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ABC MADRID 04-09-2013 página 19
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  • EdiciónABC, MADRID
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ABC MIÉRCOLES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 19 Anticorrupción pide investigar a fondo los pagos a los sindicatos La Fiscalía insta a la juez Alaya a acelerar las declaraciones de 24 imputados A. R. VEGA SEVILLA del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputados desde marzo de 2011, o de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, que lleva imputado desde marzo de 2012. Las andanzas cinegéticas de Lanzas, en el sumario Las pesquisas de la Guardia Civil sobre el ERE a la asociación de extrabajadores del Matadero de Fuenteobejuna SAL revelan que Lanzas recompensó al propietario de la finca donde cazaba, Juan José Viedma, con dos pólizas fraudulentas para su pareja y su hija. cutó el plan de Lanzas y 18 extrabajadores del matadero fueron contratados de forma fraudulenta Lo corroboró el tesorero del colectivo, uno de los beneficiados con el montaje. Domingo Valle Prieto relató a los agentes que nunca llegaron a trabajar en esta empresa Se desplazaron todos hasta esta empresa en un autobús y, una vez allí, firmaron alguna documentación, desconociendo exactamente qué tipo de documentos explica el atestado. Tirando del hilo de este revelador testimonio y de la documentación aportada por la Seguridad Social, la Guardia Civil concluye que se han producido contrataciones falsas con el fin de que estas personas puedan solicitar el convenio especial de cotización de la Seguridad Social Como recompensa o prome- sa a estas contrataciones prosiguen se ha producido la inclusión en una póliza de rentas de la administradora de la sociedad y su madrastra. Los investigadores también censuran el papel jugado por la Junta al conceder ayudas sociolaborales de manera arbitraria Para la UCO, los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, quienes ordenaron los pagos, han actuado abusando del ejercicio de sus funciones públicas y son responsables de la defraudación de fondos públicos La Fiscalía Anticorrupción mete presión de nuevo a la juez Mercedes Alaya para acelerar la investigación de la compleja trama de corrupción de los ERE falsos y a investigar a fondo las comisiones realizadas a los sindicatos o empresas aseguradoras vinculadas a los mismos. El Ministerio Público le solicita por segunda vez (ya lo hizo en junio pasado) que se requiera a la Guardia Civil para que aporte relación de las entidades y empresas perceptoras de hasta 7,6 millones de euros que cobraron UGT y CC. OO. por mediar en ERE con el objetivo de avanzar la investigación sobre la justificación de dichos pagos La misión de las organizaciones sindicales y el entramado de agencias de seguros vinculadas a ellas se limitaba a la captación de negocio y facilitar el proceso negociador al objeto de formalizar de manera efectiva las pólizas según concluye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A veces cobraban sin realizar asesoramiento alguno, añaden los agentes. En un escrito del pasado lunes elevado a la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, los fiscales delegados Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra le apremian a no demorar en el tiempo la fecha de declaración de 19 imputados y a concluir los interrogatorios de cinco imputados más en la operación Heracles desarrollada en marzo y centrada en el cobro de sobrecomisiones millonarias por la mediación de ERE. No es la primera vez que el Ministerio Público reclama a la magistrada un calendario razonable para oír la declaración de personas que se vieron implicados en el escándalo de las prejubilaciones trucadas desde su imputación el 11 de marzo de 2011, hace ya dos años y medio. Cita los casos del delegado provincial de Empleo de Sevilla Antonio Rivas y Huelga de basura La Fiscalía Anticorrupción solicita también a Alaya que impute a tres empresarios relacionados con el cobro de dos ayudas irregulares concedidas en 2006 por el exdirector de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para desactivar una huelga de basuras en municipios granadinos. Como avanzó ABC, Guerrero pactó con dirigentes de UGT y CC. OO. una ayuda bajo cuerda de 276.222 euros a cada una de las empresas concesionarias del servicio, Cespa SA y FCC SA, para abonarles, con cargo a dos pólizas subvencionadas por la Junta de Andalucía, las subidas salariales reivindic adas por los trabajadores. El Ministerio Público pide la imputación de Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip; José Antonio Pérez Santos, responsable de la empresa Cespa, y Álvaro Mollinedo, representante de FCC SA. Videoanálisis del escándalo de corrupción de los ERE en Andalucía La juez Mercedes Alaya, instructora de los ERE fraudulentos EFE

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