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ABC SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 2014 abc. es españa ESPAÑA 19 tado, Eduardo Torres- Dulce, cuando cuestionó que un juez, un policía o un fiscal estén sujetos a un fuero especial y no lo estuvieran los miembros de la Familia Real. Ruiz- Gallardón negó que la decisión de extender la condición de aforado a miembros de la Familia Real por primera vez en la historia de España esté relacionada con la redacción de un estatuto específico para la Casa Real. En este sentido, subrayó que la Constitución española en ningún momento está llamando a hacer una ley orgánica del Estatuto de la Familia Real Esa es una interpretación equivocada dijo. No obstante reconoció que la Carta Magna tampoco prohíbe crear este Estatuto, pero lo que dice la Constitución, recalcó, es que si surge una duda de hecho o derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se tiene que resolver esa duda a través de una ley orgánica Esa es la interpretación que han hecho todos los constitucionalistas de ese artículo. Por lo tanto, no existe ninguna necesidad de hacer un Estatuto general insistió. Qué cargos son aforados Diputados El jefe del Ejecutivo y senadores El aforamiento se amplía a y sus ministros los diputados y senadores, J. G. MORA MANUEL MARÍN UNA NECESIDAD ara el común de los ciudadanos es difícil asumir que el aforamiento de que gozan determinados políticos, jueces y representantes institucionales de nuestro país no es un privilegio jurídico. Pero lo cierto es que nuestro sistema cierra al aforado el abanico de recursos ante una eventual condena. Por ejemplo, impugnar una pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a un político por malversar dinero público sólo puede ser recurrida... ante el propio Supremo. En cambio, cualquier otro ciudadano tiene como mínimo un doble recurso anterior: a la larga no ofrece más garantías, pero sí más opciones de revisar y ganar un pleito. En eso, el aforado tiene cierta desventaja. Sin embargo, desde una perspectiva puramente social el aforamiento ha tenido siempre un halo de elitismo y excepcionalidad que rezuma privilegios de casta. A un político aforado no le investiga el tradicional juez de instrucción, sino un magistrado de un Tribunal Superior o del Supremo. Las razones por las que esto es así podrán ser más o menos criticables en función de la mala imagen que los políticos dan al ciudadano. Pero la eliminación del aforamiento no consta en ninguna agenda electoral. Si acaso, es una exigencia de grupúsculos antisistema, anarquistas y violentos. Hasta IU niega a los demás lo que sí acepta para sus altos cargos... Llegados a este punto, ¿qué lógica tiene en nuestra legislación mantener sin aforamiento a la Reina o a los Príncipes de Asturias, cuando hasta el último consejero de Cuentas goza de él? Era imprescindible para evitar la eterna tentación del binomio juez estrella- minuto de gloria cuyas consecuencias son siempre demoledoras. Cerca de 10.000 casos Otra de las novedades de la LOPJ en lo que respecta a los aforamientos es que se restringen a los previstos en la Constitución y los Estatutos de Autonomía, sin que se considere como tales a los que distintas comunidades han ido incluyendo en esta lista a través de leyes autonómicas. En España hay unos 10.000 aforados, de los cuales 2.000 corresponden a políticos, según el Tratado Jurisprudencial de Aforamientos Procesales redactado por los catedráticos Juan Luis Gómez Colomer e Iñaki Esparza Leibar. En julio del pasado año, UPyD presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que se debatiera la reducción al mínimo de los beneficiarios de esta protección, al considerar que se trata de un privilegio arcaico El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución Española garantiza el aforamiento para el presidente del Gobierno y los demás miembros del Ejecutivo. La responsabilidad criminal de estos cargos será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) El objetivo de esta figura jurídica es proteger la independencia institucional del Gobierno y evitar las presiones que pudieran sufrir en el ejercicio de sus responsabilidades. Otro motivo para el aforamiento es que los órganos colegiados soportan mejor las posibles presiones políticas que los de categorías inferiores. según estipula el artículo 71 de la Constitución. Los presidentes del Congreso y del Senado también responden ante el Supremo. Los presidentes de los Parlamentos autonómicos y sus parlamentarios están protegidos del modo que establecen sus respectivos Estatutos. P Cargos judiciales Son aforados los presidentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del TS, del Tribunal Constitucional (TC) de la Audiencia Nacional (AN) y de los TSJ. Igualmente, los vocales del CGPJ, los magistrados del TC y del TS, de la AN y de los TSJ. También el fiscal general del Estado y los fiscales de Sala del TS. Todos los jueces, magistrados y fiscales deben responder por sus procesos penales ante las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ, siempre y cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal del TS. Los presidentes autonómicos La Carta Magna no establece el aforamiento de los presidentes de las comunidades y los miembros de sus gobiernos, pero sí permite su regulación a través de normas de rango inferior. Las autonomías han desarrollado esta competencia a través de sus Estatutos, de modo que la responsabilidad criminal de los dirigentes regionales y sus consejeros será exigible ante el Tribunal Supremo o ante las Salas de lo civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) La práctica totalidad de los Estatutos autonómicos optan por esta segunda opción. Consejeros de Estado y defensores El presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el presidente y los consejeros de Estado, así como los defensores del Pueblo, responden penalmente ante el Supremo. Los defensores del Pueblo autonómicos también se acogen a esta garantía. Videoanálisis del aforamiento de la Reina y los Príncipes de Asturias