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38 ECONOMÍA VIERNES, 19 DE JULIO DE 2013 abc. es economia ABC El Gobierno estudia hoy recurrir la devolución de las ayudas al naval El sector concreta que la recuperación de las ayudas del tax lease por Hacienda obliga a revisar doscientos contratos financiados por esa vía MONCHO VELOSO MADRID a presión ejercida por España en los últimos quince días de una investigación de dos años sobre la legalidad de las ayudas fiscales al naval logró arrancar de la Comisión Europea la sanción menos lesiva de las posibles para los 19 astilleros privados de nuestro país. Ahora bien, tanto el sector como el Gobierno no dan la batalla por perdida. El ministro de Industria, José Manuel Soria, informó ayer de que hoy propondrá al Consejo de Ministros que el Ejecutivo recurra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esa decisión, que obliga a las empresas que financiaron la construcción de 200 buques a devolver las bonificaciones fiscales que se aplicaron durante cinco años, y por tanto que solicite la suspensión cautelar de ese reembolso. El Gobierno irá hasta las últimas consecuencias para defender los derechos de quienes han invertido en la construcción de barcos explicó el ministro, que sigue defendiendo los argumentos esgrimidos por España ante el Ejecutivo comunitario para evitar la devolución del tax lease Asiste la razón a inversores, a armadores y a astilleros zanjó a primera hora de la mañana en una entrevista en RNE. Posteriormente, en un acto en Valencia, Soria informó de que hoy mismo entregará al Consejo de Ministros un informe para que el Gobierno estudie la posibilidad de recurrir la resolución, que tomará una decisión en función de lo que diga la Abogacía General y de los Servicios Jurídicos del Estado, que ya estudian el caso. El pasado miércoles, tras conocerse la resolución de Bruselas, el ministro ya adelantó que el Ejecutivo se reservaba el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas ante el tribunal con sede en Luxemburgo. De plantearlo, la justicia comunitaria podría adoptar además como medida cautelar paralizar ese proceso de devolución de las ayudas, cuya cuantía final todavía se desconoce hasta que no resuelva ese recurso. La posibilidad de plantear un recurso contra la decisión del órgano ejecutivo de la Comisión Europea en esos términos la contemplan también la Xunta de Galicia y el gobierno del País L Vasco, las dos comunidades autónomas más afectadas, con un 80 de la actividad naval privada y del empleo, según datos del propio sector. Tampoco descartan la vía judicial las empresas que formaron las agrupaciones de interés económico para financiar a las navieras la compra de buques, como Inditex, El Corte Inglés, Ikea, Banco Santander y Banco Popular, y sobre las que recae el peso de la resolución. Todos ellos esgrimen que ese sistema de desgravaciones fiscales, que permitía a esos inversores reducir sus bases imponibles y a los armadores comprar buques con un descuento de entre el 20 y el 30 del coste total, estuvo apoyado por la seguridad jurídica que dio tanto el silencio de la Comisión hasta 2011, como la anterior comisaria de Competencia, Neelie Kroes, que en 2009 avaló la legalidad del tax lease español en una carta de respuesta ante las quejas de otros países. En base a esto, exigen que la sanción se aplique desde 2011, que es cuando se inició la investigación a España y por tanto dejó de aplicar esas deducciones, con lo cual no tendría que devolver nada. presidente de la patronal Pymar, Álvaro Platero, los astilleros españoles confían en poder usar ese sistema para hacerse con algunos de los 40 nuevos contratos pendientes de adjudicación, valorados en unos 2.000 millones de euros. Para avanzar hacia esa normalidad, el Ministerio de Hacienda, tal y como informó anteayer el comisario Joaquín Almunia, responsable de la investigación y de la resolución final, tendrá que determinar ahora qué empresas en concreto tendrán que devolver esas ayudas y qué cantidad exacta. Esperamos seguir contando con el apoyo del Gobierno y confiamos en que Hacienda hará todo lo posible para minimizar el coste de la resolución insistió ayer Platero durante su inter- Nuevo escenario Los astilleros españoles optan a adjudicarse 40 contratos por 2.000 millones con el nuevo tax lease vención en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum, y concretó que los contratos afectados por la resolución son 200, el número de barcos financiados con el tax lease en el periodo 2007- 2011, el que finalmente ha penalizado la UE. Si a la obligación de revisar individualmente cada uno de esos contratos, con la dificultad que conlleva, se le suma que Almunia ha dejado en manos del Gobierno español determinar la cantidad a devolver, la reducción de la cuantía final a reintegrar puede ser significativa. Además, el ministro Cristóbal Montoro podría también ampliar el plazo de devolución de las ayudas, en principio fijado en cuatro meses, según fuentes jurídicas. Bruselas garantiza que, sobre la base del respeto a las normas, el control que se lleve a cabo no será un obstáculo dijo el miércoles Almunia, palabras que en el sector se han considerado un guiño respecto al papel más o menos riguroso que pueda ejercer el director de recuperación de ayudas de la dirección general de Competencia. Nueva protesta común En este sentido, y según ha podido saber ABC, los presidentes de Galicia y Asturias, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández; el lendakari, Iñigo Urkullu, y los sindicatos estarían tratando de reunirse de nuevo en esa delegación española que formaron en las últimas semanas junto al Gobierno central para protestar de nuevo ante Bruselas en una fecha por determinar. En caso de presentar el recurso y que el Tribunal de Luxemburgo lo acepte, la resolución del caso podría alargarse durante un par de años, según el sector. Quizá por eso el naval pide cerrar cuanto antes este capítulo de incertidumbre jurídica algunos sindicatos, como CC. OO. dudan del recurso por la posibilidad de que genere nuevas dudas a los inversores y a los armadores para poder empezar a operar con el nuevo tax lease en vigor desde diciembre del año pasado y que, este sí, cuenta con el visto bueno de Bruselas. De hecho, y según informó ayer el Los trabajadores han amenazado con nuevas movilizaciones