo escándalo, cercana a los mil millones de euros, deja cortos los 721 millones que distribuyó entre empresas en crisis y prejubilados durante una década con cargo a la famosa partida 31- L, el llamado fondo de reptiles Alaya atribuye a Fernández dos supuestos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Está citado a declarar el 16 de octubre por conceder ayudas que rondan los 70 millones de euros para la formación de gran parte de los 1.500 trabajadores que dejó en la calle el cierre por parte de la Junta de la multinacional de automoción Delphi, en Puerto Real (Cádiz) en febrero de 2007. Fernández fue también el exmiembro del Ejecutivo de mayor rango que entró en prisión preventiva en abril de 2012 por la macrocausa de los ERE. Ausencia de procedimiento Más de 700 abogados de colegios de toda España se concentraron ayer en Madrid ataviados con togas negras para defender el servicio público de la justicia gratuita y advertir de que la reforma de Gallardón solo provocará dolor a los más desfavorecidos y pondrá en riesgo la labor que prestan 42.500 letrados de oficio ERNESTO AGUDO Alaya acusa a la Junta de dar sin control 950 millones para cursos El dinero repartido sin justificar supera al fondo opaco de los ERE, según la juez ANTONIO R. VEGA SEVILLA La juez Mercedes Alaya ha pisado a fondo el acelerador en otra línea de investigación que pone en jaque la política contra el desempleo de la Junta de Andalucía: las irregularidades en la concesión de los fondos de Formación Profesional para el Empleo. Justo cuando está a punto de soltar la macrocausa de los ERE fraudulentos, enviando al Tribunal Supremo la parte del sumario que afecta a los siete cargos aforados- -entre ellos, los dos expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán- la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dispara otro cañonazo contra la cúpula de la antigua Consejería de Empleo. En un auto por el que imputa al consejero de este departamento entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, adelanta- do por ABC el pasado 19 de julio, la magistrada acusa al Gobierno andaluz de repartir 950 millones de euros entre 2008 y 2011 en fondos públicos para cursos de formación sin la preceptiva justificación que exige la Ley General de Subvenciones. Alaya ve indicios de- Por malversación La instructora apunta a la cúpula del Gobierno andaluz al imputar al exconsejero Antonio Fernández La juez considera que durante su etapa al frente de Empleo, concedió con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones excepcionales para formar a los extrabajadores de Delphi, sin convocatoria ni base reguladora Sustenta la imputación de Fernández en un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en un atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que recoge unas llamativas declaraciones como testigo del director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, que confirma que la Administración habría exonerado de justificar determinadas ayudas por un montante de 950 millones de euros. Entre los beneficiados estarían UGT, Comisiones Obreras, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la fundación pública Faffe. Fernández y su sucesor en Empleo, Manuel Recio, habrían firmado resoluciones de exoneración generalizadas aferrándose al interés social de las ayudas para esquivar los requisitos legales y seguir subvencionando a estas organizaciones. El Gobierno andaluz convirtió una excepción legal en la regla, como en los ERE. MALLORCA Detenido por malos tratos el padre de la chica desaparecida en Calviá J. M. AGUILÓ PALMA DE MALLORCA La Guardia Civil detuvo el pasado miércoles a Alejandro Ortiz por un presunto delito de malos tratos a su actual compañera, que lo denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Calviá, en Mallorca. El hombre es el padre de la adolescente Malén Zoe Ortiz, de 15 años, que desapareció el 2 de diciembre del pasado año en el municipio mallor- quín de Calviá. Malén nació en Argentina, pero con tres años llegó a la isla junto con sus padres, que se separarían un tiempo después. El núcleo familiar estaba compuesto hasta hace unos meses por ella, su padre y su hermano Bruno, de 12 años. Desde que Alejandro Ortiz se separó de su esposa, Natalia Rodríguez, hace siete años, la relación entre ambos ha sido prácticamente inexistente, salvo por las acusaciones mutuas de malos tratos. La detención de Ortiz se produjo después de que su actual pareja presentase días atrás una denuncia ante la Benemérita por presuntos malos tratos físicos, psíquicos y amenazas de muerte. Su exesposa podría pedir ahora la custodia de su hijo Bruno.

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