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ABC MADRID 01-09-2013 página 20
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20 PRIMER PLANO Entrevista con Alberto Ruiz- Gallardón en el presidente, y renovarán su mandato en la próxima legislatura. ¿Y cuándo veremos ese momento? -En 2014 todos los españoles constatarán no solo la finalización de la crisis, sino el inicio de la generación de empleo en este país. ¿Esperan entonces un otoño menos caliente en la calle? -El Gobierno tiene que respetar la forma de manifestación que quieran los ciudadanos pero creo que, al margen de las protestas que lógicamente se producirán, habrá un clima social más positivo. -Cuando esas formas de manifestación se traducen en insultos o amenazas de muerte en las redes sociales, ¿hay alguna forma de contenerlas? -Con una actitud democrática y cívica consistente en rechazar de la forma más rotunda cualquier amenaza o intento de coacción sobre los políticos y legisladores. -Estrasburgo está a punto de decidir sobre la constitucionalidad de la doctrina Parot. ¿Saldrán a la calle etarras con condenas milenarias? -No me pida usted que entre en un análisis tan pesimista y tan doloroso como el que usted sugiere. Yo confío en que la Gran Sala atienda la magnífica defensa que hizo la Abogacía del Estado de la tesis doctrinal establecida por el Tribunal Supremo y avalada por el Constitucional. Desde el Gobierno hemos hecho todo lo posible para que así sea. -A la vista de los últimos informes de la Guardia Civil, ¿es el momento de proceder contra Sortu? -La Fiscalía analizará cualquier informe que le remitan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y si aprecia cualquiera de las conductas que el TC estableció como motivadoras de una ilegalización sobrevenida, actuará. ¿Con qué armas cuenta el Estado español para defender los derechos de nuestros pescadores en Gibraltar? -El arma principal que en este conflicto tiene España es la legalidad. En el caso de las aguas no hay base histórica ni jurídica del Reino Unido y de las autoridades de Gibraltar para limitar la actividad de los pescadores. -ERC está presionando para que el referéndum en Cataluña se celebre cuanto antes. ¿Cómo lo va a detener el Gobierno? -Ningún gobierno autónomo puede actuar al margen de la Constitución. Si el Gobierno catalán entiende que ese marco constitucional del que deriva el estatutario no responde a sus pretensiones puede plantear que se modifique la Carta Magna, pero la tiene que modificar quien la aprobó: el pueblo español en su conjunto, que es el titular de la soberanía, porque la soberanía no está fraccionada. ¿Dónde cree que nos llevará esta deriva secesionista? -Convergencia se ha dejado abducir por el discurso radicalmente independentista de ERC y puede dejar de ser un partido vertebrador en Cataluña. Pero me preocupa también que el socialismo catalán, históricamente comprometido, como el vasco, con el proyecto de España, caiga en ese políticamente correcto discurso nacionalista y no asuma la responsabilidad histórica que le corresponde de defender lo mejor para Cataluña, que es ejercer una auténtica posición de liderazgo dentro de la Nación española. Se equivocaría profundamente el PSOE si por intentar conseguir unos cuantos votos más en las próximas elecciones perdiese definitivamente para las próximas generaciones el papel vertebrador que históricamente ha tenido en Cataluña. DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013 abc. es ABC El blindaje de Asegura que si el expresidente fuera ajeno a los ERE, el PSOE no le habría obligado a irse N. V. M. M. MADRID Regeneración democrática En España necesitamos recuperar unos criterios éticos, unos valores que sean compartidos por toda la clase política Aviso a Cataluña La Constitución la tiene que modificar quien la aprobó: el pueblo español, que es el titular de la soberanía, que no está fraccionada ¿A qué cree que se debe la proliferación de los casos de corrupción? ¿No se delinquía antes o es que no se investigaba? -Ahí hay dos aspectos, uno el legal y otro que es anterior y paralelo a las distintas regulaciones legales, que son los criterios éticos que deben acompañar al ejercicio de cualquier cargo público. Nosotros hemos introducido una serie de modificaciones, parte de las cuales van a ir en el nuevo Código Penal, y otra parte las anunció el presidente del Gobierno en su comparecencia del 1 de agosto, que sin duda van a contribuir de una forma muy eficaz a que sea, si no imposible, extraordinariamente difícil prevalerse de un cargo público para un enriquecimiento, realizar cualquier tipo de actuación en contra del interés general. Pero además, en España necesitamos recuperar unos criterios éticos, unos valores que sean compartidos por toda la clase política que expulsen no ya la posibilidad, ni siquiera la tentación, de utilizar un cargo público para enriquecerse. Nosotros no queremos nunca más que vuelva a haber casos como el de Bárcenas en el PP. Tenemos que aumentar nuestro nivel de exigencia para detectar si alguien quiere utilizar las siglas y la historia del partido por el que mucha gente ha dado no ya lo mejor de sí mismo, sino muchos de ellos su propia vida, como instrumento de enriquecimiento ilícito. -Pero ese mensaje ético no se objetiva después ni en normas, ni en leyes, no hay unificación de criterios... -En la futura Ley de Enjuciamiento Criminal vamos a resolver cual tiene que ser la respuesta ante supuestos de imputación. Porque si estableciésemos un criterio de que cualquier acusación significa la obligación de cesar a una persona en el ejercicio de todas sus responsabilidades pondríamos en manos de aquellos que acusasen de forma falsa la posibilidad de cesar a responsables políticos. Por otro lado, si esperamos a una sentencia firme, se produce una percepción por parte La reforma del Poder Judicial El CGPJ estaba en manos de un duopolio N. V. M. M. MADRID -Su gestión en el Ministerio ha sido criticada por prácticamente todos los agentes de la Administración de Justicia, que le acusan de improvisación y de falta de diálogo. ¿Tiene previsto cambiar esta situación en el curso que ahora empieza? -Cuando asumí la responsabilidad de Justicia ya dejé claro que las cosas no iban a quedar como estaban, que no iba resignarme frente a un servicio público que, según los ciudadanos, seguía siendo incapaz de resolver los conflictos no solo en derecho sino en tiempo adecuado. Desde que estamos aquí hemos tenido sin duda alguna conflictos y diferencias con determinadas instituciones, pero yo diferenciaría mucho lo que son las direcciones o agrupaciones de lo que son los titulares de todos y cada uno de los distintos operadores jurídicos. Por ejemplo, con la reforma del sistema de elección del CGPJ es evidente que hemos tenido diferencias importantes con las asociaciones judiciales, pero al margen de la elección que realicen durante las próximas semanas el Congreso y el Senado de los nuevos miembros del CGPJ, el proceso en sí mismo ya ha sido un éxito de partici- pación sin precedentes por parte de la carrera judicial. Soy consciente de que las reformas siempre suscitan reticencias porque incomodan a las que no las quieren y las apoyan con temor aquellos que las quieren, pero cuando las reformas se culminan, los ciudadanos las aprecian. ¿Por qué ya no vale el modelo de Consejo que pactaron en 2003 PP y PSOE? -Lo hemos cambiado por la constatación de que cómo ha funcionado ese modelo, porque en su último mandato el CGPJ ha estado en manos de un duopolio exclusivo y excluyente del

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