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ABC MADRID 03-12-2013 página 35
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 2013 abc. es economia ECONOMÍA 35 Díaz Ferrán cobró más de un millón tras vaciar Marsans El juez acusa al expresidente de la CEOE y diez personas más de insolvencia, organización criminal y blanqueo J. VALES MADRID PSOE e IU, en contra de que España busque petróleo en Canarias El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de Cabo en pagos mensuales a 100.000 euros procedentes del vaciamiento de activos del Grupo Marsans, según ha desvelado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en un auto. El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo. En un auto en el que transforma las diligencias previas de la operación Crucero en procedimiento abreviado, Velasco imputa los mismos delitos a otras 10 personas entre las que se encuentran el empresario Ángel de Cabo, la mujer de éste Consuelo Garrido y su cuñado Teodoro Garrido, y el hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría. El resto de acusados son la mano derecha de De Cabo, Iván Losada, los testaferros Carmelo José Estellés, Antonio García Escribano y Jorge Enrique Pardo, la secretaria de De Cabo, Susana Mora, y el fiscalista Rafael Tormo. Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió, junto al fallecido Gonzalo Pascual, iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseídos a través de éstas con el fin de excluir de dichos procedimientos los activos realizables El auto explica que Díaz Ferrán y Pascual comenzaron a partir de 2009 a afianzar las deudas de su grupo empresarial, formado por Viajes Marsans, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras compañías, con su propio patrimonio, que era a su vez poseído a través de distintas sociedades Para llevar a cabo el vaciamiento del grupo se concertaron con De Cabo, que se dedicaba a liquidar empresas en situación de concurso. Este empresario empleaba para ello una estructura en la que cursaba instrucciones a personas que trabajaban para él para que realizaran operaciones de transmisión de participaciones sociales, activos o simplemente actuaran de testaferros en las distintas sociedades. Dentro del acuerdo De Cabo se comprometía a pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán y Pascual hasta alcanzar los ocho millones de euros. El dinero, según el juez, se extraía de los activos del grupo o de las patrimoniales de ambos El magistrado especifica que el expresidente de la patronal llegó a cobrar 1,06 millones mientras que Pascual recibió casi un millón. Las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias son un proyecto clave para la economía española, pero el Gobierno regional sigue rechazándolas y ayer presentó en Madrid una campaña internacional en su contra. Presentado por la actriz Pilar Bardem, al acto no faltó el diputado de IU Gaspar Llamazares y la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez EFE Dos empresarios que desviaron fondos de la CAM al Caribe, a prisión El juez Gómez Bermúdez impone a Ferri y Baldó siete millones de fianza, debido al riesgo de fuga ABC MADRID Juicio por Aerolíneas Por otra parte, la Audiencia Nacional dejó ayer visto para sentencia el juicio por la compra de Aerolíneas Argentinas por parte de Air Comet, después de que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán haya renunciado a hacer uso de su turno de última palabra y haya dado las gracias al tribunal. El exjefe de la patronal se enfrenta a dos años y cuatro meses de cárcel y al pago de una indemnización de 99 millones de euros a Hacienda por eludir el pago del Impuesto de Sociedades con la adquisición de la aerolínea. El tribunal, presidido por el magistrado José María Vázquez Honrubia, puso así fin a la vista oral tras preguntar a los acusados si deseaban pronunciar algo en su descargo. No, no quiero decir nada más. Muchas gracias se limitó a decir Díaz Ferrán. El expresidente de Aerolíneas Argentinas Antonio Mata, lamentó que este caso haya pasado ya por cuatro jueces. Gerardo Díaz Ferrán El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado el ingreso en prisión incondicional bajo fianza de siete millones para los empresarios Vicente Ferri y José Salvador Baldó por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de la CAM en el Caribe. En un auto, el magistrado les acusa de un delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable o, alternativamente, de apropiación indebida y blanqueo de capitales, cuya gravedad, junto al riesgo de fuga y su capacidad económica, justifican la medida adoptada. Para ilustrarlo, desvela que los empresarios abonaron en un solo mes de 2012 gastos por viajes en avión privado de más de 445.000 dólares (unos 330.000 euros) a lo que agrega que disponen de numerosas propiedades en el extranjero y un entramado de sociedades todavía no suficientemente desenmarañado que les permitiría seguir obteniendo cuantiosos fondos de forma oculta o encubierta con los que vivir cómodamente informa Efe. Gómez Bermúdez les ha interrogado después de que los dos imputados, a los que el magistrado ordenó dete- ner en la operación Mar Nuestro iniciada el 7 de noviembre, aunque aquel día estaban fuera de España, hayan acudido voluntariamente a declarar. En esa operación fueron arrestados el ex director general de la CAM Roberto López Abad y el ex director general de Empresas Daniel Gil, a los que acusó de desviar de 247 millones a un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas y por los que ordenó su ingreso en prisión bajo fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros, respectivamente, que ya abonaron. Según Gómez Bermúdez, López Abad y Gil desempeñaron un papel esencial en las decisiones sobre la financiación de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM poseía el 30 Eso sucedió cuando los empresarios les informaron de su intención de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en México, Costa Rica y la República Dominicana. La estructura fiscal fue creada por Ferri y Baldó mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, en las Antillas Holandesas, para eludir las obligaciones fiscales en España. Fue posible con el asesoramiento del despacho Garrigues y concretamente de Jaime Escrivá, que defendió en varios informes la legalidad de la utilización de esta sociedad para canalizar los beneficios de Valfensal y que fueron utilizados por López Abad y Gil para justificarla ante los órganos de control de CAM.

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