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22 ESPAÑA MARTES, 1 DE ABRIL DE 2014 abc. es españa ABC Industria asegura que el nuevo sistema evita el fraude en las ayudas al carbón El Ministerio dice que las subvenciones han bajado y son más eficientes: autorizan el pago de 15,5 millones a una de las empresas investigadas JAVIER CHICOTE MADRID El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró ayer que con el nuevo modelo de ayudas al sector de la minería, fraudes millonarios en las subvenciones como el que investiga un juzgado de Ponferrada (León) no deberían volver a producirse Nadal respondió en una entrevista en Radio Nacional a la información de ABC sobre la magnitud de la presunta malversación en subvenciones públicas, que puede rondar los 600 millones de euros, hasta el 60 por ciento de lo percibido. Nadal, explicó que el sistema ha cambiado radicalmente desde el comienzo de esta legislatura principalmente reduciendo los volúmenes de las subvenciones gracias a un acuerdo totalmente distinto al anterior El Juzgado de Instrucción número cinco de Ponferrada está investigando las ayudas que percibieron siete empresas mineras, entre ellas las principales del sector, desde 2007 y hasta 2012, después de una denuncia presentada por la Fiscalía. Algunas, como Uminsa, extraían 800.000 toneladas de carbón pero cobraban subvenciones por dos millones de toneladas. Nadal identificó estas prácticas con el pasado ya que actualmente hay nuevas medidas de control como pagar la tonelada exactamente igual con independencia de cuál sea la empresa minera El secretario de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Industria, destacó el objetivo del Gobierno para la minería: Frente a una visión de intentar sostener artificialmente un sector, ahora se trata de garantizar la viabilidad de la minería a través de un sistema decreciente de ayudas dijo. El juez sopesa enviar el caso a la Audiencia Nacional La investigación del fraude millonario en las subvenciones al carbón puede terminar en manos de la Audiencia Nacional. Esto no va a ocurrir de forma inminente, pero, según fuentes jurídicas, es una posibilidad que cobra fuerza a medio plazo, cuando la instrucción avance. Tanto el titular del Juzgado número cinco de Ponferrada (León) Ignacio Candal, como el fiscal jefe, Jacinto Fernández, ya han valorado esta posibilidad. El motivo por el que el magistrado sopesa inhibirse es territorial. El presunto fraude se habría cometido en dos comunidades autónomas, Castilla y León y Asturias, lo que haría competente a la Audiencia Nacional. Además, algunas de las empresas investigadas tienen su domicilio social en Madrid. La posibilidad de que asuma el sumario uno de los juzgados centrales de Instrucción podría impulsar la investigación y evitar presiones como las que se han producido en otros casos sostienen fuentes conocedoras de los tribunales de León. Explotación minera de Alto Bierzo S. A. una de las empresas investigadas Colaborar con la Justicia Alberto Nadal mostró la colaboración de la secretaría de Estado con la Justicia: Cuando los tribunales han reclamado información, hemos sido lo más puntuales posible y lo más exactos para suministrarla Precisamente, el Gobierno autorizó el pasado viernes el pago de una parte de las ayudas correspondientes Subvenciones de 2013 Entre las empresas que cobrarán 38,4 millones del año pasado hay tres investigadas por fraude Secretario de Estado Nadal asegura que ya no sostienen artificialmente al sector, sino que buscan la viabilidad al ejercicio 2013. El total de lo aprobado asciende a 38,4 millones de euros, de los que la empresa Hullera VascoLeonesa, una de las investigadas por el presunto fraude, acaba de recibir la autorización para cobrar 15,5 millones. Los 22,9 millones restantes se lo repartirán otras siete empresas, de las que dos también figuran en las diligencias abiertas en el citado juzgado leonés: Hijos de Baldomero García y Carbones Arlanza. La tendencia de las subvenciones es a la baja, en paralelo a la reducción de personal y de actividad en las minas. Las cifras que investigan el fiscal y el juez del caso son muy superiores a las ayudas de 2013. El primer paso de la investigación lo dio un ingeniero de una empresa minera el 14 de enero de 2013. El denunciante entregó datos relativos al año 2011. En esas tablas se comparaban las cantidades subvencionadas a tres empresas Uminsa, Alto Bierzo S. A. y Carbones San Isidro y María S. L. con las que aparecen en los planes de labores de las mismas compañías. La cantidad supuestamente cobrada de más ascendía a 57,7 millones de euros. La inmensa mayoría del presunto fraude corresponde a Uminsa, propiedad del principal empresario del sector, Victorino Alonso. Según la querella que presentó el fiscal gracias al testimonio del denunciante, Uminsa obtuvo 53 millones de euros que no le correspondían. Le sigue Alto Bierzo, con 4,3 millones de euros. Esta empresa, propiedad de Manuel Lamelas Viloria, presiden- te de la Cámara de Comercio de León, cobró en 2011 subvenciones por la extracción de 258.616 toneladas de carbón, pero, según la denuncia, extrajo realmente 139.904 toneladas, una diferencia de casi 119.000 toneladas. Fuentes de la investigación aseguran a ABC que durante años se han entregado las subvenciones sin los controles necesarios para evitar el fraude. Con estos datos, el juez Ignacio Candal amplió la investigación al periodo 2007- 2012 y a la práctica totalidad de la minería leonesa. Son siete empresas en total: Carbones Arlanza, Alto Bierzo, Unión Minera del Norte, Hullera Vasco- Leonesa, Hijos de Baldomero García, Coto Minero Cantábrico y Carbones San Isidro. Además, el magistrado imputó a doce empresarios responsables de estas compañías, salvo una de ellas, Carbones San Isidro, para tomarles declaración. Esto aún no ha ocurrido, ya que las defensas recurrieron la imputación. Niegan las acusaciones La patronal del sector minero, Carbunión, niega todas las acusaciones. En un comunicado oficial sostienen que las ayudas concedidas a las empresas son correctas, legales y están auditadas Carbunión asegura que la demanda está llena de errores y que no se han contabilizado cantidades de carbón extraídas en otras comunidades autónomas. La patronal de la minería habla de un total desconocimiento de la normativa que regula la concesión de ayudas