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ABC MADRID 16-02-2014 página 20
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ABC MADRID 16-02-2014 página 20

  • EdiciónABC, MADRID
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20 PRIMER PLANO DOMINGO, 16 DE FEBRERO DE 2014 abc. es ABC LA JUSTICIA, UNA ETERNA El estado de la Justicia Española Fiscales Secretarios judisicales Abogados procuradores Jueces y magistrados Galicia 6.302 701 Asturias 2.871 364 7,9 9,0 Cantabria 1.180 175 País Vasco 5.577 364 La Rioja 602 55 Navarra 1.285 89 Aragón 2.857 298 14 4 14,4 10,9 9 23,2 Ca Cataluña 20 20.794 896 Plantilla 2.407 4.180 6,7 15 3 15,3 5.171 Procuradores 9.801 21,3 media europea Castilla y León 4.844 619 Madrid 34.582 1.625 Extremadura 1.665 265 6,3 21 3 21,3 7,3 9,6 12,5 5 14,0 Baleares 2.500 179 C. Valenciana 12.605 1.008 Murcia 3.672 283 Abogados Funcionarios Funcionarios 10,9 España 130.038 Solo en Madrid están colegiados el doble de los abogados de toda Francia 45.8 8 45 838 CastillaLa Mancha 3.084 425 Andalucía 20.293 1.969 Ceuta 178 11 13,0 10,3 16 16,2 13, 13,9 10, 10,7 Melilla 181 13 Canarias 4.966 462 Jueces por cada 100.000 habitantes 25,1 Propo ción ro r por entre n las plantillas a pl t Abogados por juez 54 1,9 4,1 31,1 2,3 Abogados por secretario judicial 2,3 Procuradores por juez Abogados por fiscal Procuradores por fiscal Procuradores por secretario judicial La lentitud de los pleitos y la politización, males endémicos ABC presenta a los lectores una extensa radiografía de la Justicia en España y un completo análisis de sus protagonistas sobre los fallos y sus soluciones INFORME ELABORADO POR MANUEL MARÍN, NATI VILLANUEVA Y JUAN FERNÁNDEZ- MIRANDA, CON ILUSTRACIONES DE JULIÁN DE VELASCO oda justicia que tarda es injusticia Este es un aserto más que aceptado entre los juristas sencillamente porque encierra una realidad. No hay un solo ministro de Justicia, sea cual sea su signo político, que no haya expresado como un perenne soniquete retórico su obsesión por lograr una justicia más ágil y eficaz Pese a ello, las múltiples reformas abordadas en los 35 años de democracia no han servido para combatir la imagen de un aparato de justicia esclerotizado en el que la eternización de los pleitos es aún hoy una enfermedad sin cura. T Desde una perspectiva laboral, la Justicia se enfrenta a dificultades organizativas y a disfunciones generadas por meros criterios de gestión. En una oficina judicial, por ejemplo, conviven estamentos subalternos de órganos administrativos diferentes: el juez depende del Consejo General del Poder Judicial; el secretario judicial, del ministerio; y los funcionarios, de la Autonomía correspondiente en el caso de que tenga transferidas las competencias en materia de justicia. Además, en España coexisten distintos sistemas informáticos de gestión que habitualmente causan errores de coordinación. Incluso, hay un porcentaje variable pero amplio de justicia interina basado en un complejo mecanismo de sustitución para cubrir bajas, que ralentiza los quehaceres ordinarios. En segundo lugar, y desde una óptica social, la Justicia irradia una imagen pública de politización que tanto el CGPJ órgano de gobierno de los jueces como los partidos amplifican sin rubor. También lo hacen las asociaciones judiciales y de fiscales, habitualmente más identificadas por los ciudadanos con tesis de afinidad ideológica o de subordinación política que con la estricta prestación de un servicio público imprescindible en democracia. Así, es habitual que se interprete como una auténtica lucha de poder la colocación de candidatos en los decanatos, las presidencias de las Audiencias, los Tribunales Superiores, el Supremo o el propio CGPJ. Es el famoso intercambio de cromos basado en pactos opacos y endogámicos para el reparto de puestos claves en la judicatura o en el Ministerio Fiscal. Y en tercer lugar, sigue vigente el mito de que plantear un pleito es como entrar en una selva indómita sin cálculo de consecuencias, sencillamente porque todo es una lotería y el resul- tado final de un proceso depende del juez que toque Son expresiones de abogado propias de la confidencialidad de una sala de togas. Pero reales como la vida misma. Sin embargo, paradójicamente hay datos objetivos que cuestionan la percepción de esa Justicia anquilosada e ineficiente basada en la clásica maldición de pleitos tengas... y los ganes. Según el CIS, los españoles tienen más confianza en el Poder Judicial (3,52 puntos sobre 10) que en el Gobierno (2,42) el Parlamento (2,53) las Cámaras autonómicas (2,96) los partidos (1,83) las organizaciones empresariales (2,87) o los sindicatos (2,45) Solo las Fuerzas Armadas (5,21) la Policía (5,65) la Guardia Civil (5,71) o la Iglesia (3,56) lo superan con creces. Por contra, la profesión de juez (6,31 puntos sobre 10) es de las peor valoradas: médico (8,52) enfermero (7,96) profesor (7,93) ingeniero (7,59) informático (7,32) arquitecto (7,07, policía (6,87) fontanero (6,81) albañil (6,74) o abogado (6,58) tienen mejor fama. Solo los periodistas (6,43) se acercan a la pobre valoración de los jueces. Una de las causas reales de la cronificación de asuntos en nuestros tribunales reside en una enorme tasa de litigiosidad: casi 190 asuntos entran cada año en los juzgados por cada 1.000 habitantes, principalmente del orden penal y civil. Y todo ello, para una plantilla de 5.171 jueces, 2.407 fiscales y 4.180

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