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24 ESPAÑA MARTES, 1 DE ABRIL DE 2014 abc. es españa ABC Anticorrupción insta a la juez Alaya a enviar ya el caso ERE al Tribunal Supremo Pide desviar la causa de los aforados al Alto Tribunal, al considerar agotada la instrucción MERCEDES BENÍTEZ SEVILLA Los aforados de los ERE JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN EXPRESIDENTE DE LA JUNTA Tres años y dos meses después de que se iniciara la investigación de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía y más de cinco meses después de que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán resultaran preimputados, la Fiscalía Anticorrupción cree que ha llegado el momento de enviar el caso al Tribunal Supremo porque está agotada la investigación. De hecho, Anticorrupción, que ayer hizo público un escrito en este sentido, considera que la juez Mercedes Alaya debe hacer piezas separadas, dividiendo el sumario en varias causas y enviar al Tribunal Supremo la parte correspondiente a los siete dirigentes aforados: los dos expresidentes y cinco exconsejeros de sus respectivos gobiernos. En un minucioso escrito, la Fiscalía ve agotada la investigación en esta sede judicial es decir, en el juzgado de instrucción número seis de Sevilla, en todo lo posible a las personas que gozan de fuero Se refiere a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, la exresponsable de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Economía Antonio Ávila; los exconsejeros de Empleo Manuel Recio y José Antonio Viera así como el exresponsable en la consejería de Innovación de la Junta, Francisco Vallejo. Fue consejero de Economía y Hacienda de abril de 2004 a abril de 2009, encargado de la elaboración y cumplimiento de los presupuestos que presuntamente se defraudaban a través del reparto arbitrario de ayudas a empresas y trabajadores. La juez recuerda que fue presidente de la Junta de Andalucía desde abril de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2013. La instructora recuerda que, según el testimonio del exinterventor general, obvió las advertencias de la Intervención sobre el uso inadecuado de las transferencias de financiación. MANUEL CHAVES EXPRESIDENTE ANDALUZ A Manuel Chaves le preimputan como presidente de la Junta entre julio de 1990 y abril de 2009. Actualmente es diputado por Cádiz en el Congreso. La juez lo considera, junto a varios altos cargos más, responsable de idear y poner en marcha el sistema de ayudas que concluyó en un descontrolado reparto de dinero para los ERE fraudulentos, al margen del reglado en la propia normativa autonómica. La juez Mercedes Alaya apunta a un uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización irregular de las transferencias de financiación y la concesión de subvenciones. te número de imputaciones, así como por la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados Anticorrupción también alude a la extensión de la causa y cuantifica las ayudas, cifrando los pagos en más de 709 millones a través de más de 200 expedientes. Hay 126 de ayudas sociolaborales de prejubilación, por las que se pagaron 582.189.272 euros, y 275 expedientes de ayudas a empresas, por las que se pagó 127.761.211 euros. De esta manera, la Fiscalía solicita varias piezas separadas. Por una parte, una pieza con cada expedientes de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa salvo conexidad en cuanto a la identidad de los sujetos beneficiarios Y por otra, una pieza separada relativa a la determinación, pago y destino de las denominadas sobrecomisiones Esta petición choca con los criterios de la propia juez que aseguraba que se trataba de una causa inescindible Pero en su relato, el fiscal cree que el menoscabo de fondos públicos no se restringió a los intrusos, sino que realmente las actuaciones llevadas a cabo por Empleo a través de su Dirección General de Trabajo se realizaron sin sujección al procedimiento legalmente establecido. Así, cree que esas actuaciones desembocaron en varios hechos genéricos de apariencia delictiva que clasifica en varios epígrafes. Las tramas El primero de ellos atañe a los intrusos- -personas que cobraron las ayudas sin haber trabajado en las empresas beneficiadas- cuya inclusión en una póliza los vincula con los altos cargos que gestionaban las ayudas. Otro epígrafe se refiere a las ayudas sociolaborales que, según el fiscal, no se sujetaron al procedimiento legal y supusieron la vulneración de los más elementales principios configuradores de la actividad prestaciones de la Junta de Andalucía Asimismo, la Fiscalía también se refiere a las ayudas a empresas, e insiste en que se produjeron con el más absoluto desconocimiento del procedimiento legalmente establecido hubo arbitrariedad en su concesión y el pago permitió, en algunos casos, que los fondos terminasen a disposición de los cargos públicos que lo gestionaban o en círculos próximos a los mismos Por último, el Ministerio Público también recuerda el enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos, mediadores y agentes que intervinieron en la gestión de ayudas a través de las sobrecomisiones. Y que ello se produjo debido a la falta de control de los responsables de la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno Responsabilidades políticas Anticorrupción insiste en se debe proceder a elevar el conocimiento de la pieza relativa a procedimiento específico al órgano superior competente atendiendo a la calidad de fuero de las personas a las que la juez señaló en septiembre en un auto en el que las preimputaba. Lo que plantea el fiscal es que se envíe al Supremo la parte política del caso, concretamente la relativa a la idoneidad y el procedimiento contable utilizado por la Consejería de Empleo de la Junta en relación a la concesión subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis con cargo al programa 31- L. Unas tesis que, en parte, coinciden con las de la Junta de Andalucía, que lleva varios meses pidiendo que la juez envíe la causa al Tribunal Supremo. ¿Y qué pasa con el resto del voluminoso sumario? El fiscal cree necesario que se hagan piezas separadas por la extensión y complejidad de los hechos y por el elevado número de expedientes. También alega el importanCARMEN MARTÍNEZ AGUAYO EXCONSEJERA DE HACIENDA Fue primero viceconsejera de Hacienda desde abril de 2004 a abril de 2009 y luego consejera. Alaya la preimputó como número dos de Griñán. Es diputada andaluza. ANTONIO AVILA EXCONSEJERO DE ECONOMÍA Aunque fue consejero de Economía y de Presidencia, su preimputación se relaciona con su cargo de secretario general de Economía de 2002 a 2009. Diputado andaluz. MANUEL RECIO EXCONSEJERO DE EMPLEO Fue consejero de Empleo hasta mayo de 2012. Anteriormente ocupó el cargo de secretario general de Economía. Diputado andaluz. JOSÉ ANTONIO VIERA EXCONSEJERO DE EMPLEO Fue consejero de Empleo de abril de 2000 hasta abril de 2004. Es diputado en el Congreso por la provincia de Sevilla. FRANCISCO VALLEJO EXCONSEJERO DE INNOVACIÓN Su preimputación está relacionada con el cargo de consejero de Innovación que ocupó de abril de 2004 hasta abril de 2009. Es senador.