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22 ESPAÑA VIERNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 abc. es españa ABC Difundir imágenes de policías o vejarlos será sólo infracción leve El Consejo de Ministros ve hoy un anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana suavizado ABC MADRID dor del anteproyecto de ley escalar edificios oficiales o emblemáticos. Rodear el Congreso Infracción grave (1.000 a 30.000 euros) dad y pongan en peligro su seguridad o el éxito de la operación. Esto antes era considerado como grave. Además, se pone la coletilla: sin menoscabo del derecho constitucional a la información, para que quede garantizado el libre ejercicio de los profesionales de la información. tipo de instalaciones críticas. Perturbar espectáculos Infracción muy grave (30.001 a 600.000) Convocatoria no comunicada Infracción leve (Entre 100 y 1.000 euros) El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana llega hoy al Consejo de Ministros con una modificación a la baja respecto a algunas de las infracciones y sus correspondientes sanciones recogidas en el borrador inicial y que en los últimos días habían suscitado polémica. Interior justifica estos cambios porque ha habido debate e intercambio de sugerencias con otros ministerios, especialmente los de Justicia y Sanidad, mientras que la oposición y sindicatos policiales lo atribuyen a la presión de las críticas. Estas son algunas de las infracciones y sanciones contempladas en el texto que abordará hoy el Consejo de Ministros, que podría introducir aún algunas variables antes de que se inicie la tramitación parlamentaria, que concluiría en el primer trimestre del próximo año. También se ha rebajado la dureza sancionadora en este supuesto, porque en el borrador inicial se contemplaba como grave. Pero siempre y cuando no se den agravantes, como el uso de capuchas en actitudes violentas para dificultar la identificación o provocar perturbación de la seguridad ciudadana. Perturbar la seguridad ciudadana en espectáculos, concentraciones religiosos y otros actos de gran afluencia de público se mantiene en el texto que estudia hoy el Consejo de Ministros como infracción muy grave, siempre que no sea constitutivo de delito, que entonces entraría en el ámbito del Código Penal. También se mantiene con la misma calificación que en el primer borra- Llevar a cabo concentraciones o manifestaciones no comunicadas a la autoridad ante el Congreso, el Senado o los Parlamentos autonómicos, aunque en ese momento no se celebre actividad alguna, pasa en el nuevo texto de ser infracción muy grave a grave. Siempre que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana y no lleguen al rango de hechos constitutivos de delito. Dispositivos luminosos Infracción muy grave (30.001 a 600.000) La proyección de rayos láser u otros dispositivos luminosos para deslumbrar a pilotos de avión o conductores, por ejemplo, de tren, poniendo en peligro sus vidas y la de los usuarios, se mantiene como infracción muy grave. Infraestructuras críticas Infracción muy grave (30.001 a 600.000) Botellón Infracción grave (1.000 a 30.000 euros) Insultar y vejar a policías Infracción leve (Entre 100 y 1.000 euros) En el borrador inicial se contemplaba como infracción grave y por tanto merecedora de hasta 30.000 euros de sanción. En el nuevo texto, insultar, amenazar, coaccionar o injuriar a agentes de las Fuerzas de Seguridad se rebaja a infracción leve. Al igual que difundir imágenes que atenten contra el derecho de los agentes al honor e intimi- Las concentraciones o invasión no comunicada de infraestructuras como aeropuertos, puertos o centrales nucleares, se mantienen dentro del rango de infracción muy grave si ponen en peligro su seguridad o su funcionamiento. Se contempla también como muy grave sobrevolar este El denominado botellón no autorizado, siempre y cuando se perturbe la tranquilidad ciudadana, puede ser considerado una infracción grave, sancionada con entre 1.000 y 30.000 euros. Ficheros Registro de reincidente Jorge Fernández Díaz Se contempla la creación de ficheros para registrar las infracciones y si se producen reincidencias, porque la comisión reiterada de infracciones graves se puede convertir en una muy grave, o una leve puede pasar a ser una grave. NOVEDAD EN LA LEY DE LA TRANSPARENCIA Hacienda vigilará a fondo a los políticos y sus familias para evitar la corrupción A. I. SÁNCHEZ MADRID Nuevos sospechosos ¿Quiénes son? Todo aquel que desempeñe o haya desempeñado funciones públicas importantes en España o en el extranjero, así como sus padres, hijos, cónyuges o parejas estables. La Ley de la Transparencia quedó aprobada ayer en el Congreso con los votos a favor del PP, CiU, PNV, CC, UPN además de Foro, el rechazo de PSOE, IU, UPyD y una importante novedad incluida en el Senado: la aplicación de vigilancia especial a los movimientos financieros y económicos de todos aquellos ciudadanos potencialmente corruptibles. Se trata de las denominadas Personas Expuestas Políticamente todos aquellos que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes en España o en el extranjero en los distintos poderes del Estado y en los diferentes niveles administrativas, así como a sus cónyuges o parejas estables, hijos y padres. La Comisión para la Prevención del terrorismo y el Blanqueo de Capitales vigilará sus transferencias bancarias, compraventas de inmuebles, movimientos de capitales. operaciones con moneda extranjera... cualquier operación que pueda considerarse de riesgo Bancos, aseguradoras, empresas de inversión, sociedades ges- ¿Qué se vigilará? Cualquier movimiento considerado de riesgo para actividades de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. ¿Cómo se controlará? Bancos, notarios, registradores, aseguradoras, gestoras, abogados... avisarán al Fisco toras, notarios, registradores... se encargarán de suministrar información a la Comisión sobre cualquier movimiento sensible que detecten. El Gobierno ha incorporado esta disposición en la Ley de la Transparencia cumpliendo un acuerdo internacional del Grupo de Acción Financiera que parte de la idea de que todas estas personas tienen cierto riesgo de participar en alguna actividad de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Su entrada en vigor será inmediata tras su publicación en el BOE. Lo mismo sucederá con el título II de la Ley referido al Buen Gobierno mientras que la aplicación del resto del texto será paulatina y no concluirá hasta 2016, tras las próximas elecciones. La publicidad activa y el derecho de acceso a la información entrarán en vigor dentro de un año, mientras que las autonomías y entidades locales dispondrán de dos años para cumplir las nuevas obligaciones.