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ABC MADRID 16-04-2014 página 19
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ABC MADRID 16-04-2014 página 19

  • EdiciónABC, MADRID
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ABC MIÉRCOLES, 16 DE ABRIL DE 2014 abc. es españa ESPAÑA 19 celo en el control de las subvenciones, algo a lo que está obligada por ley, al tratarse de dinero público. Tiene que comprobar que la empresa está capacitada para dar esos cursos; debe cerciorarse de que en efecto se han realizado y, posteriormente, analizar que la documentación que se le envía es correcta En este caso, dada la magnitud del fraude, es evidente que no se ha cumplido esa labor de control. Irregularidades también en las ayudas al empleo En 2011, ABC informaba de una investigación de la Guardia Civil sobre un fraude masivo en la concesión de las ayudas de la Unión Europea (UE) al empleo en Andalucía, que eran gestionadas por la Junta. El modus operandi era bastante sencillo: una empresa se ponía en contacto con el organismo correspondiente de la Junta y contrataba a varias personas; a cambio, recibía la subvención que estaba estipulada. En efecto, el empresario daba de alta a sus nuevos trabajadores en la Seguridad Social, pero solo el tiempo estrictamente necesario para cobrar la ayuda. En ese momento, despedía a los nuevos empleados y obtenía así un considerable beneficio. El fraude era posible porque la Administración no cruzaba los datos. Los fraudes de los ERE, UGT o la formación ponen en jaque la política de la Junta de Andalucía contra el paro En el peor momento Lo que aún es pronto para saber es si algún miembro de la Administración actuaba en connivencia con los empresarios, o si esas irregularidades se cometían con el conocimiento de algún responsable político, lo que se comprobará conforme avancen las pesquisas. Las investigaciones, por tanto, se encuentran aún en su primera fase, ya que son extremadamente complejas. Hay furgonetas enteras con documentación para analizar; es un trabajo de chinos explican de forma gráfica las fuentes consultadas. Lo que es indudable es que este nuevo escándalo de corrupción se conoce en el peor momento para la Junta de Andalucía, aún no recuperada del escándalo de los ERE y en plena resaca de la crisis de Gobierno abierta por el caso de la corrala Utopía Las ramas de la corrupción A. R. VEGA S. TUBIO SEVILLA CÁDIZ D esde que la juez Mercedes Alaya empezó a desenredar la madeja de los ERE fraudulentos, al árbol de la corrupción en Andalucía no han parado de crecerle ramas y brotes. La sucesión de fraudes relacionados con ayudas han puesto patas arriba la política laboral del Gobierno andaluz. ABC repasa los principales casos: Caso ERE Más de 150 imputados Formación Profesional para el Empleo (Forpe) ligada al exconsejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda. La denuncia de una profesora por presuntas irregularidades en materia laboral tan solo fue el prólogo de un supuesto pufo de dimensiones mayores. Tras meses de publicaciones sobre los avances de las diligencias, la Junta movía ficha y le abría un expediente a Natura por presunto desvío de 1, 5 millones en 2010 el mismo periodo sobre el que trabajan los investigadores de la UDEF en Málaga La Administración regional reconoce que esta entidad no ha justificado el uso de la subvención. La juez Alaya inició a principios de 2011 un macroproceso que acumula ya más de 150 imputados y que ha provocado la dimisión, por primera vez en la historia, de un presidente andaluz, José Antonio Griñán. El hilo del que empezó a tirar para descubrir el expolio de fondos públicos fue una grabación publicada por ABC que en 2009 desveló el cobro de comisiones a cambio de subvenciones de la Junta de Andalucía. El caso ERE es el tronco de un monumental escándalo que investiga el destino de un fondo opaco de la Consejería de Empleo que repartió 721 millones de euros de forma arbitraria entre una legión de empresas, prejubilados, sindicatos, abogados y conseguidores. Antonio Ávila JUAN JOSÉ UBEDA Desvíos de UGT y CC. OO. Facturas falsas y gastos en charangas Caso Natura Un exconsejero imputado ticia de Andalucía (TSJA) El Parlamento autonómico ha transmitido el auto a los cuatro exconsejeros (Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Manuel Recio) que tienen escaño en la Cámara y, por tanto, están aforados. Alaya considera que los aforados podrían haber incurrido en los delitos de prevaricación y malversación entre otros y les invita a personarse en la causa. El pasado jueves, previa rectificación de la magistrada, el Tribunal Supremo hacía lo propio notificando la preimputación a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que también gozan de aforamiento por su condición de diputado y senador, respectivamente. La investigación que llevan a cabo en Málaga y con ramificaciones en otras provincias andaluzas recuerda al contenido de las diligencias que el juzgado número 4 de Algeciras instruye desde 2012. El caso Natura indaga en el destino final que tuvieron las millonarias partidas que recibió una empresa para dar cursos de formación a desempleados en la Comarca del Campo de Gibraltar. La sociedad bajo sospecha, Natura, está integrada en la Fundación de la Mercedes Alaya Como reveló ABC, UGT Andalucía utilizó una red de empresas y fundaciones, al frente de las cuales figuraban sus propios dirigentes, que emitían facturas por la prestación de servicios genéricos o ficticios como el alquiler de aulas y de equipos informáticos que supuestamente servían al sindicato para justificar ayudas de formación financiadas por la Junta y la UE. El caso está en vía judicial. También se investiga otro supuesto desvío de fondos públicos por parte del sindicato CC. OO. relacionado con dos ayudas de la Junta para prevención de riesgos laborales, que suman un millón de euros. Parte de los fondos se emplearon en pagar la actuación de una charanga en una manifestación, pancartas, alojamientos de militantes y los viajes de una sindicalista de Málaga a Sevilla. Están imputados Esther Azorit, una exalto cargo de la Junta, y el secretario andaluz de Organización de CC. OO. Fraude con discapacitados Ayudas a la contratación VANESSA GÓMEZ Juzgados de Sevilla, Málaga y Granada investigan a media docena de empresas que supuestamente se lucraron con fondos públicos para emplear a discapacitados. Recibían las subvenciones de Empleo para contratarlos y a continuación los despedían sin otra causa que el no haber superado la fase la prueba. Pero no devolvían las ayudas. Es la guinda más sórdida de este pastel de la corrupción.

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