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ABC LUNES, 14 DE OCTUBRE DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 17 nada más llegar al poder José Luis Rodríguez Zapatero. Gómez Jaén, ingeniero de Minas, había dirigido varias empresas públicas durante los gobiernos de Felipe González, como Hunosa o Potasas del Llobregat. En julio de 2009, cuatro años después de la firma del contrato con Venezuela, fue destituido como presidente de Navantia, aunque lo recolocaron al frente de una filial de Navantia, Sainsel Sistemas Navales. Tanto Gómez Jaén como Jesús Arce no tienen actualmente cargos en compañías públicas. LA REACCIÓN DE WASHINGTON Estados Unidos intentó frenar la venta para no armar a Hugo Chávez J. CH. MADRID El veto de EE. UU. BUQUES SIN ARMAS Dos imputados más Los dos primeros imputados, Salas Collantes y Rodríguez Andía, a los que la Fiscalía Anticorrupción denunció hace aproximadamente tres años, han intentado sin éxito que el caso se archive. Su defensa presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para impedir las nuevas diligencias que había solicitado la fiscal del caso. Pero la Sección Primera de la Audiencia dictaminó el pasado enero que la instrucción debía seguir para comprobar si se ha podido causar un perjuicio patrimonial al erario público El tribunal dictaminó que, dada la complejidad de los hechos objeto de instrucción no parece irrelevante la práctica de las diligencias solicitadas por el fiscal La venta de ocho patrulleras militares a Venezuela supuso una carga de trabajo fundamental para los astilleros públicos españoles. El monto del contrato superó holgadamente los 1.200 millones de euros: la cifra final oscila entre 1.207 y 1.245 millones. La operación movilizó tanto al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como a su ministro de Defensa, José Bono, que trataron directamente con el ya fallecido presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez. De hecho, Bono acudió personalmente a Caracas para la firma del contrato, el 28 de noviembre de 2005, acompañado por el entonces presidente de Navantia y ahora imputado en el caso de las comisiones, Juan Pedro Gómez Jaén. Estados Unidos presionó todo lo que pudo para evitar la venta, ya que consideraba que esa operación dotaba de armamento a un personaje incómodo como Chávez. Los barcos, cuatro BVL (Buque de Vigilancia de Litoral) y otros cuatro POVZEE (Patrullera Oceánica de Vigilancia de la Zona de Exclusión Económica) sirven para reforzar la presencia venezolana en el Mar del Caribe, lo que Estados Unidos no veía con buenos ojos. Estados Unidos no veía con buenos ojos que España vendiera armamento a un país como Venezuela. Por eso intentó frenar la venta. El Gobierno alegó que las patrulleras no llevaban armas, un hecho cierto. Lo que no dijeron es que los buques estaban preparados para instalarlas después, como finalmente sucedió. UNA PARTIDA DE AVIONES Buques sin armamento España argumentó que los buques no portaban armamento. En realidad así era, pero las ocho patrulleras estaban preparadas para instalar los cañones y lanzaderas de torpedos una vez entregadas, como finalmente ha ocurrido. La operación que sí consiguió parar el Gobierno norteamericano fue la venta de una partida de aviones. No veía con buenos ojos, la presencia venezolana en el Mar Caribe. Al más alto nivel La operación movilizó tanto a Zapatero como a Bono, que acudió personalmente a Caracas La Administración estadounidense se tuvo que conformar con vetar tecnología propia en los buques, que tuvieron que utilizar entonces a otros proveedores. Este veto tecnológico sí frustró la venta de una partida de aviones de la compañía española CASA a Venezuela.