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ABC MADRID 16-09-2013 página 13
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ABC MADRID 16-09-2013 página 13

  • EdiciónABC, MADRID
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ABC LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 abc. es opinion OPINIÓN 13 UNA RAYA EN EL AGUA EL CONTRAPUNTO ISABEL SAN SEBASTIÁN DE LA CONVICCIÓN A LA CONVENIENCIA El PP, este PP, amaga, pero no termina de dar la batalla de las ideas A penas las separan unas líneas en el diccionario, pero la distancia conceptual que media entre estas dos palabras es tan gigantesca como la que aleja una política basada en los principios de otra asentada en el cálculo: un abismo. ¿Qué razón ha llevado a Barack Obama a desdecirse de sus propias palabras y renunciar a lanzar un ataque de castigo contra el presidente sirio, en represalia por la utilización de armas químicas contra civiles? ¿El temor a complicar todavía más un escenario de guerra civil endiablado y dar alas al fundamentalismo islámico o las encuestas que muestran el rechazo de la opinión pública norteamericana a esa ofensiva? Si estuviéramos en el primer supuesto, que comparto, aplaudirá su decisión. Pero, a juzgar por los tiempos y la rectificación, tengo para mí que ha sido la demoscopia la que le ha hecho corregir su postura inicial, llevándose por delante buena parte de la credibilidad de los Estados Unidos y, con ella, su capacidad de disuasión. Es decir, resquebrajando peligrosamente el escudo que nos protege a todos de la amenaza terrorista. Porque la conveniencia ayuna de convicción conduce inevitablemente a la debilidad, mientras que la convicción suele generar la fortaleza necesaria para alcanzar lo que conviene. Una lec- ción de la Historia que algunos parecen olvidar. Salvemos todas las distancias salvables y vayamos a lo que acontece aquí, dentro de casa, en ese desafío cansino planteado por el independentismo catalán a una España cada vez más huérfana de líderes dispuestos a defender su unidad, su ser, su esencia, desde la convicción y no desde la conveniencia. La creencia en una Nación no es negociable ni puede administrarse en función de la aritmética electoral o el calendario. No es parcelable por comunidades autónomas. España es una realidad histórica, cultural, lingüística y política tan incuestionablemente sólida que resulta inaceptable e incomprensible la falta de un discurso político alternativo al del secesionismo por parte de quienes tienen la responsabilidad de responder desde el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, al desafío rupturista. ¿O es que ya han aceptado los grandes partidos esa división de la soberanía por territorios que invocan los separatistas? ¿Acaso las taifas resultan tan rentables para ellos, en términos de poder y presupuesto, que les conviene mirar hacia otro lado mientras España se diluye progresivamente en diecisiete mini- estados? ¿O se trata simplemente de cobardía ante un adversario armado de creencias más sólidas? La izquierda sucumbió hace tiempo a esa presión del nacionalismo, al caer en el error garrafal de confundir a España con Franco. El PP, este PP, amaga, pero no termina de dar la batalla de las ideas. No se atreve a enarbolar la bandera del patriotismo, como si en un rincón de su alma confusa anidaran los mismos complejos que llevaron al PSOE a fragmentarse y cambiar de mensaje en función de la geografía, hasta sufrir la peor derrota electoral que recogen sus anales. Con una mano escribe Rajoy esa carta en la que dice a Mas no a la consulta ilegal y con la otra le ofrece dinero y privilegios a cambio de paz como si tuviese que pagarle la lealtad debida a la Constitución que alumbró las instituciones autonómicas catalanas y que el President juró defender. Sin asumir que la lealtad no se compra ni se vende; se gana en campo abierto, desde la coherencia, o en su defecto se cambia por el respeto debido a la legalidad democrática. IGNACIO CAMACHO DERECHO A DECIDIR Ningún Gobierno puede autorizar en nombre de los españoles una consulta que modifique su soberanía colectiva ABRÁ que repetirlo las veces que haga falta: el problema de un eventual referéndum en Cataluña no es la respuesta sino la pregunta. Se trata de una cuestión elemental de derecho político: la simple convocatoria de una consulta, sea cual fuere su contenido, les reconocería a los catalanes una soberanía específica que no poseen y violaría los artículos 1 y 2 de la Constitución, es decir, los que fundamentan la ciudadanía española y la unidad del Estado. El resultado da igual; a partir del momento en que España admita que Cataluña tiene derecho a decidir por sí sola sería cuestión de tiempo la formación de una mayoría que decidiese la secesión unilateral. Y ningún Gobierno elegido por los españoles puede autorizar en su nombre una decisión que supone, a la corta o a la larga, la amputación Felipe González dixit de una parte sustantiva de la identidad nacional. Ese es el grave error que ha cometido Cameron en Gran Bretaña. Al convocar un referéndum en Escocia ha abierto la puerta a la fractura del Reino. Por una mera cuestión de egoísmo político, porque sabe que ganará de calle el no a la separación, el primer ministro británico ha utilizado la unidad nacional como herramienta para comprar tiempo. Allá él; en todo caso el Reino Unido carece de una fuente constitucional única y reglada y Escocia, que fue hasta el siglo XVIII un Estado independiente, constituye de hecho una entidad jurídica propia. Pero el derecho constitucional no es un concepto extensible como un chicle ni manejable como un trozo de plastilina según la voluntad política de cada circunstancia histórica. El derecho es la base de la democracia, la piedra angular del orden de las naciones. Y España sí tiene una Constitución escrita y positiva, que no es un corsé impuesto por nadie sino un marco decidido, aceptado y votado por una inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. También de los catalanes, por cierto. Sí, de los de 1978, claro; en Francia rige la de 1958 y en Estados Unidos, que no parece el país menos democrático del mundo, sigue vigente, con enmiendas, el texto de 1776. Las constituciones se reforman. Es fácil: sólo hay que reunir una mayoría social expresada representativamente en el Parlamento. Una mayoría nacional para cambiar una ley nacional. Lo que no se puede es modificar la base jurídica del Estado desde una (presunta) mayoría parcial en un territorio determinado. Eso fue lo que intentó Zapatero con el dichoso Estatut, origen de todo este problema actual, y se lo tuvo que impedir un Tribunal Constitucional modelado bajo su propia influencia. Y si un Gobierno, cualquiera que sea, quiere redactar de otro modo los artículos que afectan a la soberanía de la nación los tiene que someter a un referéndum de todos los españoles. Que somos los titulares del único derecho a decidir reconocido. ¿Estamos o no estamos? H JM NIETO Fe de ratas

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