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32 ECONOMÍA Golpe al naval Los argumentos del comisario JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013 abc. es economia ABC Joaquín Almunia Se han exagerado las posibles consecuencias de mi decisión COMISARIO DE COMPETENCIA Asegura que confía en que dentro de cinco años, todos aquellos que han pintado un panorama dantesco se tengan que comer sus palabras ALONSO DE MENDOZA (COLPISA) BRUSELAS Almunia sostiene que sólo ha cumplido con su responsabilidad y defiende que ahora corresponde a la Hacienda española establecer la cuantía a devolver por cada uno de los inversores. -Tras la decisión adoptada ayer, se habla de condena a muerte al sector naval español. -Es una decisión que aplica las normas de ayudas de Estado y declara no compatibles las ayudas fiscales a los inversores. Por tanto, excluye taxativamente y con toda claridad a los astilleros, a la industria auxiliar y a los armadores. Otra cosa es cómo va a reaccionar el sector naval ante inversores que por tener que devolver una ayuda que recibieron indebidamente no quieran seguir invirtiendo. -Se ha hablado de que las devoluciones pueden llegar casi a 3.000 millones de euros. ¿Con cuánto dinero se darían por satisfechos? -La CE no expresa satisfacción ni insatisfacción con ninguna cifra, puesto que corresponde al Ministerio de Hacienda español determinar cuánta ayuda incompatible ha recibido cada uno de los inversores. -Pero... ¿la cantidad final se acerca a esos montante? -Cuando me han contado a través de qué operaciones alguien ha llegado a esas cifras de 2.000 o 3.000 millones, inmediatamente me he dado cuenta de que son cálculos totalmente erróneos. -Es difícil de entender que la CE no haya barajado cifras cuando de ellas dependen tantos empleos. -Quienes tienen la obligación de cuantificar las ayudas tienen que ejercer su responsabilidad y son los que, en cooperación con las autoridades europeas, deben apoyar al sector naval con las medidas que sean necesarias, eso sí, siempre que sean compatibles con el marco europeo. Hay muchas decisiones en materia de ayuda de Estado que no cuantifican la ayuda. Simplemente establecen por qué hay que devolver un apoyo no compatible, quién es el encargado de hacerlo y en base a qué criterios se estima la cantidad a reintegrar. -Entonces, ¿no ha tenido la Comisión en cuenta la cantidad de puestos de trabajo que se pueden perder? -La disciplina de ayudas de Estado se concentra en ver si cada una es compatible o no con una determinada legislación. Y es esa ley, la cual tenemos la obligación de aplicar, la que tiene en cuenta todo esos aspectos. Nosotros, obviamente, siendo una autoridad europea tenemos en cuenta esos aspectos desde una perspectiva europea. ¿Puede garantizar que los inversores no van a reclamar una compensación a los astilleros? -Lo que puedo decir es que nuestra decisión es clara y tajante. La obligación de devolución de IVÁN MATA ayudas está dirigida a inversores, y no se puede traspasar a ninguna otra persona jurídica, sean astilleros o navieros. ¿Se está dramatizando todo? -Tengo la sensación de que se han exagerado hasta límites más allá de lo imaginable las posibles consecuencias de esta decisión. Una vez que la hemos tomado, ese tipo de exageraciones deben cesar inmediatamente. Creo que todos tenemos la responsabilidad, cada uno en nuestro ámbito, de ponernos manos a la obra para evitar que ninguna de esas previsiones tenga nada que ver con la realidad de un sector que ha demostrado que es capaz de reestructurarse, innovar, vender, ser competitivo y crear empleo. -Da la sensación de que la CE le está pasando al Gobierno español la patata caliente de decidir qué inversores devuelven las ayudas y cómo... -Cuando la CE declara una ayuda incompatible con la normativa se establecen las razones de esa decisión y se declaran los criterios generales para la devolución. Aquellos que tienen la información, los instrumentos y la responsabilidad de recuperar una ayuda son los que la dieron indebidamente. Esas son las reglas del juego. ¿Y si el Gobierno decide que ningún inversor debe devolver ayudas? -Estamos en un Estado de Derecho y las autoridades públicas tenemos que cumplir la ley. No hacerlo de forma voluntaria tiene un nombre y no lo quiero pronunciar. -Este asunto ha puesto al sector naval en pie de guerra contra su departamento. ¿Le resulta difícil siendo usted de Bilbao? -No es nada agradable ese tipo de personalización, y a veces de culpabilización de alguien, por el simple hecho de que ejerza sus competencias como comisario europeo. Pero como no es la primera vez que tomo decisiones que no reciben inmediatamente el aplauso de mucha gente, confío en que dentro de cinco años todos aquellos que han pintado un panorama dantesco, y que han augurado todo tipo de males por la adopción de esta decisión, se tengan que comer sus palabras. ¿Incluido el Gobierno? -Todos. Con el palo entre las ruedas del Gobierno LUIS AYLLÓN MADRID El bilbaíno Joaquín Almunia tiene un pasado tan marcado por el socialismo que el Gobierno de Mariano Rajoy tenía bastantes motivos para sospechar que las relaciones con el comisario español que le había dejado José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión Europea no iban a ser fá- ciles. Sin embargo, quizás, no esperaban que además se dedicara a meter palos en las ruedas del Ejecutivo. Sus continuos comentarios sobre la situación económica de España, sembrando dudas sobre la solvencia del sistema financiero, por ejemplo, o hablando de la inminencia del rescate, provocaron repercusiones nocivas en los mercados. Tal vez, por ello, sobre él recayeron las sospechas de haber filtrado a Reuters las acusaciones a Rajoy de maquillar al alza el déficit heredado de Zapatero, para magnificar las mejoras logradas. Para remate, hasta hizo una incursión en el problema del independen- tismo catalán, afirmando que era apresurado decir, como había hecho un portavoz de la Comisión Europea, que Cataluña saldría de la UE si se independizaba, tesis de las autoridades españolas. El Gobierno cree que, si bien es cierto que los comisarios deben defender los intereses europeos, estos no son diferentes de los intereses de los Estados. Y en todos los países aseguran fuentes conocedoras del mundo comunitario hay una relación muy estrecha entre el Gobierno y su comisario, lo que no ha sucedido en España en este año y medio. En junio de 2012, Rajoy decidió invitar a Almunia a La Moncloa. En algunos medios se dijo que el encuentro fue muy tenso, pero fuentes gubernamentales aseguran que no, y que sí se habló de la relación que debía existir entre el Ejecutivo y el comisario español, incluso si es del partido de la oposición. El caso de las ayudas a los astilleros revela que Almunia no escuchó a Rajoy. Pese a todo, afirma un alto cargo del Gobierno, nunca se ha pensado en cesar a Almunia El relevo se hará cuando termine su mandato, en noviembre de 2014, meses después de que se celebren las elecciones europeas.