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60 MADRID LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2013 abc. es madrid ABC Irregularidades, transacciones opacas y agujeros en las universidades públicas El Tribunal de Cuentas lleva al Congreso un demoledor informe sobre los centros universitarios madrileños Indica que no detallan sus partidas de inversión ni sus gastos en proyectos de investigación ADRIÁN DELGADO MADRID o corren buenos tiempos para las universidades públicas madrileñas. A sus problemas económicos y organizativos se suma ahora un nuevo rapapolvo del Tribunal de Cuentas sobre sus presupuestos de 2008 y 2009. Irregularidades importantes deficiencias e, incluso, transacciones opacas son algunas de las duras conclusiones extraídas por este tribunal sobre las cuentas de los centros universitarios de la región. Así lo recoge en su informe de fiscalización del sector público autonómico, presentado hace solo unos días en el Congreso de los Diputados. Durante su comparecencia en la Cámara Baja, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, alertó de que cuatro de ellas- -Complutense, Alcalá, Carlos III y la Autónoma- -gastaron más de 3,1 millones de euros en planes de jubilaciones voluntarias que carecían de suficiente soporte legal El informe destaca que suscita serias dudas desde la óptica de la legalidad vigente el hecho de que las universidades públicas establezcan estos programas de jubilaciones para su plantilla. En este sentido, el Tribunal asegura que esta decisión es competencia de el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los consejos sociales En ningún caso aparece esta competencia en materia de retribuciones reservada a los consejos de gobierno de las universidades, que son quienes han venido adoptando los acuerdos que establecen planes de jubilaciones N también al personal no docente (PAS) El informe recalca que en este caso los problemas de encaje legal se acrecientan al sumarse estos beneficiarios de los planes a través de un convenio colectivo suscrito por los sindicatos y rectores Tanto es así- -dice este tribunal- que en algunas universidades han llegado a reconocer en sus acuerdos el impedimento legal al respecto El estudio, al que ha tenido acceso ABC, se fija especialmente en la gestión de los presupuestos de la Universidad Complutense. Sobre todo se centra en los gastos correspondientes a su Fundación General. Una institución Agujeros de 2008 y 2009: de aquellos polvos... Complutense El informe relativo a los presupuestos de 2008 y 2009 revela que este centro participa en el capital social de siete sociedades mercantiles, tres fundaciones y dos consorcios. El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en el gasto relativo a sus proyectos de investigación. Asimismo, denuncia falta de soporte legal en algunas decisiones tomadas por sus órganos de gobierno. Sospecha de la finalidad de su Fundación General por su participación en la promoción inmobiliaria de Somosaguas. Politécnica El Tribunal de Cuentas ha puesto en el punto de mira cerca de mil contratos relacionados con proyectos de investigación que se escapan al control ordinario al que están condicionados el resto de contratos de la plantilla. Sus retribuciones no están sometidas a ninguna tabla ni resultan acordes en todos los casos con los salarios del convenio colectivo del personal laboral que trabaja en las universidades públicas de Madrid. La UCM, en el ojo del huracán El informe apostilla que todo ello se ha hecho sin perder de vista que de la composición de los consejos de gobierno forman parte personas directa o indirectamente interesadas en las medidas acordadas denuncia. Tal es así, que el gasto en esta partida se disparó a 1.402.712 euros, entre 2008 y 2009, en la Complutense; y, a 1.386.607 euros en la Autónoma. En total, se acogieron a estos planes- -entre 2007 y 2009- -283 trabajadores. Además, las universidades madrileñas incluyen no sólo al personal docente e investigador contratado, sino Carlos III El Tribunal destaca la ausencia de documentación justificativa de los gastos de inversión en sus cuentas. Según el informe, no es posible acreditar la razonabilidad del gasto de este centro. Este órgano fiscalizador llega incluso a dudar de si ese gasto corresponde efectivamente a la Universidad Estudiantes en la Ciudad Universitaria ÁNGEL DE ANTONIO