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14 OPINIÓN COSAS MÍAS PUEBLA MARTES, 1 DE ABRIL DE 2014 abc. es opinion ABC EDURNE URIARTE LA PALABRA TABÚ DEL PSOE Al PSOE le cuesta un mundo condenar la violencia de la extrema izquierda y nunca lo hace con claridad AS palabras son dos, en realidad. El concepto, uno: extrema izquierda. Al PSOE le cuesta un mundo condenarla, y nunca lo hace con claridad, como lo hemos visto tras las últimas manifestaciones violentas. Porque tiene un problema de base. Que no reconoce la existencia de la extrema izquierda mientras dedica una buena parte de su tiempo a denunciar los males de la extrema derecha. Y se trata de un problema del socialismo europeo, no sólo del español, como se ha vuelto a poner en evidencia en las municipales francesas. Y buena parte de la culpa es de la derecha, de una llamativa torpeza en este campo. En Francia hemos asistido nuevamente a esa anomalía democrática en la que todos, incluida la acomplejada derecha europea, han entrado al juego progresista de condenar el avance de la extrema derecha del Front National, mientras que nadie ha abierto la boca para escandalizarse por los resultados de la extrema izquierda del Front de Gauche. Aún más patético, el socialismo francés ha llamado, también de nuevo, a la formación de un Frente Republicano, es decir, un pacto con la derecha para no apoyar al Frente Nacional allí donde podía optar a una alcaldía. Y la derecha no ha entrado a este pacto, pero ha sido incapaz, de nuevo, de exigir un Frente Republicano paralelo para evitar cualquier apoyo a la extrema izquierda del Frente de la Izquierda. Un Frente, este último, que ya apoyó a Hollande en la segunda vuelta de las presidenciales de 2012. La anomalía democrática empieza por los analistas del progresismo, el diario Le Monde, por ejemplo, que otorgaba ayer 11 alcaldías a la extrema derecha 8 al FN y 3 a otros partidos, y ninguna a la extrema izquierda ya que colocaba todas las alcaldías del Front de Gauche, nada más y nada menos que 56, en el genérico Izquierda El Front de Gauche, que obtuvo nada menos que el 11 en las presidenciales, llama, entre otras cosas, a la insurrección ciudadana para arrebatar el poder a los banqueros y dárselo al pueblo Y, en un baremo de mensajes extremistas y antisistema, ganaría probablemente al Frente Nacional. A pesar de todo lo cual el socialismo francés no tiene problema alguno en recibir sus votos y en pactar con ellos cuando le parece oportuno. Lo mismo que ocurre en España, con la diferencia de que aquí ni siquiera tenemos un partido relevante de extrema derecha, mientras que sí tenemos a una Izquierda Unida y varios partidos nacionalistas radicales cuyos votantes se sitúan en claras posiciones de extrema izquierda en la escala ideológica. Y que apoyan o justifican, como lo hizo Cayo Lara la semana pasada, la violencia de los radicales. Y, sin embargo, el progresismo aún se escandaliza cuando se utiliza el concepto de extrema izquierda para todo lo anterior. O para cualquier cosa, de ahí que sea incapaz de condenarla. Y tiene un problema bastante parecido con las dictaduras comunistas, que tampoco encuentra manera de denunciarlas. Una anomalía de la izquierda permitida por la torpeza de la derecha, en España y en el resto de Europa. L LIBERALIDADES JUAN CARLOS GIRAUTA EMPRESAS TIZNADAS Un sector altamente contaminante ha estado recibiendo una media de mil millones de euros anuales en ayudas públicas S I se confirma el colosal fraude del carbón denunciado ayer en este diario, debería desencadenarse un terremoto. Además, habría que replantearse por completo un sistema de ayudas que, amén de haberse demostrado ineficaces tras veinte años sin obtener ninguno de los resultados perseguidos, habría servido para enriquecer ilícitamente a unos cuantos, detrayendo recursos a todos. Entre los costes de la tarifa eléctrica ajenos al suministro y responsables del inextricable laberinto en que se ha convertido el recibo de la luz están las ayudas al carbón. Veinticuatro mil millones en subvenciones recibió el sector entre 1990 y 2011, procediendo de la Unión Europea la parte del león. Cinco mil quinientos de esos millones han ido a parar, directamente, a las empresas. Más concretamente, estas habrían recibido, entre 2007 y 2012, mil millones de euros al año a cambio de nada. ¿O será a cambio de paz social El manido sintagma vendría muy bien a la hora de explicar al azotado contribuyente por qué compañías y sindicatos han reaccionado con similar ferocidad a las investigaciones judiciales en marcha. Están en su derecho, y, mientras no se demuestre lo contrario, los doce empresarios imputados gozan de presunción de inocencia. Del mismo modo, los medios de comunicación y los ciudadanos gozamos del derecho a exigir transparencia en el uso de los recursos públicos, y, por supuesto, eficacia en las políticas a que tales recursos se aplican. En realidad, ya resul- ta de por sí sospechoso que el seísmo político no haya comenzado veinticuatro horas después de la alarmante portada de ayer, aquí. Quizá hayamos empezado a dar por descontado que el sistema entero de subvenciones y ayudas públicas está podrido, que la recta gestión de la cosa pública es una utopía, que los controles no existen en la práctica y que la transparencia es una broma. Asombra el modo en que, según la información de Javier Chicote, empezó a desentrañarse el momio: un ingeniero del sector presentando al fiscal unas parcas tablas que comparan las cantidades de carbón subvencionadas con las que recogen los planes de labores de tres empresas. Tan sencilla operación bastó para que la fiscalía detectara indicios de delito. Es decir, que durante muchos años un sector altamente contaminante ha estado recibiendo una media de mil millones de euros anuales en ayudas públicas sin que un solo organismo de la Administración, sin que una modesta oficina fiscalizadora, sin que un auditor, un miserable control público se hayan detenido a realizar la simplicísima, inexcusable y mínima tarea de comparar cuentas al alcance de cualquier autoridad. Ha tenido que partir la iniciativa, ha tenido que coger la fregona y empezar la regeneración de ese foco de presunta podredumbre un agente nada presunto: un particular escandalizado por la rebatiña. El sector más subvencionado de la economía española podría haber estado quedándose dineros indebidos de la Unión Europea en un fraude continuado que habría pasado completamente inadvertido al intermediario español, el Ministerio de Industria. Contribuyentes españoles y socios europeos creíamos estar colaborando a la adaptación de nuestras cuencas mineras al nuevo escenario económico. Se creyó que la manera de gestionar el cambio era crucial; podía comprometer el futuro de millares de familias, directa e indirectamente. Una reconversión para minimizar los efectos sociales de un cierre a la larga seguro. El incontrolado manejo del dinero (que a lo mejor por ser en su mayor parte comunitario daba aún mayor sensación de no ser de nadie, según sensibilidad de ministra socialista) no ayuda mucho a la Marca España. Y el cierre de filas de los sindicatos con los empresarios imputados invita a ponerse en lo peor.