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ABC MADRID 31-10-2013 página 30
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  • EdiciónABC, MADRID
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30 ESPAÑA JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2013 abc. es españa ABC La terrorista Del Río se burla del Estado y exige cobrar 30.000 euros El Gobierno estudia impedir que los etarras que no pidan perdón cobren ayudas N. VILLANUEVA A. I. SÁNCHEZ MADRID No le vale con estar en la calle sin haber cumplido ni un año por asesinado. En total 24. La etarra Inés del Río, la autora del atentado de la Plaza de la República Dominicana, que se llevó doce vidas de un plumazo, quiere, además, la indemnización de 30.000 euros que le concedió Estrasburgo y cobrar los otros 1.500 de costas procesales (el pago a su defensa) Lo cierto es que esta cantidad no cubre ni el 0,16 por ciento de los 19 millones de euros que tuvo que adelantar el Estado a sus víctimas en concepto de responsabilidad civil, a la que Del Río no respondió en su momento al declararse insolvente. No ha pasado una semana desde que la etarra está en libertad y su abogado ya se ha dirigido a la Sala Penal de la Audiencia Nacional para recurrir el bloqueo de esa indemnización, con la que el Estado compensará la deuda a la que subrogó cuando la etarra no afrontó las responsabilidades pecuniarias fijadas en cada una de sus sentencias condenatorias. El pasado 22 de octubre, los dieciecisiete magistrados que acordaron su excarcelación establecieron en el auto de libertad que los 30.000 euros concedidos por Estrasburgo en concepto de daños morales (por haber estado en prisión cinco años más por la aplicación retroactiva de la doctrina Parot) debían ser destinados al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas o para compensar el derecho de subrogación del Estado etarras y todos aquellos penados por crímenes abyectos, como violadores en serie, que abandonen la cárcel sin haberse rehabilitado puedan acceder a cualquier tipo de prestación asistencial: subsidios, ayudas para la vivienda o becas de estudio. También mostró su disposición a que se exija que se haya satisfecho la responsabilidad civil para los delitos graves como el caso de terrorismo, como condición necesaria para accerde a cualquier tipo de ayusa asistencial. Según defendió el ministro, el campo de actuación es fértil y muy amplio Ni un euro sin arrepentimiento Fernández ampliaba así la interpelación defendida por la líder de UPyD, Rosa Díez, que pedía al Ejecutivo evitar que los etarras perciban el subsidio de excarcelación. Una posibilidad que la líder del grupo magenta calificó de anomalía democrática además de burla y sarcasmo El ministro anunció que su objetivo será lograr que ningún criminal se beneficie de ayudas del Estado del Bienestar que han pretendido dinamitar cuando su excarcelación se produzca sin haber pedido perdón y sin querer colaborar con la Justicia. Los equipos de ambos grupos negociarán ahora las medidas que verán la luz con una moción que UPyD defenderá antes de que acabe el mes de noviembre. El titular de Interior invitó a todas las formaciones a sumarse a las conversaciones en aras de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible y sólo marcó tres líneas rojas Los derechos ya adquiridos por los excarcelados, el marco constitucional y que las prestaciones que queden restringidas sean asistenciales, esto es, no contributivas. No obstante, Fernández recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha comenzado a implementar medidas que recortan las ayudas a las que pueden acceder los terroristas. De verdugos a víctimas En concreto, señaló que se han rechazado ya 40 peticiones de personas relacionadas con ETA que intentaban beneficiarse del conjunto de medidas previstas para las víctimas del terrorismo. Y aunque Fernández dio en todo momento a ETA por derrotada, reconoció que algunos pretenden continuar clandestinamente la actividad A estos les lanzó una advertencia en toda regla: Nosotros lo sabemos, que se atengan a las consecuencias recalcó, insistiendo en el mensaje de que el Ejecutivo no va a bajar la guardia Previamente, el ministro había mantenido un tenso cara a cara con la diputada de Amaiur, Onintza Enbeita, después de que esta acusara a las Fuerzas de Seguridad del Estado de seguir torturando a etarras: la democracia española tiene muchos guantánamos dijo. El ministro le plantó cara con contundencia y le preguntó cómo puede hablar de derechos humanos cuando no ha condenado a ETA. Re- La deuda de la etarra con el Estado 19 millones Abusos en el sistema Interior ha rechazado 40 peticiones de personas del entorno etarra que querían beneficiarse de ayudas Rifirrafe con Amaiur Ante la acusación de torturas, el ministro responde que esta invención forma parte de la estrategia de ETA de euros debe Inés del Río al Estado, que adelantó el dinero a las familias de sus 24 víctimas. cordó además que distintas sentencias han puesto de manifiesto la estrategia de ETA de inventar torturas. No falta más que ver sus caras para ver las torturas a las que están siendo sometidos señaló aludiendo a las últimas imágenes de etarras sonrientes tras la sentencia de Estrasburgo. Subsidio mensual Otra cantidad que podría recibir la terrorista es un subsidio de hasta 7.668 euros al que supuestamente pueden acceder todas las personas que han permanecido más de seis meses en prisión y salen sin haber realizado un trabajo remunerado dentro y sin tener empleo fuera, entre otros requisitos. Se trata de un subsidio mensual de seis meses de duración, pero que puede ser prorrogable por otros dos periodos de igual duración, hasta un máximo de dieciocho meses La cuantía de este subsidio mensual es de 426 euros. Es precisamente a esta ayuda a la que ayer se refirió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que volvió a mostrar en el Congreso el malestar que el fallo de Estrasburgo ha generado en el seno del Gobierno. Avanzó que durante las próximas tres semanas estudiará qué medidas pueden ponerse en marcha para impedir que los DOCTRINA PAROT Dignidad y Justicia alega que España no tiene por qué obedecer a Estrasburgo N. V. MADRID La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) que preside Daniel Portero, ha presentado sendas denuncias ante la Fiscalía General del Estado en las que insta a solicitar la nulidad de los autos de excarcelación de los etarras Inés del Río y de Piritz, dictados por la Audiencia Nacional tras la sentencia de Estrasburgo. DyJ sostiene que ambas resoluciones incurren en un exceso competencial ya que la Au- diencia Nacional solo puede ejecutar las sentencias penales de tribunales extranjeros, que no es lo mismo que tribunales internacionales. Además, argumenta que la ejecución de la sentencia de Estrasburgo no puede producirse porque en España no existe aún ley orgánica que incluya el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entre los motivos legales de revisión de resoluciones judiciales firmes. Recuerda que las resoluciones del TEDH solo tienen efectos declarativos y precisan, para su efectividad, del concurso del Derecho y Tribunales españoles, y que la decisión de Estrasburgo solo afecta al caso de esta etarra. Dignidad y Justicia pide así al fiscal que eleve al Ministerio de Justicia un informe en relación con la imposibilidad legal de cumplimiento de la sentencia europea y que imparta instrucciones inmediatas al fiscaljefe de la Audiencia Nacional para que formule incidentes de nulidad contra los autos de libertad de los dos etarras. Para DyJ son el TC y el Tribunal Supremo los que tienen que examinar los casos de Inés del Río, y de Piritz, respectivamente. Este último tenía pendiente un recurso en el Alto tribunal.

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