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ABC VIERNES, 19 DE JULIO DE 2013 abc. es españa ESPAÑA 27 lidad para juzgar los asuntos que según su Ley Orgánica este Tribunal debe decidir No es la única ocasión en la que se ha abordado esta cuestión. De hecho, la inmensa mayoría de la doctrina comparte la argumentación de ese auto y considera que los magistrados del TC pueden estar afiliados a partidos y sindicatos porque su perfil profesional impide que funcionen como correa de transmisión de sus posiciones. El TC y la afiliación política ANÁLISIS JULIO BANACLOCHE PALAO D Lecciones éticas de Valderas Mientras la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, señaló que Pérez de los Cobos debe explicar en el Parlamento por qué ocultó su militancia en el Senado, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, anunció que si el presidente del TC continúa en este órgano pedirá en el próximo Consejo de Gobierno, en defensa de los intereses de nuestra Comunidad que se le exija inhibirse en todos los asuntos relacionados con la región andaluza. Al respecto, apuntó que se trata de la defensa de los intereses de una comunidad que tiene ahora mismo 21 recursos de inconstitucionalidad que se suman a los que ha planteado el Gobierno a Andalucía entre ellos el Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda, dijo precisamente quien se quedó con el piso de un vecino desahuciado. entro de las interminables ramificaciones derivadas del denominado caso Bárcenas la penúltima fue la recogida ayer por un diario impreso, que denunciaba que el actual Presidente del Tribunal Constitucional aparecía dentro de la lista de donantes y afiliados del Partido Popular de los años 2008 a 2011. La astronómica cantidad anual aportada por el señor Pérez de los Cobos era, según esos datos, la de 37,14 euros, lo que al parecer se corresponde con lo que paga anualmente un afiliado del PP en Barcelona en concepto de cuota mínima. En cualquier otro país medianamente serio, en primer lugar, tal información no se hubiera filtrado nunca a la prensa ni habría llegado a los medios de comunicación, dado que forma parte de una instrucción en curso y sólo debería valorarse y darse a conocer si resulta relevante para lo que allí se investiga, lo que no sucede en el presente caso. En segundo lugar, cualquier medio responsable podría pensar ante esa noticia que, dado lo nimio de la cantidad, podría tratarse de un pago que viene arrastrado año tras año desde uno en que efectivamente se efectuó un abono (bien en concepto de militante, o incluso como simpatizante) pero que no implica necesariamente que exista una afiliación formal y real actual al PP por parte del interesado. Pero es que, además, para convertir en más censurable el comportamiento del Presidente del Tribunal Constitucional, se ha dicho que la condición de afiliado a un partido político y la de miembro del citado tribunal, son incompatibles entre sí, porque a los Magistrados del Tribunal Constitucional se les aplica el régimen de los jueces. Pues bien, esto no es así. Por más curioso que pueda parecer, existe un sistema especial en ese punto para los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los que se les prohíbe el desempeño de funciones directivas en los partidos políti- Irresponsabilidad Se pretende poner ahora bajo sospecha al presidente del TC con datos no contrastados cos, sindicatos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales y con toda clase de empleo al servicio de los mismos (art. 159.4 CE y art. 19.1.6 de la LOTC) pero no, por tanto, la simple afiliación. Precisamente ambos preceptos terminan diciendo que en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial lo que significa que el régimen de los jueces se les aplica sólo cuando se trate de cuestiones que no se encuentran específicamente reguladas con carácter previo, y es obvio que la relación de los Magistrados con los partidos políticos lo está. En definitiva, en un ejercicio supino de irresponsabilidad, se pretende poner ahora bajo sospecha al Presidente del Tribunal Constitucional elegido, por cierto, por unanimidad con datos no contrastados y acusándole de una conducta que, en el peor de los casos, no estaría prohibida por la ley. Una locura. Si no acabamos pronto con esta escalada de desprestigio de las instituciones, nos encontraremos al final con una grave crisis política y social que no hay que olvidar que, como decía el poeta, en España siempre terminan mal. JULIO BANACLOCHE ES CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD. COMPLUTENSE DE MADRID