Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
30 ECONOMÍA JUEVES, 18 DE JULIO DE 2013 abc. es economia ABC Bruselas no cede y reclama al Hacienda fijará qué inversores de buques devolverán el tax lease y qué cantidad; los astilleros piden a Montoro que minimice esa factura J. TAHIRI M. VELOSO MADRID Joaquín Almunia COMISARIO DE COMPETENCIA Son las autoridades ruselas cerró ayer dos años de pesquisas sobre la legalidad de las ayudas fiscales tax lease concedidas entre 2002 y 2011 al naval español para la construcción de buques y que implicaron desgravaciones por 2.800 millones de euros. La Comisión Europea resolvió que esas bonificaciones son incompatibles con las normas comunitarias sobre ayudas estatales y exigen al sector su devolución a las arcas públicas españolas. Eso sí, frente a las propuestas de sanción iniciales, el Ejecutivo comunitario limita su reembolso a las cantidades deducidas en cinco años (2007- 2011) y se lo exige sólo a las empresas que financiaban las embarcaciones, excluyendo tanto a los astilleros como a los armadores. Como lo prevén nuestras normas, cuando se han atribuido ayudas de Estado que violan las reglas europeas, los beneficiarios de esas ayudas tienen que devolverlas al Estado miembro, en este caso la Hacienda española explicó en rueda de prensa el comisario de Competencia, y por tanto de investigar el caso y diseñar la resolución, Joaquín Almunia, quien rechazó cifrar la cuantía final que el sector tendrá que reintegrar y dejó esa decisión en manos del Gobierno español. La presión ejercida en las últimas semanas por el Gobierno central, los presidentes de Galicia, Asturias y País Vasco, el sector y todos los grupos parlamentarios logró suavizar la propuesta inicial de Almunia, que planteaba la devolución íntegra. Hasta Rajoy intervino el pasado lunes telefoneando al presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso. Horas después de esa llamada, los jefes de gabinete de la Comisión propusieron reducir la devolución al periodo 2007- 2011, es decir, a partir de que se declaró ilegal un sistema semejante que aplicaba Francia y hasta que se empezó a investigar el español, que no contaba con el visto bueno oficial de Bruselas porque el Gobierno de Zapatero no había informado del mismo. Ayer, el colegio de comisarios de la Comisión Europea, formado por 27 miembros, aprobó esa resolución intermedia, una vez que el comisiario de Industria, Antonio Tajani, principal aliado de España en el asunto, cedió en sus pretensiones de limitar la sanción al periodo 2009- 2011. B Es una resolución injusta, porque hay argumentos jurídicos incontestables para no devolver las ayudas, y discriminatoria respecto al trato dado a países como Francia explicó ayer el presidente de la patronal Pymar, Álvaro Platero, recordando que a ese país no se le reclamaron las ayudas. No es la que había planteado el Gobierno ni la que más nos gusta, pero es mejor que la propuesta de Almunia dijo el ministro de Industia, José Manuel Soria. españolas las que tienen la capacidad de hacer una estimación e ingresar el dinero en Hacienda José Manuel Soria MINISTRO DE INDUSTRIA No es la resolución que planteó el Gobierno ni la que más nos gusta, pero es mejor que la de Almunia Álvaro Platero PTE. PATRONAL DE ASTILLEROS Margen para Montoro Los 19 astilleros advirtieron el lunes de que esa solución supondría el cierre de las gradas y dejar en el aire el futuro de 87.000 empleos. Pero ayer hubo un viraje en su postura. La resolución, dijo Platero, tiene puntos positivos El hecho de que sea el Ministerio de Hacienda el que determine la cuantía a devolver es el matiz que da esperanza al sector. Tanto que la consejera delegada de Pymar, Almudena López, descartó ayer la quiebra de ningún astillero en los próximos meses. Confiamos en que el apoyo del Gobierno siga siendo total para que se puedan atenuar al máximo posible los daños de la resolución señaló López. Los astilleros entienden que Almunia, al dejar esa decisión en manos Hacienda, ha querido dar margen suficiente al ministro Cristóbal Montoro para minimizar la factura, que asumirán las agrupaciones de interés económico forma- Es una decisión injusta porque hay argumentos jurídicos incontestables para no devolver las ayudas das por empresas como Inditex, El Corte Inglés, Ikea y Banco Santander, que financiaban a los armadores la compra de buques para aplicarse esas deducciones. Esa devolución, en todo caso, será supervisada por la dirección de recuperación de ayudas de la Comisión, Hacienda, que ayer ya se reunió por la tarde con el sector para iniciar ese trabajo y cerrarlo en el plazo fijado, de unos cuatro meses, tendrá que elaborar un listado de inversores, determinar qué desgravaciones son compati- bles con la norma europea y cuáles no y, por tanto, fijar qué empresas reembolsarán las ayudas y qué cantidad. La tarea, según fuentes jurídicas, es harto complicada. La legalidad de esas deducciones depende del plazo en que los inversores amortizaron el coste del buque, entre otros criterios técnicos. Ante la imposibilidad de hacer un estudio al detalle, según esas fuentes, Hacienda fijaría un criterio medio. Ahí estaría el margen de Montoro para suavizar el golpe asestado al naval. JULIO POMÉS COMPETIDORES BAJO SOSPECHA La denuncia holandesa a las ayudas navales es porque somos más competitivos C uando todos hacen trampas, no hacerlas provoca que te saquen de la partida. Los 16 países europeos que construyen barcos reciben subsidios escandalosos de sus Estados. Si se aplicaran la leyes de la competencia con rigor, todos merecerían una sentencia similar a la que ayer dictó el comisario Almunia, y esas bonificaciones tendrían que desaparecer. Es cierto que las ayudas de los astilleros españoles eran fiscalmente más atractivas para encontrar inversores que las que reciben otros países europeos. Esta ha sido la razón formal por la que Holanda y Noruega demandaron a España exigiendo una legalidad, que en stricto sensu ellos tampoco respetan. Sin embargo, el motivo auténtico de la denuncia es otro. La industria naval española es una de las de más alto nivel tecnológico del mundo y presenta unos precios muy competitivos. En este sector, la seguridad y durabilidad de las instalaciones son esenciales. Holanda ha visto peligrar un nicho de negocio del que era líder indiscutible, y quizá sea la razón por la que ha denunciado a España, y no por el supuesto agravio comparativo fiscal. El mayor perjuicio de esta senten- cia no es el coste de la devolución de ayudas, sino la inseguridad jurídica provocada. Desde 2011 se han perdido contratos de 50 buques y se ha ahuyentado a los inversores. Lo deseable habría sido que Almunia hubiera mediado entre los litigantes, buscando un consenso y una cierta cooperación para competir mejor hacia afuera. Es triste que un país comunitario ponga palos jurídicos en la rueda de otro para resolver su falta de competitividad. Esta sucia guerra comercial arruina tanto a España como al resto de industrias navales europeas. El perfeccionismo de las directivas sobre la competencia tiene como grandes beneficiados a los países que rivalizan con Europa. Bruselas debería ser más inteligentemente legal y menos guardián de la ortodoxia jurídica, o Asia se comerá a Europa. JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL THINK TANK CIVISMO