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26 ESPAÑA MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013 abc. es españa ABC Responsables políticos Confío en que este no sea el último juicio por el caso Faisán dijo el abogado del PP en su informe final teros, José Luis Vegas, claro que hubo chivatazo, claro que tenía motivaciones políticas, pero no está nada claro que fueran estas personas las que dieron el chivatazo Colaboración con ETA Finalizado el juicio, Pamiés y Ballesteros se enfrentan a peticiones de condena que oscilan entre los 7 y los 10 años de prisión. Los delitos de los que se les acusan son revelación de secretos y colaboración con banda armada. Las tres acusaciones populares piden que se les condene por ambos delitos, mientras que la Fiscalía sugiere que sea por uno o por otro. En relación con la colaboración con banda armada, el tribunal deberá decidir ahora si para ello es necesario tener afinidad ideológica con la organización terrorista a la que se ayuda. Aunque existe jurisprudencia reciente en esta línea, y las acusaciones la pusieron ayer sobre la mesa, las defensas argumentan que no dejaría de ser paradójico que dos policías con larga trayectoria en lucha antiterrorista fueran finalmente condenados por colaborar con quienes han sido sus enemigos. Y otra paradoja más esgrimida por las defensas: ¿es posible condenar a los dos policías por colaborar con ETA cuando las dos personas a las que dieron la información (Joseba Elosúa y José Antonio Cau) no han sido condenados por pertenecer a ETA? En este punto, también tiene relevancia el contexto político en el que se podujo el chivatazo, con el Gobiernro impulsando un acercamiento a la banda. El abogado de la AVT, Antonio Guerrero, hizo hincapié en que el chivatazo se produjo el 4 de mayo de 2006, mientras que no es hasta el 29 de junio cuando el presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) anuncia la apertura de las conversaciones con la banda Los hechos añadió, se produjeron antes Enrique Pamiés y José María Ballesteros, en la primera sesión del juicio por el caso Faisán EFE El caso Faisán, visto para sentencia con el PP apuntando a Rubalcaba El fiscal, las acusaciones y una defensa coinciden en que hubo chivatazo y que el móvil fue político JUAN FERNÁNDEZ- MIRANDA MADRID Confío en que este no sea el último juicio del caso Faisán Son palabras de Alexis Godoy, el abogado que ha representado al Partido Popular en el juicio por el chivatazo a ETA en mayo de 2006, que ayer quedó visto para sentencia en la Audiencia Nacional. Considera que los dos mandos policiales que se sentaron en el banquillo de los acusados son culpables, pero no los únicos. Tales decisiones sólo pueden ser adoptadas por las más altas instancias policiales y políticas añadió en clara referencia al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al exsecretario de Estado para la Seguridad Antonio Camacho y al exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba. Para el PP, ellos son también responsables de esta delación delictiva Después de cinco sesiones de juicio, el tribunal debe deliberar ahora sobre un caso en el que se produce una curiosidad: la Fiscalía, las defensas y las acusaciones coinciden en afirmar que el chivatazo sí se produjo. Las discrepancias surgen a la hora de identi- ficar a los autores materiales y a los responsables políticos. Para la Fiscalía y para las tres acusaciones- -Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y Partido Popular- -ha quedado probado que los autores fueron Enrique Pamiés, exjefe superior de Policía del País Vasco, y José María Ballesteros, ex inspector en Álava. Para las defensas de ambos policías, no se ha podido acreditar su participación en tales hechos, ya que la instrucción ha sido defectuosa y en la vista oral se ha pretendido construir una acusación en base a absolutamente nada En lo que vuelve a haber coincidencia es en el hecho de que el chivatazo tuvo un móvil político. Como resumió el abogado de Balles- NUEVO REGLAMENTO PARA AFECTADOS POR TERRORISMO Interior y víctimas discrepan sobre las indemnizaciones J. P. MADRID Ángeles Pedraza DE SAN BERNARDO El Ministerio del Interior y las víctimas del terrorismo mantienen algunas discrepancias en torno al nuevo reglamento que regula las indemnizaciones y prestaciones que recibirán quienes han sufrido el zarpazo del terror y aquellos que acrediten su condición de amenazados. El subsecretario del Ministerio, Luis Aguilera, y la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, informaron ayer a representantes de las asociaciones sobre el contenido del Reglamento, aprobado el pasado día 6 por el Consejo de Ministros. Según Aguilera, permitirá actualizar las indemnizaciones en caso de que la víctima cobrase menos que el máximo establecido en la actualidad, o acceder a indemnizaciones adicionales en materia educativa o psicológica. Sin embargo, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, reprocha que el texto abandone el término víctima para tomar el de afectados por el terrorismo Tampoco está de acuerdo con que se incluya en la misma ley a los amenazados que, en su opinión, tienen derecho a recibir ayudas, pero deberían contar con su propia norma. Este reglamento ha desarrollado muchísimo la figura de los amenazados y sin embargo ha segado otras ayudas a las víctimas, como aquellas sin invalidez permanente que se han quedado sin ayudas escolares para sus hijos La presidenta de la Asociación 11- M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, discrepa de la propia concreción que se da a la figura del amenazado