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80 INTERNACIONAL DOMINGO, 25 DE MAYO DE 2014 abc. es internacional ABC La Justicia peruana procesa a los responsables de la muerte de 23 agentes por indígenas jíbaros Perú reabre el caso de la matanza de policías del Bagua DIEGO ALARCÓN ROZO S e cumplirán, dentro de pocos días, cinco años de la masacre del Bagua o Baguazo que fue el nombre que se le dio a los hechos ocurridos en esta región de la Amazonía peruana cerca de la frontera con Ecuador el 5 de junio de 2009: 23 policías y 10 civiles perdieron la vida en circunstancias que ahora la Justicia intenta resolver y que se convirtieron, con el paso de los días, en uno de los episodios más aciagos del segundo gobierno del presidente Alan García (20062011) A la historia se suma además el caso casi enigmático del mayor de Policía Felipe Bazán, que aún hoy es considerado desaparecido aunque el sentido común indique que murió tras caer en manos de los manifestantes, sin que su cuerpo haya sido hallado. Tras la reciente apertura del proceso por el caso, el Poder Judicial ha reanudado las audiencias con los 53 enjuiciados, entre quienes se encuentran 23 indígenas de las etnias awajún- wampis. Los hechos de ese 5 de junio de 2009 podrían reportarles condenas que van desde los seis años de prisión hasta la cadena perpetua, con imputaciones que pasan por homicidio calificado, lesiones graves, rebelión y sedición, entre otros. Son 53 acusados entre quienes no hay uno solo que evoque una responsabilidad política en la matanza, ni representantes de las autoridades públicas que pudieran estar relacionados con el despertar violento de esa mañana. Y queda en el aire una pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta clara: ¿cómo fue posible que 23 miembros de las fuerzas del orden murieran a manos de los indígenas? ¿cómo ocurrió? Las preguntas abundan desde entonces y bastantes son las peticiones de justicia derivadas de esa madrugada en la que los policías abrieron fuego contra uno de los líderes indígenas Santiago Manuin. Recibió ocho disparos en el vientre, tras lo que una turba fue a la caza de los uniformados hasta llegar al enfrentamiento cuerpo a cuerpo: de un lado armas y escudos antidisturbios y del otro, cerbatanas y lanzas silvestres. Los efectivos eran cerca de 800, escoltados por dos tanquetas y un helicóptero, pero estaban rodeados por alrededor de 4.800 indígenas y civiles de la zona. El líder awajún, Merino Trigoso (derecha) durante las primeras audiencias del proceso JAIME ROYO- VILLANOVA SANTIAGO MANUIN LÍDER INDÍGENA No podemos vender la Amazonía El líder indígena peruano Santiago Manuin, que sobrevivió a ocho disparos en el vientre durante el Baguazo publicó un texto en diciembre de 2009 explicando su versión de los hechos. He aquí algunas de sus manifestaciones: Este pueblo nunca ha sido salvaje como dicen otros, es un pueblo sabio, que ha sabido aprender de otros Somos muy pacíficos, pero no nos asusta nada si tenemos que enfrentarnos para defender nuestros valores No podemos vender nuestra Amazonía a otras personas, sería un suicidio. Nuestro pueblo perdería su bosque, nuestro medio ambiente quedaría contaminado como ocurre siempre con la explotación exagerada de quienes ni siquiera viven permanentemente en nuestros bosques tan bellos pero tan frágiles Traslado de un policía muerto en los choques con los indígenas REUTERS El escenario no podía tener más desventajas: policías enfrentados a un pueblo mucho mayor en número que repitió en varias ocasiones que tenía ideales pacíficos, pero que a la vez amenazaban que, si había batalla, apelarían a su ancestral capacidad para la guerra. El enfrentamiento para hacerlo más siniestro ocurrió en la llamada Curva del diablo en la carretera Fernando Belaunde, bloqueada por los indígenas como protesta contra dos decretos que regulaban un aumento de la explotación de recursos naturales en sus tierras. Las heridas de Manuin, el adalid, rápidamente difundidas por las radios locales, llevaron a casi 5.600 manifestantes más a la estación 6 de Petro Perú, donde los 40 efectivos que custodiaban las instalaciones fueron ro- deados por los indígenas. Doce de las 33 muertes del caso ocurrieron allí. La raíz del problema se encontraba en los decretos de 1064 y 1090 emitidos por el gobierno de García como parte de la puesta en práctica del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, que replanteaba la propiedad de las tierras ancestrales y abría la puerta a una extracción a mayor escala de recursos esta región, rica en minería y en productos como gas y petróleo. Los jíbaros (como se les conoce a esas etnias) no se oponen a la explotación, ni a compartir sus riquezas, pero ya bastantes quejas tenían de la manera en la que se venían explotando sus tierras, con evidencias de contaminación de sus ríos y de su selva cuenta a ABC Jaime Royo- Vi-