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48 SOCIEDAD VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 abc. es sociedad ABC El Gobierno, abierto a rebajar a los 16 años el uso obligatorio del casco en los ciclistas La nueva ley de Tráfico comenzó ayer su tramitación parlamentaria L. DANIELE MADRID Claves de la nueva ley Nuevos límites de velocidad Aunque el Proyecto de Ley no modifica los límites de velocidad sí posibilita que el Reglamento General de Circulación pueda modificarlos. Según el ministro, la voluntad del Gobierno es mantener el límite de velocidad en autopistas y autovías de 120 km h con carácter general. Otra cosa es que excepcionalmente, y en determinados tramos, y bajo ciertas condiciones espaciales y temporales pudiera autorizarse temporalmente la circulación a 130 km h Otra de las intenciones del Gobierno es reducir el límite de velocidad en carreteras convencionales de 100 km h a 90 km h, de acuerdo con sus características de cada vía de circulación. Casco para menores en ciudad Con la nueva norma, los ciclistas menores de 18 años que circulen por la ciudad deberán llevar el casco de forma obligatoria. El ministro del Interior, sin embargo, se mostró ayer abierto a consensuar que el límite de la franja de edad pueda ser otra, como 15 o 16 años. El anteproyecto también se plantea acabar con las exenciones de uso en motocicletas y ciclomotores, reservadas a personas provistas de un certificado médico específico. Jorge Fernández explicó que el Gobierno no tiene ninguna animadversión hacia la bicicleta y que está previsto que el Reglamento General de Circulación incluya la bicicleta como un vehículo seguro, saludable y no contaminante Sistemas de retención infantil Establece la posibilidad de prohibir a los menores la ocupación de asientos delanteros o traseros del vehículo en función de su talla y peso (a diferencia de los parámetros actuales que solo prevén que el niño utilice dispositivos homologados) Una modificación legal que responde a la necesidad de que el futuro reglamento se adapte a las disposiciones que va elaborando la Unión Europea en esta materia, en función de los continuos avances de seguridad que se vayan incorporando. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está dispuesto a que la nueva ley de Tráfico cuente con el mayor consenso posible. Ayer durante la presentación del anteproyecto en el Congreso, donde inició su tramitación parlamentaria, el ministro anunció que el Gobierno está abierto a modificar uno de los puntos más polémicos de la ley: la edad a partir de la cual será obligatorio el uso de casco en los ciclistas. En este sentido, adelantó que se podría modificar de los 18 años que fija el actual anteproyecto a los 15 o 16 como piden algunos partidos políticos. Esta reforma de la ley de tráfico, la decimosexta de su historia, incluye como aspectos sustanciales que se amplíe a 130 kilómetros por hora el límite de velocidad en algunos tramos de autopistas y autovías, que los ciclistas menores de 18 años estén obligados a llevar casco cuando vayan por las ciudades y que las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas suban de 500 a 1.000 euros. Sanciones económicas Otras novedades propuestas por el Gobierno son la prohibición de los detectores de radar y que la multa por exceso de velocidad lleve aparejada, además de la sanción económica, la pérdida de puntos cuando se superen los 150 km h, con independencia de que el límite máximo sea de 120 o 130 km h. Fernández Díaz afirmó que el Gobierno está abierto a que se incorporen al Reglamento General de Circulación los acuerdos, muy particularmente en cuanto al uso del casco que alcancen los diputados en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que será la que apruebe próximamente la norma por tener en este caso competencia legislativa plena, informó Servimedia. El ministro también enfatizó que la reforma de la ley de tráfico recoge expresamente la prohibición legal de conducir con la presencia de drogas en el organismo del conductor abogó por la tolerancia cero en este aspecto y deseó que se disocie consumir droga con conducir como socialmente está aceptado separar el alcohol con sentarse ante un volante. En este sentido, precisó que los controles para detectar la presencia de drogas se harán con muestras biológicas de saliva por ser una medida poco intrusiva, segura y fiable Estas pruebas, que serán obligatorias, afectarán tanto a conductores como a peatones que infrinjan las normas. Negarse a hacérselas también llevará consigo una multa. Entre 500 y 1.000 euros, la misma cifra que las multas por consumo de drogas. Por primera vez en España El fracking queda regulado en la ley de Evaluación Ambiental ABC MADRID Ê ÊÌ sÌ Ì Ì s Ì sÌ Ç q Ñz oe ¡oeÚ Ô ¡z Z z oe s oe Z oe Z ãoe Z z Z Õz z Z á Ôz s z ¡oe Ç s â í zz á Ï q Z á Z ¡Ë Z z ¡Y oe Z í z zvÚ Z z V Ú à à z ü Ì ¡z Ú Üïü! z z s ¡z q Ûïü! oe s ¡z oe z Z oe oes oes úZs õ È zÚ Z ¡oe Z Z oe Z áZ á ¡È z pï È z pHÇ ÕÒà Ö à È àÒã õ Ôz oe s V q z V Z z oe oes oe ¡í Z z Z z û õ È Y V s Z Z ãoe í Z q oe z Z V Z ü õ ã z V Z s z ¡oe V Ò zoe sz Z ¡oe z ¡oe z ¡oe ¡z Z á oe ¡z ã oe â Z ¡ï Z s Z Ôz oe s Z û õ Ò ¡oe q Ôz s oe ú õ È s z q z V Z s Z ãoe Z ÔÕÒ Èã ÊÏÖ ã à ÕâË ÒÖÕ H Èã ÔÒ ÑËà Ö H La técnica extractiva de fracturación hidráulica, también conocida como fracking, ya está regulada en España, después de que el Congreso aprobara definitivamente ayer el proyecto de ley de Evaluación Ambiental con el apoyo fundamental del PP, el respaldo puntual de CiU y el rechazo del resto de los partidos políticos a las enmiendas presentadas por el Senado. Los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos que requieran de la técnica de fracking tendrán el visto bueno administrativo en un plazo de cuatro meses, prorrogable a dos más por razones justificadas y debidamente motivadas. Hasta ahora, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo o las comunidades autónomas concedía las autorizacio- nes a los proyectos estudiando caso por caso, con la ley del Sector de Hidrocarburos, de 1998, como única norma nacional. Con la ley de Evaluación Ambiental, el promotor del proyecto de fracking deberá elaborar previamente un estudio de impacto ambiental y presentar la documentación técnica pertinente. El órgano competente emitirá una declaración de impacto ambiental en el plazo máximo de seis meses, cuando actualmente esto puede demorarse varios años. Los votos del PP bastaron para dar luz verde a esta norma, que suscitó el rechazo de gran parte de los partidos de la oposición, aunque CiU dio su apoyo a algunas modificaciones del Senado y se abstuvo en otras. El proyecto de ley se tramitó por el procedimiento de urgencia y quedó visto para sentencia con menos de un mes de recorrido parlamentario.