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ABC VIERNES, 26 DE JULIO DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 49 Recibido al grito de valiente Un cententar de manifestantes recibieron ayer al grito de valiente y de cuéntalo todo al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez a su llegada a los juzgados para declarar como imputado ante la juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Los manifestantes fueron convocados a través de las redes sociales para mostrar su apoyo y aplaudir y vitorear a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que llegó escoltada por varios policías nacionales y entró en los juzgados por la puerta de atrás para evitar el encuentro con este grupo. Las personas concentradas frente a los juzgados, donde habían llegado sobre las 9.00 horas, portaban pancartas en las que se podía leer frases como Fuerza y honor, juez Alaya Todos con Alaya, Mercedes de Andalucía o Los héroes existen A su llegada a los juzgados sobre las 10.15 horas acompañado por su abogado y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, el exinterventor declaró estar tranquilo aunque rehusó hacer declaraciones a los periodistas hasta que finalice la comparecencia. No obstante, apuntó que iba a responder a todas las preguntas. La consejera de Presidencia de la Junta, Susana Díaz, con el todavía presidente Griñán EFE La juez Alaya alcanza la cima de la pirámide de los ERE El testimonio del exinterventor le permite cerrar el círculo de responsabilidades políticas en la Junta P. MACÍAS SEVILLA su Consejería no tomó en consideración dichos informes porque no conllevaban un informe de actuación, el cual hubiera obligado al consejero a tomar medidas. La juez preguntó por este extremo, y el exinterventor alegó que no los redactó porque hubieran quedado en un cajón, igual que quedaron los informes especiales Dudas de la juez Alaya también preguntó a Gómez si recibió presiones políticas para que no emitiera los informes de actuación, algo que éste negó. Sin embargo, según los abogados, la instructora no creyó la respuesta. También reconoció que en el pasado año se reunió con Carmen Martínez Aguayo, para manifestarle su más enérgica protesta porque le estuvieran echando las culpas de todo lo que sucedió desde el Gobierno. Gómez admitió que se hicieron seis modificaciones presupuestarias en 2001 y que no aparecían en la Ley de Presupuestos, como mantiene la Junta. Prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental. La lista de delitos de los imputados en la macrocausa de los ERE es larga. Casi un centenar de implicados (93) de los que el 30 (27) son altos cargos o exaltos cargos de la Junta de Andalucía, conforman esta pirámide de presunto fraude que la juez Mercedes Alaya se ha propuesto desenterrar, en una instrucción que está a punto de llegar a su culmen, tras dos años y medio de trabajo. La declaración ayer del exinterventor de la Junta, Manuel Gómez, que apuntó a la connivencia de todo el consejo de gobierno de 2003, incluidos el expresidente Manuel Chaves y el actual líder del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, abre la puerta a Alaya para cerrar el círculo de responsabilidades políticas del caso. sucesora Griñán en esta cartera, así como al exinterventor de la Junta y otros 18 altos cargos de la Junta. El penúltimo peldaño de la escalada que inició Alaya con aquellos intrusos y falsos prejubilados de Mercasevilla y otras empresas. Por encima de estos, en el siguiente escalón, se situaron los testaferros y hombres de paja en empresas pantalla, el chófer de la coca, el alcohólico que recogía y llevaba sobres. Y de ahí, a la sofisticación de las aseguradoras y bufetes jurídicos, que cobraban comisiones millonarias por hacer pólizas a trabajadores, destapados en la Operación Heracles. Los sindicatos también participaron, según Alaya, en el saqueo de las arcas andaluzas Además, Juan Lanzas, miembro de UGT y conseguidor, tenía un papel fundamental en la concesión de ayudas, según la instrucción, y disponía de las llaves del despacho de Francis- Paso a paso La instructora del caso ERE concibe el fraude como una pirámide en la que lleva dos años subiendo escalones Veinte cargos públicos El pasado 2 de julio se quedó a un paso de la cima al imputar a 20 altos cargos, incluida Magdalena Alvarez Salto cualitativo Un caso cuya investigación dio un salto cualitativo en palabras de la propia juez, con el auto del pasado 2 de julio, en el que imputó a la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, co Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, que durante diez años repartió subvenciones de forma arbitraria. Sus sucesores, Juan Márquez y Daniel Rivera, también fueron imputados por Mercedes Alaya. El exconsejero de Empleo en la época en la que se daban las ayudas, Antonio Fernández, estuvo varios meses en la cárcel, mientras que José Antonio Viera, señalado por la Guardia Civil, no ha sido imputado aún ya que es aforado y eso supondría que el caso saltaría al Tribunal Supremo. En esta misma situación se encuentran varios políticos, pendientes de los pasos de Alaya. El primero, Griñán, al que el exinterventor volvió a señalar ayer. Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia, apuntado por dos imputados, y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo o el que fuera titular de Agricultura, Martín Soler, no podrían ser imputados por Mercedes Alaya, sino por el Supremo o el TSJA. En cualquier caso, el recuento es estremecedor. Dos exconsejeros, seis viceconsejeros (de los que sólo uno, Antonio Lozano, sigue en el cargo) dos exinterventores de la Junta, cuatro secretarios generales técnicos, once directores generales y dos delegados provinciales sustentan el castillo de naipes de una investigación que está a punto de llegar a la cima y que no hace sino cerrar el cerco a dos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y el próximo a dimitir José Antonio Griñán.