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24 ESPAÑA LUNES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 abc. es españa ABC Castro intenta ahora acusar de blanqueo a la Infanta, al no probar un delito fiscal Hacienda informa de que si el préstamo del Rey a su hija fuera una donación encubierta ya habría prescrito PABLO MUÑOZ MADRID Los últimos movimientos del juez Castro en la instrucción del caso Nóos, solicitando información sobre si la Infanta Cristina utilizaba el dinero de Aizoon para pagar gastos particulares, han causado perplejidad entre los investigadores, entre otras razones porque prácticamente desde el principio de la instrucción existían datos de que, en efecto, eso se había producido. Incluso, en su primera declaración a Iñaki Urdangarín se le preguntó una y otra vez por cómo se habían pagado las obras de su vivienda de Pedralbes, en Barcelona, descendiendo hasta el detalle de unos termos. Por sus movimientos, da la impresión de que el juez quiere acumular datos para justificar la imputación de un delito de blanqueo sostienen las fuentes consultadas por ABC, que sin embargo consideran que desde un punto de vista técnico sería incomprensible esta decisión. Para que exista un delito de blanqueo sostienen las fuentes es necesario que haya un delito antecedente, bien por comisión o por tener conocimiento de que el mismo se está produciendo. En el caso de la Infanta Cristina es obvio que el primero de los supuestos no se produce así lo dictaminó la Audiencia Provincial de Palma pero tampoco el segundo, puesto que el mismo órgano jurisdiccional consideró que la hija menor de los Reyes no conocía las actividades supuestamente irregulares de su marido No obstante, la Audiencia consideró que era posible que hubiese existido blanqueo en el caso de que la Infanta hubiera sabido que Aizoon era en realidad una sociedad pantalla constituida con una finalidad únicamente defraudadora, lo que distintas fuentes consideran prácticamente imposible de demostrar. El juez del caso Palma Arena, José Castro EFE sostienen los expertos consultados por ABC. En el caso Nóos los caminos del Ministerio Público y del juez parecen ya irreconciliables. El divorcio se produjo por la decisión unilateral del instructor, José Castro, de imputar a la Infanta Cristina en contra del criterio del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach. El magistrado estaba convencido de que la Audiencia Provincial respaldaría su criterio, pero se equivocó. La Sala, en su argumentación de fondo, dio la razón a la acusación pública, pero a cambio dejaba formalmente una puerta abierta al instructor para que continuara su investigación ya solo por un delito fiscal, y paradójicamente también de blanqueo, a pesar de que admitía que Doña Cristina no conocía las actividades irregulares de su marido. La Sala trató de contemporizar sostienen las fuentes No quería desautorizar al instructor en un asunto tan delicado, pero a pesar de eso Castro se sintió herido y ha querido continuar hasta el final, dilatando la instrucción quizá para ganar tiempo para construir un nuevo escrito de imputación o bien para ver si tiene suerte y hay algún elemento nuevo al que aferrarse El resultado es una dilación en el cierre de la instrucción que comienza a ser clamoroso. En realidad, distintos expertos consultados consideran que el juez está planteando una especie de investigación inquisitorial sobre una persona que ni siquiera está imputada, pero cuya situación personal miembro de la Familia Real le impide defenderse como a cualquier ciudadano sin que sea interpretado como un intento de obstrucción a la Justicia. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción no tiene decidido si recurrirá ante esa posible imputación por blanqueo. Fin al acuerdo con el fiscal Horrach El recurso del fiscal Anticorrupción contra la imputación de la Infanta Cristina marcó un antes y un después en la actuación del juez instructor, José Castro. Si hasta entonces había actuado en todo momento de forma coordinada y conjunta con el juez, desde ese momento decidió actuar por su cuenta. Una de las decisiones que tomó Castro, rompiendo un acuerdo previo con el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, fue la de elevar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una exposición razonada para que ese tribunal se pronunciara sobre la imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expre- Contrato público sidente de la Comunidad, Francisco Camps, ambos aforados. Anticorrupción cosideraba que esa exposición razonada solo debía realizarse una vez que toda la instrucción hubiese finalizado, de modo que si el TSJ consideraba que no había pruebas contra esa persona devolvería la instrucción ya completada y se harían los escritos de acusación de inmediato. Por el contrario, si los imputaba prácticamente solo tendría que tomarles declaración, puesto que la investigación judicial ya estaría agotada. Castro decidió adelantarse y eso obligó al fiscal a presentar su informe ante el tribunal valenciano. Antes, durante el verano estudió si era posible separar los hechos ocurridos en Valencia con los de Baleares, pero vio que no era posible. El préstamo de 1,2 millones que en 2004 concedió el Rey a su hija para la compra de la vivienda de Pedralbes es un buen ejemplo de todo esto. Ha hecho correr ríos de tinta. La Casa Real ha respondido con celeridad al revuelo haciendo pública la escritura del préstamo entre particulares perfectamente regulada. Todo ello mientras hay quien ha tratado de introducir la especie de que en realidad se trataba de una donación encubierta, que debía cotizar al 30 por ciento, y por tanto podía existir un delito fiscal. Una vez más, la realidad de los hechos se ha impuesto en este caso. En primer lugar, no existe ni una sola prueba de que en efecto se tratara de una donación encubierta los documentos dicen lo contrario pero es que además si eso hubiese sido así la irregularidad estaría prescrita, tal como ha informado, en consultas informales, la Agencia Tributaria. Imputación dudosa No se puede acusar de blanqueo continúan las fuentes del caso a quien no tiene conocimiento de que su marido puede estar obteniendo dinero de forma irregular, por mucho que esas ganancias se consigan a través de una empresa de la que ambos comparten propiedad pero que, de hecho, solo es controlada por el cónyuge, como en este caso. Si yo gasto un dinero de mi cónyuge en la creencia de que ha sido legalmente obtenido a través de la empresa que compartimos, es imposible construir una acusación de blanqueo